La ausencia de dos exmonjas de Belorado obliga a retrasar la vista para el desahucio

La razón de que haya sido imposible esta notificación es que dos de las exreligiosas de Belorado, ya no residen oficialmente en el monasterio, sino que se han trasladado al de Orduña, por lo que no estaban presentes cuando llegó la citación judicial. «No abrir la puerta o no estar presentes cuando llega la citación para el juicio es una estratagema muy común en los okupas para tratar de retrasar su desalojo», han explicado a ABC varios miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, encargados de este tipo de procedimientos.

Sin embargo, desde la representación legal de las exreligiosas, se niega cualquier intencionalidad en este sentido. «Dos de ellas llevan varios meses residiendo allí, desde que intentaron cambiar las cerraduras», ha explicado a este diario el abogado de las religiosas, Florentino Aláez, quien ya era conocedor de la imposibilidad de la notificación y hace una semana advertía de este posible aplazamiento. Sea como fuere, lo cierto es que la ausencia de las dos exreligiosas de Belorado no interrumpe pero sí alarga el procedimiento. Ahora, el juzgado de Briviesca se debe poner en contacto con el correspondiente de Vizcaya al que pertenece Orduña y, que este, proceda a la notificación.

Noticia Relacionada

El diablo entra en la trama de Belorado: objetos que se mueven, risas demoníacas...

José Ramón Navarro-Pareja

En ese sentido, la causa sigue adelante, y la juez de Briviesca señalará una nueva fecha para la vista oral una vez que hayan sido notificadas todas las personas implicadas, en este caso las ocho exreligiosas excomulgadas que todavía permanecen en los monasterios, puesto que dos de las diez que fueron excomulgadas ya los han abandonado. La diligencia no modifica la posible fecha de lanzamiento, que estaba fijada para el 23 de enero, pero condicionada a la no comparecencia o recurso, por lo que probablemente también se retrase.

En todo caso, la vista oral sólo será un paso más en el procedimiento puesto que las religiosas que ya han recibido la notificación han presentado un recurso en el que piden que se desestime la demanda de desahucio. Su justificación es que el comisario pontificio, Mario Iceta, «no es el representante legal de los edificios, sino las asociaciones civiles que se constituyeron», ha explicado Aláez a ABC.

Sin embargo, esas dos entidades, que fueron creadas en las fechas cercanas al anuncio del cisma, y a las que las exreligiosas pretendían transferir tanto las propiedades como la actividad económica de los conventos, no han sido reconocidas por el Ministerio del Interior y ha sido denegada su inscripción en el registro de asociaciones. «También tenemos recurrida esa decisión», ha explicado el abogado de las exreligiosas.

Por otra parte, el arzobispado de Burgos ha informado que este jueves el Juzgado de Primera Instancia N.º 11 de Bilbao «ha admitido a trámite la demanda de desahucio contra cualquier persona que permanezca en el monasterio de Derio sin título legal ni autorización (ignorados ocupantes)». De acuerdo al escrito del juzgado «se tiene por solicitada la ejecución del lanzamiento y se da la posibilidad de que en diez días la parte demandada se pronuncie sobre la pertinencia de celebrar una vista».

Derio es precisamente el monasterio que las exreligiosas abandonaron con el pretexto de que allí se vivían «hechos preternaturales», entre los que se encontraban objetos que se movían solos o desaparecían, risas demoníacas e incluso, dos de las monjas afirmaban haber visto imágenes del Diablo en los techos. Sin embargo, las verdaderas razones fueron económicas, pues las exreligiosas intentaron venderlo y, al no conseguirlo, lo acabaron hipotecando.

De esta forma, el comisario pontificio ya ha interpuesto demanda de desahucio en dos de los tres monasterios que ocupan las exreligiosas, Belorado y Derio (aunque en este no habría nadie en este momento), pero no para el de Orduña en el que se habrían refugiado las dos exmonjas que no han podido ser notificadas. Sin embargo, la propiedad de este monasterio también está en discusión.

Las monjas de Belorado lo compraron en 2020 a otra comunidad de clarisas y se trasladaron en octubre de ese mismo año. Sin embargo, desde esa fecha no han hecho ninguno de los pagos acordados -75.000 euros cada seis meses, con una mora de dos años-, por lo que las anteriores propietarias han denunciado el acuerdo de compra-venta y han reclamado la devolución del bien. Según el abogado de las exreligiosas, también han interpuesto una contrademanda alegando que «no hay un incumplimiento en los pagos, ya que se pidió un aplazamiento a la entidad vendedora». También alega que desde la firma de la compra «se han hecho obras importantes en el inmueble y en caso de devolver la propiedad tendrían que indemnizarnos por ese gasto».