Irene Montero vuelve a defender a "las madres protectoras", pese a su condena por calumniar a Rafael Marcos

La ministra fue condenada a indemnizar con 18.000 euros a la expareja de María Sevilla por insinuar que es un maltratador y a borrar el tuit donde se hacía eco de sus propias palabras.

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P. R. R.

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«Si no queremos que haya asesinatos de niños y niñas por parte de sus padres para dar donde más duele a las mujeres, lo que tenemos que hacer es proteger también a las mujeres que están protegiendo sus derechos y los de sus hijos», ha sentenciado, al ser preguntada por los informadores sobre el hallazgo de dos cuerpos, de un padre y su hijo de 7 años, en la zona de Urbasa (Navarra), a pesar de que no se sabe todavía la causa de la muerte. Sí se investiga como un posible caso de violencia vicaria, por estar sus padres separados y haber denunciado la madre la desaparición de su hijo.

No obstante, Montero no se ha querido referir a este caso concreto al no tener «ninguna confirmación». «Creo que hay que ser prudente, pero sí creo que es un buen momento para recordar que una de las deudas que la sociedad tiene pendiente es con las madres protectoras«, ha dicho.

En este punto, ha destacado que las madres protectoras se defienden a sí mismas y a sus hijos «frente a la violencia de los maltratadores y muchas veces son criminalizadas por ellos».

«Si queremos evitar el asesinato por parte de los maltratadores de los hijos para dar donde más duele a las madres, tenemos también que proteger y legitimar la lucha de las madres protectoras y en este Ministerio siempre van a poder contar para tener esa mano tendida«, ha asegurado la ministra de Igualdad.

En su respuesta en el Senado formulada desde las filas del grupo peneuvista, Montero ha prometido que, si gobiernan, acreditará a todas las víctimas de violencia sexual tanto si denuncian como si no, tal y como estipula el artículo 37 de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la llamada 'ley del solo sí es sí'. Lo negociará en el marco de una Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas, le ha contesado a María Dolores Etxano (PNV). Según ha indicado Etxano en su pregunta, Igualdad les trasladó su voluntad de trabajar conjuntamente para poder alcanzar un acuerdo y aprobar dicha acreditación, «a más tardar en el mes de septiembre», pero ha lamentado que todo quedó suspendido al convocarse elecciones.

La senadora ha subrayado que desarrollar una acreditación administrativa común para todas las administraciones que «garantice con seguridad jurídica el acceso de las víctimas a todos sus derechos» y donde se establezca el ámbito de aplicación y las situaciones en las que cabe la solicitud, es «uno de los aspectos más urgentes» de la norma estrella del departamento de Igualdad, extremo en el que ha coincidido Montero.

Además, la ministra en funciones ha puesto en valor que durante la pasada legislatura han «avanzado, mejorando la acreditación de las víctimas de violencia de género, creando y poniendo en funcionamiento la acreditación de las víctimas de trata con fines de explotación sexual y de explotación sexual y previendo legalmente y teniendo en fase de desarrollo esa acreditación de víctimas de violencias sexuales».

Si bien, ha reconocido que la disolución de las Cortes y el hecho de estar en funciones les ha «retrasado algunos meses» respecto a su plan, aunque ha asegurado que seguirán trabajando para conseguirlo, si vuelven a goberna