La Iglesia pide el cierre de los CIE y «programas eficaces» para la integración de menores no acompañados

El documento, que fue aprobado en la última plenaria de la Conferencia Episcopal el pasado marzo, también recoge medidas concretas como la apertura de la apertura «de vías legales y seguras para los migrantes», la propuesta de cierre de los CIE (Centros de internamiento para extranjeros), la demanda a las administraciones públicas de «programas eficaces» para la integración de los menores no acompañados, además de la condena de quienes «utilizan a los migrantes o refugiados como arma política».

Aunque, en palabras del cardenal Cobo, el texto supone un trabajo «de varios años» y es el «fruto de un camino apasionante», su presentación coincide con el momento en que el Congreso de los Diputados discute una Iniciativa Legislativa Popular que pide la regulación extraordinaria de extranjeros, que la Iglesia católica, y en especial el presidente del Episcopado, Luis Argüello, han apoyado con gran fuerza. En ese sentido, Cobo ha reconocido en la presentación que «el fenómeno migratorio es un fenómeno político». «Pero es que también nosotros queremos dar una luz al diálogo político, desde la riqueza de la diversidad«, ha añadido.

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Desde esa línea, el vicepresidente de la CEE ha señalado en que el documento va dirigido, en un primer lugar, a las comunidades cristianas y pretende «recuperar la mirada de la dignidad humana por encima del miedo, por encima de otras lecturas que pueda haber, que hay muchas y que son legítimas», aunque, también, «los partidos políticos legítimamente pueden ir incorporando lecturas».

Sin embargo, Cobo no teme que la posición de la Iglesia en este sentido, ni las reclamaciones concretas que plantea el documento, puedan instrumentalizarse políticamente. «Queremos dar una luz desde la óptica política, los creyentes tenemos una mirada que ofrecer preguntándonos qué diría Jesús ante la realidad española y europea, ¿qué votaría Jesús ante un migrante?», ha preguntado de forma retórica.

También ha señalado que las reivindicaciones eclesiales en materia de migración «sobre los poderes públicos no son nuevas, sino que ya la Iglesia se ha posicionado en diferentes momentos y campañas. Por ejemplo, respecto a los CIE, ya hemos recordado en muchas ocasiones que ser migrado no es un delito. De la misma manera, sobre los menores no acompañados, siempre nos remitimos al derecho internacional».