La Iglesia católica respalda la Iniciativa Legislativa Popular que pide la regulación extraordinaria de extranjeros

Según el comunicado, esta iniciativa se enfrenta a «un momento crucial» el próximo martes 9 de abril, cuando los partidos políticos «han de decidir si la toman en consideración, abriendo un período sosegado de diálogo sobre esta reivindicación ciudadana, o por el contrario rechazan y ponen fin a su tramitación antes siquiera de debatir en profundidad sobre ella».

La ILP, presentada en el Congreso por la Plataforma Esenciales el pasado 13 de marzo, cuenta con el respaldo de más de 700.000 firmas y 900 asociaciones y pide que se establezca «procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021«. Según los cálculos ofrecidos por Xabier Parra, portavoz de REDES, la iniciativa afectaría a «unas 500.000 personas», que podría ver regularizada su situación en el país.

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Ahora, las entidades eclesiales se suman a su respaldo, «con pleno conocimiento de las consecuencias de la irregularidad administrativa en la vida de las personas migrantes», y recuerdan que «llevan desde el año 2021 apoyando el proceso por una regularización extraordinaria de las personas que residen en situación irregular en nuestro país». En ese sentido recuerdan el «respaldo transversal y diverso de la sociedad civil organizada, así como de más de 700.000 ciudadanos y ciudadanas, cuyas firmas han posibilitado presentarlo al Congreso de los Diputados como una Iniciativa Legislativa Popular».

Por esa razón, la Iglesia católica, a través de las entidades firmantes invita «a los partidos políticos con representación parlamentaria a iniciar conjuntamente un diálogo constructivo, votando a favor de la toma en consideración de la ILP». «Tanto por la temática tratada por la iniciativa legislativa, con su potencial impacto positivo en la vida de muchas personas, como por la legitimación democrática que ofrece el apoyo de centenares de miles de ciudadanos a través de sus firmas, resultaría incomprensible que esta iniciativa no sea debatida por los representantes políticos en la sede de nuestra soberanía popular», explican.

Ya este jueves, el recientemente elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo de Valladolid Luis Argüello, había expresado a través de un post en X que «los diputados han de lograr acuerdos sobre cuestiones centrales de la dignidad humana y la convivencia. La inmigración lo es. Sería absurdo que se impidiera este debate».

«Estamos acostumbrándonos a unas Cortes que no dialogan en la búsqueda de acuerdos -ha lamentado Argüello en X-, o de nombrar los desacuerdos. Queremos que nuestros representantes dialoguen y acuerden unas bases mínimas de «regulación» de personas que viven aquí varios años». «Todo, menos rechazar dialogar», concluye el presidente del Episcopado en el mensaje de sus redes sociales.

Argüello ya había respaldado la iniciativa cuando se presentó en el Congreso el pasado marzo. «La dignidad humana nos pide acoger, proteger, promover e integrar a estos vecinos, muchos de ellos menores«, explicaba entonces en un post.