El Gobierno reinicia el trámite de la Agencia Estatal de Salud Pública

Aunque en la Comisión de Sanidad había obtenido el visto bueno de todos los partidos salvo Vox, finalmente el pleno del 20 de marzo, marcado por la tensión entre partidos del Gobierno y de la oposición por asuntos relacionados con enmiendas de otras normas, rechazaron su aprobación. Ahora, tanto el Ministerio de Sanidad como los grupos parlamentarios de Sumar y PSOE cuentan con que la tramitación se desarrolle sin incidentes.

«Esperemos que en esta ocasión los que votaron en contra tengan sentido común y pongan la salud de los ciudadanos por delante de sus propios intereses», ha sentenciado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, tras añadir que «con la salud no se juega» y remarcar que tras la pandemia «aprendimos que la salud debe de estar al margen de los intereses partidistas y espurio». También ha recordado que la intención del Gobierno era «acortar lo máximo los plazos» para que esta ley pudiera volver a ir al Congreso cuanto antes.

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Elena Calvo

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Fue en 2011 cuando, a través de la Ley General de Salud Pública, España se planteó la necesidad de contar con un organismo de vigilancia de la salud pública. Esta ley, en su artículo 47, preveía la creación de un centro estatal que llevara a cabo las labores de asesoramiento técnico y científico y evaluara las intervenciones en la materia. Sin embargo, nueve años después, en 2020, llegó la pandemia de Covid-19 y España seguía sin contar con ese organismo. Una vez superados los peores momentos de la crisis sanitaria, en septiembre de 2021, la por entonces ministra de Sanidad Carolina Darias anunció la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que ya en 2023 fue aprobada por el Consejo de Ministros, pero su tramitación se paralizó con el adelanto electoral. Fue entonces cuando Mónica García retomó el proyecto, tras asumir la cartera, y llevó de nuevo la norma al Congreso, donde actualmente lleva más de un año.

El objetivo del nuevo organismo, como ya contó ABC en enero de 2024, cuando el Ministerio de Sanidad llevó el proyecto de ley al Consejo de Ministros, es «reforzar las capacidades del Estado para mejorar la salud de la población, la equidad en salud y su bienestar y proteger a la población frente a riesgos y amenazas sanitarias».

La Aesap, el acrónimo que se utilizará para la agencia, se encargará de coordinar la Red de Vigilancia en salud pública, de monitorizar las amenazas para la salud y de realizar las evaluaciones del riesgo respecto a futuras pandemias y otras situaciones que puedan afectar a la salud pública. Todo ello deberá realizarlo en coordinación con las comunidades autónomas y resto de administraciones públicas implicadas. El propósito es tener una imagen casi en tiempo real de lo que sucede en torno a la salud de los españoles, algo que a día de hoy se monitoriza en su amplia mayoría mediante anuarios que suelen recopilar los datos con años de retraso. La idea es que la información que esté al alcance de los ciudadanos y el Gobierno sea más clara y las decisiones puedan tomarse con mayor rapidez.

Sin embargo, una vez aprobaba a la ley, aún quedará recorrido hasta que la Aesap pueda funcionar plenamente. Algunos de los aspectos más importantes que se deberán definir pasan por poner a una persona al frente de la dirección de la agencia o establecer la ciudad española en la que se instalará su sede. Ciudades como Zaragoza o Granada sonaron con fuerza prácticamente desde el momento en el que se anunció la creación de este organismo. Recientemente, la consejera de Salud de Cataluña, Olga Pané, hablaba también del interés de Barcelona por acoger esta sede. Pero son más las opciones abiertas y será el Ministerio de Política Territorial el que defina el proceso por el que se decidirá qué ciudad albergará la Aesap.