El Gobierno paraliza la nueva Selectividad por «responsabilidad»

La nueva prueba iba a entrar en vigor de forma paulatina y los primeros cambios se iban a introducir el año que viene, en 2024 (es decir, la prueba de este año que arranca la semana que viene se queda tal y como se conoce hasta ahora). Si bien la convocatoria de elecciones por parte de Pedro Sánchez deja sin efecto todas las leyes que estaban en tramitación cabe aclarar que la nueva EBAU emana de una norma que ya está aprobada hace tiempo: la Lomloe, más conocida, como 'ley Celaá'.

Así, los cambios en la nueva EBAU debían introducirse vía real decreto. «Las leyes decaen cuando se disuelve el parlamento. Los reales decretos pueden seguir su tramitación y pueden ser convalidados, si es necesario por la Permanente del Congreso», aclaran las mismas fuentes de Educación.

Y es esto precisamente lo que han hecho: dejar el decreto terminado (aunque paralizado). «La Lomloe obliga a que el mismo curso en que entra en vigor la ley en 2º de Bachillerato (es decir, el curso 2023/2024) es también cuando deberá entrar también en vigor la nueva EBAU». Así, los de Pilar Alegría han dejado el real decreto hecho, aunque metido en el cajón. El futuro Consejo de Ministros deberá decidir si lo saca de allí o no.

La Conferencia de Rectores (CRUE) que asistió a la reunión ya se había quejado sobre la prueba y había pedido «retrasar el comienzo del periodo de implantación del nuevo modelo hasta 2025. No es realista afirmar que existe suficiente tiempo para poner en marcha dicho modelo en 2024 y se perjudicará gravemente al estudiantado que este curso esté matriculado en primero de bachillerato», señalaron en un comunicado a principios del mes de mayo.

La CRUE también criticó en esa misiva la intención de alargar el examen de 90 a 105 minutos y señaló que era «absolutamente necesario mantener la duración de los exámenes en 90 minutos». Dieron varias razones para mantener el tiempo actualmente estipulado: «Las pruebas competenciales no requieren un aumento de tiempo para su realización; la mayor duración de cada examen supondrá ampliar los días dedicados a las pruebas y, como consecuencia, habrá un retraso en los procedimientos de preinscripción, admisión y matrícula; el estudiantado con necesidades educativas especiales (NEE) acusará más gravemente este aumento de tiempo, y el estudiantado sufrirá, en general, un mayor estrés».

La nueva prueba, en cualquier caso, ya iba a llegar al año que viene bastante cambiada respecto al planteamiento inicial que había hecho Pilar Alegría. La ministra se vio obligada a fulminar la polémica prueba de madurez. Con dicha prueba se pretendía evaluar en un único examen las asignaturas de Lengua Española, Lengua Cooficial, Lengua Extranjera, Historia e Historia de la Filosofía. Además, contendría 25 preguntas de tipo test o de rellenado de huecos más tres preguntas libres de 150 palabras cada una.

Este formato generó la indignación, primero de profesores de Lengua Castellana y Literatura que firmaron un manifiesto en Change.org en el que denunciaron que la propuesta del ministerio «esconde una reducción inadmisible de los contenidos (...)». De este escrito se hizo eco la Real Academia Española (RAE) que criticó la disminución de contenidos que los alumnos «deben dominar con el argumento de que han de potenciarse en su lugar las competencias». También se sumaron a las críticas la academia del catalán (Instititut d' Estudis Catalans, IEC), la Red Española de Filosofía y la Asociación de Escritores con la Historia.

Además de eliminarse la prueba de madurez, Alegría ya había tenido que verse obligada a retrasar la implantación de la nueva prueba un año. En diciembre del año pasado la aplazaron al curso 27-28, cuando inicialmente estaba previsto que se aplique de forma definitiva para el 26-27.