El Gobierno llevará a Ayuso a los tribunales por negarse a crear el registro de objetores del aborto

El Ejecutivo había enviado un requerimiento a Madrid en el que le daba el plazo de un mes para la creación de ese listado, tiempo que se cumplió este viernes. «Como se ha declarado insumisa con la ley, nosotros vamos a seguir con ese procedimiento y vamos a ir a los tribunales», ha dicho Mónica García durante un acto organizado por su partido, Más Madrid, para celebrar los dos años que lleva al frente del Ministerio de Sanidad, el mismo días en que médicos de toda España han salido a la calle para clamar contra sus políticas y exigir su dimisión.

La ministra de Sanidad ha tachado a la presidenta madrileña de «trumpista» y de «declararse en rebelión», así como de «obstaculizar de manera reaccionaria el derecho al aborto». Ha acusado a Isabel Díaz Ayuso, además de ir contra la ley, de actuar contra el Tribunal Constitucional. «Tendrá que responder ante los tribunales sobre esta obstaculización de la ley y sobre esa rebelión que le ha declarado a la ley, a la democracia y a las mujeres de la Comunidad de Madrid», ha lanzado García.

La Comunidad de Madrid informó este viernes de que ignoraba el requerimiento del Gobierno y dejaba en manos de la justicia la creación de ese registro de objetores, al que se opone. La dirigente madrileña considera este listado una forma de «señalar» e incluir en una «lista negra» a los profesionales que no quieren realizar abortos, un argumento que defiende también el colegio de médicos de la región, que cree que puede utilizarse para discriminar a estos profesionales.

«Preferimos que sea sea un tribunal quien indique lo que se debe hacer, antes que un Gobierno sectario que no respeta nada ni a nadie», dijeron fuentes del Ejecutivo regional después de que la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, asegurara que la comunidad defenderá «con la Constitución en la mano» la libertad de objeción frente al aborto ante la exigencia del Ejecutivo central de implantar el registro de objetores de conciencia.

El registro de objetores al aborto es una de las medidas que estableció la reforma de la ley del aborto que en 2023 aprobó Irene Montero como ministra de Igualdad. Se trata de un listado autonómico, al que solo deben tener acceso los responsables de la gestión de los centros, en el que figuren los nombres y apellidos de ginecólogos, anestesiólogos, médicos de familia, enfermeras y matronas que se nieguen a participar en abortos aludiendo a su objeción de conciencia.