El Gobierno fulmina a la Aneca y se hace con el control de la homologación universitaria

El nuevo real decreto, que se aprobará previsiblemente hoy en Consejo de Ministros, establece, por primera vez, una nueva figura encargada de llevar a cabo los procedimientos de homologación y de declaración de equivalencia (el primero habilita para ejercer una profesión en nuestro país). Se trata de la llamada Comisión de Análisis Técnico de Homologaciones y Declaraciones de Equivalencia, que estará adscrita a la secretaría general del Ministerio de Universidades.

Hasta ahora era una agencia independiente, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, más conocida como Aneca, la encargada de hacer las labores que ahora recaerán en la mencionada comisión. Su máximo responsable será el número dos del ministro Subirats, José Manuel Pingarrón, actual secretario general de Universidades.

Eso sí, dentro de dicha comisión sí habrá miembros de la Aneca. De las trece personas que la integrarán, dos serán de dicha agencia estatal. Otras cuatro serán representantes de los Decanatos de Facultad o de las Direcciones de Escuela universitarias españolas; cuatro serán elegidas entre el profesorado universitario con vinculación permanente a su campus y habrá tres en representación de la secretaría general de Universidades.

El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, señala en su dictamen sobre el decreto que la alteración de las competencias de la Aneca está «ajustada a las previsiones normativas». El Ejecutivo estima ahorrarse con la nueva comisión 110 euros por expediente.

Otra novedad de la norma es que se obliga a los solicitantes a hacer todos los trámites por vía electrónica, sin importar la condición socioeconómica que tengan en su país de origen o en la que se encuentren a su llegada a nuestro país.

«Será obligatoria, para las personas solicitantes de los procedimientos de homologación o de declaración de equivalencia regulados en este real decreto, la realización de todos los trámites con las administraciones públicas, incluido el de interposición de recursos administrativos relacionados con estos procedimientos, por medios electrónicos a través de la sede electrónica del Ministerio de Universidades».

Esta obligatoriedad que impone Joan Subirats ha sido cuestionada hasta por miembros del Gobierno. En la memoria de impacto normativo del real decreto, al que también ha accedido este periódico, el Ministerio de Exteriores le tiene que recordar a Universidades que «dada la previsible heterogeneidad de las personas solicitantes, y las condiciones personales en las que se puedan encontrar respecto a la posesión privada, o no, de medios electrónicos, y teniendo en cuenta que se trata de personas físicas, parecería procedente que (...) puedan elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no».

El ministerio dirigido por Albares insiste: «No parece que se pueda dar por supuesto que cualquier persona que solicita una homologación, declaración de equivalencia o convalidación tiene acceso y disponibilidad de medios electrónicos».

La enmienda de Exteriores es, sin embargo, rechazada por Universidades que considera, sin dar ni una sola cifra, que «los titulados universitarios son personas físicas a las que se les supone una capacidad económica, técnica, dedicación profesional y acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios».

Por otro lado, si este decreto vino a agilizar, no lo hará por la vía de los plazos. ¿Por qué? La norma señala que la resolución a cargo de la nueva comisión «se dictará y notificará en el plazo máximo de seis meses, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la resolución, la solicitud se podrá entender desestimada por silencio administrativo». Los tiempos, por tanto, no parecen acortarse ya que la norma anterior, de 2014, señalan lo mismo, es decir, que «el plazo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses».

El ministerio de Universidades explica el mayor o menor número de solicitudes no se han producido a lo largo del tiempo por cuestiones de inoperancia sino por la situación socioeconómica de España, de los países latinoamericanos o por la pandemia de Covid.

Así, «en el año 2019 se duplica la cifra precedente y se sitúa en 26.061 solicitudes. Este ritmo queda truncado por los efectos sobre la movilidad de la pandemia de la Covid-19, aunque pese a ello (y tal vez atraídos por las necesidades de profesionales para reforzar en ese contexto sanitario tan grave el sistema de salud) el número de solicitudes sigue siendo elevado, alcanzándose las 19.300. Las cifras referidas a 2021 (24.807 solicitudes) muestran que la trayectoria ascendente va a continuar y, probablemente, situándonos en valores similares a los del año 2019», señala la memoria del real decreto.

Y prosigue: «A estas peticiones cabe añadir las solicitudes de acreditación profesional de títulos españoles, que anualmente son unas 4.000, y las solicitudes de reconocimiento profesional de títulos de personas que los han obtenido en la UE y en países del Espacio Europeo de Educación Superior que son unas 200 por año».

El real decreto de homologación de títulos ha pasado por la evaluación del Consejo de Estado (CE), máximo órgano consultivo del Gobierno, que le ha criticado algunas cuestiones.

La norma que previsiblemente se aprobará este martes en Consejo de Ministros, añade un anexo al final en el que detalla una serie de profesiones susceptibles de homologación (médico, logopeda, podólogo, veterinario, arquitecto, psicólogo general sanitario, ingeniero industrial, aeronáutico, maestro, etc.).

Pero la lista, por alguna razón que el ministerio no explica, se acaba en una treintena de profesiones, algo que el Consejo de Estado reprocha. «No obra en el expediente una explicación del contenido del anexo, en el sentido de indicar las razones por las que la homologación (...) se limita a los títulos universitarios españoles allí recogidos». Y añade: «La lectura de ese anexo no permite afirmar (...) que la relación de normas que contiene agote el elenco de profesiones reguladas en nuestro ordenamiento».

Otra de las críticas se relaciona con la homologación de los títulos de psicólogos, una cuestión con mucha polémica por la enorme movilización que ha generado en la calle y en las redes. El problema es, nada menos, que los títulos de Psicología obtenidos fuera de España no tienen validez en nuestro país. Este rechazo, además, no solo afecta a los latinoamericanos, sino también a los europeos; entre ellos españoles que vuelven a su propio país con un título obtenido fuera de España y no pueden ejercer.

¿De dónde vienen las trabas? La Psicología en España es una profesión que solo está regulada en su vertiente sanitaria. Es decir, para ejercer como psicólogo general sanitario se debe tener la siguiente formación: Un grado en psicología español y un máster en Psicología General Sanitaria que es el que habilita para trabajar. Cuando los inmigrantes llegan con su título, el Ministerio de Universidades les paraliza el trámite y les da dos opciones: la equivalencia, con la que no pueden trabajar; o la convalidación de asignaturas, que tampoco es la mejor solución ya que el precio oscila entre los 3.000 y 6.000 euros.

El ministro Joan Subirats lo intentó arreglar con una disposición adicional que introdujo en su nueva ley, la Losu, con la que, aparentemente, solucionaba el problema. Sin embargo, el Consejo de Estado ha ido mucho más allá y ha puesto contra las cuerdas al Ministerio de Universidades poniéndole de manifiesto que no hacía falta ninguna normativa adicional para arreglar el problema: «Un título extranjero podría ser homologable tanto para el título de Máster en Psicología General Sanitaria, como para el título de Graduado en Psicología, pues ambas son profesiones reguladas y tituladas en nuestro ordenamiento», sentencia el Consejo de Estado en su dictamen.

Los psicólogos se han visto tan desesperados por la inacción del ministerio que buscaron ganar fuerza e influencia agrupándose en una plataforma, Psicólogos Migrantes, donde hoy hay 724 psicólogos de 24 países (España incluida). Muchos de ellos tienen brillantes carreras, dilatada experiencia y, pese a ello, sobreviven con trabajos precarios mientras la falta de profesionales y una pandemia de salud mental asola nuestro país. Ellos mismo analizaron el impacto que este problema está teniendo en su propia psiquis y concluyeron que el 100 por ciento vio afectado su bienestar, y un 90,3 dice haber comenzado un duelo.