La Generalitat «olvida» a las familias: el PP denuncia que la partida destinada a apoyarlas cae un 96% desde 2006 en Cataluña

Los populares catalanes acusan a la Generalitat de «ignorar» las necesidades de las familias durante estas últimos veinte años en los que «además de menguar las ayudas para apoyar a la institución familiar, también se ha eliminado la prestación universal por hijo a cargo», siendo Cataluña, según los últimos informes de la organización 'Save The Children', la comunidad autónoma más cara para la crianza (938 euros mensuales por hijo) y la que lidera el ránking de riesgo de pobreza infantil en la UE.

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La diputada popular Belén Pajares presentó la pasada semana una interpelación en el pleno del Parlament denunciando esta situación. La popular recuerda en su interpelación al Govern que el gasto público per cápita anual en familia en Cataluña es muy inferior al de la media europea y reclama «una atención integral a las familias» que vaya más allá del ámbito asistencial. Según los últimos datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), correspondientes a 2014, en términos per cápita el gasto anual en ayudas familiares en Cataluña era de unos 244 euros per cápita, inferior a la media española (318 euros) y muy alejada de países como Alemania (1.100 euros), Suecia (1000 euros) o Francia (750 euros). También muy lejos de la media europea (650 euros).

«Las políticas de apoyo a las familias necesitan actuaciones transversales. No son solo políticas sociales, son políticas fiscales, económicas, en transporte, educación, salud, seguridad, etc..», señala Pajares. En este sentido, la diputada del PP catalán recuerda que el Govern eliminó definitivamente en 2017 la prestación universal por hijo a cargo y que «tampoco hay bonificaciones por gastos educativos o de cuidado como hay en otras comunidades». Denuncia, asimismo, que el gobierno catalán no ofrece «apoyos notables para acceso a la vivienda, ni garantía de universalidad y gratuidad en la educación de 0-3 años».

«La Generalitat se ha cargado el reconocimiento institucional y político a la família. No hay ni Consejería, ni Secretaría General, ni Dirección General dedicada a las familias catalanas», puntualizan los populares. En este sentido, hacen hincapié en que «según el CEO la familia es la institución más valorada; sin embargo, no tiene ningún reconocimiento en políticas públicas». Otro de los temas a abordar es, según la diputada popular, el acceso a las ayudas por parte de la inmigración. «No se puede premiar la irregularidad con derechos», dice Pajares a la consejera de Derechos Sociales i Inclusión, Mónica Martínez, durante su interpelación y le avanza que en la próxima moción de su partido «pediremos que a las políticas a favor de las familias se tenga en cuenta el arraigo y la residencia legal». «No puede ser que el empadronamiento sea un coladero», advierte Pajares.

Ante esta situación, los populares proponen al Govern varias acciones: que se incorpore en los presupuestos de 2026 la prestación universal por hijo a cargo, que se revisen los mínimos familiares para actualizarlos y se ofrezcan nuevas bonificaciones fiscales por nacimiento y cuidado hijos».

Otras medidas apuntadas por el PPC para mejorar la atención a las familias catalanas son: «reducir al 7% el tipo general de ITP para compra de viviendas de familia con dos hijos y al 4% para familias numerosas; garantizar la plena universalidad y gratuidad del ciclo de educación infantil 0-3 para el curso 2027-2028, incorporando también un cheque para escuelas infantiles que no sean de titularidad pública; y aplicar reducciones de jornada con cobertura económica para cuidado de ascendientes o descendientes». También reclama que se cree una Dirección General de Familia, dentro de la Consejería de Presidencia, para «identificar de forma transversal las problemáticas de las familias catalanas y coordinar una verdadera política pública de apoyo institucional a sus necesidades».

Los populares reividican también que se creen mecanismos de flexibilidad del tiempo laboral con cobertura económica por parte de la administración, de tal manera que la compactación o reducción de jornada no suponga una desvenataja para los progenitores.