Cataluña explorará «vías legales» para dejar sin efecto las reclamaciones de pagos indebidos a familias vulnerables

La Generalitat ha cifrado en 2.829 los casos de pagos indebidos, una conclusión a la que se llegó tras detectar 12.500 casos potenciales, a los que se pidió información adicional para evaluar si habían recibido las ayudas. Durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales e Inclusión en el Parlament, la consejera ha concretado que la intención es «dejar sin efecto los pagos indebidos» siempre que se documente la vulnerabilidad de los receptores y que no haya habido mala fe, informa Ep.

Martínez Bravo ha afirmado que reclamar el retorno de los pagos contradice el objetivo de la prestación de «luchar contra la exclusión y la vulnerabilidad», ya que la reclamación de un pago indebido inicia un procedimiento judicial de embargo y suspensiones que impide a los afectados pedir otras ayudas.

«El sistema no está acompasado al volumen que la prestación genera: faltan infraestructura digital y recursos humanos informáticos. La gestión es manual y, para hacerlo así, habría que contratar 2.000 personas. Ahora tenemos un centenar», ha explicado Martínez Bravo en el Parlament.

Asimismo, se ha comprometido a buscar herramientas digitales que permitan revisar las cuantías de forma automática cada tres meses. «No es un error administrativo ni de los funcionarios, es un problema de diseño de una prestación que no tiene ningún sentido en el siglo XXI», ha precisado.