Garzón obliga a los mataderos a introducir cámaras de vigilancia para garantizar el bienestar animal

Tras la publicación en el BOE del Real Decreto, los grandes mataderos contarán con un año para adaptarse a la nueva normativa, mientras que las pequeñas instalaciones tendrán un plazo de moratoria mayor, de hasta dos años. Las cámaras de vigilancia deberán abarcar como mínimo, las instalaciones en las que se encuentren animales vivos, incluyendo las zonas de descarga, los pasillos de conducción y las zonas donde se proceda a las actividades de sacrificio como el aturdimiento y sangrado previos a la muerte del animal. Además, en el caso de aves y porcinos, se deberá filmar el proceso de escaldado (la inmersión de los animales en agua caliente inmediatamente después de ser sacrificados) para comprobar que no se someten a esta operación los animales que presenten signos de vida.

«Se trata de una norma que sitúa a España a la cabeza de Europa en esta materia y que, además de garantizar el bienestar de los animales durante su permanencia en los mataderos, mejora también las garantías de seguridad alimentaria para los consumidores», según valoró el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en la nota enviada a los medios.

Además, los responsables de los mataderos deberán conservar 30 días las imágenes filmadas durante la descarga, alojamiento en los corrales, conducción a la zona de aturdimiento, sujeción, aturdimiento y sangrado hasta la muerte para posibles comprobaciones a posteriori por parte de los servicios de control oficial de las Comunidades Autónomas. En cualquier caso, los responsables de los mataderos también deberán garantizar la reproducción, copia y transmisión de las imágenes a otros dispositivos de igual calidad que la copia original. Un material cuyo visionado podrán solicitar las autoridades de control correspondientes (competencia de las comunidades autónomas) y cuyo uso está sujeto a las limitaciones de la normativa de Protección de Datos.

Desde la Asociación Nacional de Industrias de la Carne en España (Anice) han recordado, que en su junta general celebrada el pasado 28 de marzo, se aprobó solicitar al Gobierno modificaciones legales para asegurar la instalación de sistemas de videovigilancia en los mataderos debido a su preocupación por el impacto de las «escasas y esporádicas malas prácticas» en la opinión pública y que sirviera como un medio para reforzar el autocontrol en este tipo de establecimientos.

En esta línea, fuentes de esta asociación, han apuntado que «esta medida permitirá un mayor control de las malas prácticas que puedan producirse en los mataderos, en las zonas de estabulación y aturdido». Para Anice una normativa de estas características, también «facilitará el trabajo de los inspectores veterinarios que se encuentran permanentemente en los mataderos vigilando el cumplimiento de la legislación».

Una opinión similar han expresado desde la Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola (Avianza), en la que han garantizado que «el compromiso del sector avícola en torno a los principios de bienestar animal, sostenibilidad y controles es firme». Como ejemplo, de la «prioridad» que otorgan a este ámbito han mencionado que se está ultimando el establecimiento del 'Sello de Bienestar Animal' que garantizará que todos sus productos cumplen los máximos estándares de bienestar animal y éticos (bioseguridad, alojamientos, manejo de los animales, etc...).

En esta línea, han recordado que hay ya cámaras instaladas en la gran mayoría de las salas de transformación. Además, han abundado, en que tanto sus granjas como centros de producción como los propios mataderos están «cada vez más profesionalizados y tecnificados» en esta materia y destacado que «el sector cumple más allá de los principios marcados por la Organización de Sanidad Animal (OIE) en materia de bienestar animal así como de los reglamentos de la Unión Europea».

Por su parte, desde la Asociación de Mataderos de Castilla y León (AMCYL), José Mulero, han destacado que «la mayoría de los mataderos ya lo tienen instalado» y que, una normativa de este tipo, no les «pilla por sorpresa». En su opinión, es «un avance». Desde un centro de sacrificio, situado en el pueblo vallisoletano de Quintanilla del Molar y que emplea a 27 personas, el representante de esta asociación ha mostrado su temor por el tratamiento de la información que registren las cámaras. En este sentido, ha reconocido, que todo este material fuera de su contexto puede «dar una imagen no real del sector».

También ha mostrado su temor de que todo lo aprobado hoy en el Consejo de Ministro se traduzca en «más burocracia: un animal tiene más papeles que una persona, está más controlado». En el caso de su empresa, ha apuntado Mulero, que están centrados en el ovino y vacuno. «Las imágenes las guardamos y las borramos a los 30 días», ha apuntado sobre un sistema que tiene instalado en todo su establecimiento.

Al hilo de todo lo anterior, desde la Asociación Castellano-Leonesa de Empresas de Avicultura (ASCLEA) Agustín de Prada, ha recordado que «hay empresas que ya tienen este tipo de sistemas» y recordado que «como mínimo, dependiendo del tamaño del matadero, puede haber hasta tres o cuatro inspectores permanentes para garantizar la seguridad y el bienestar animal». En este sentido, añadió, que se trata de funcionarios de la administración autonómica correspondiente, «un veterinario oficial con destino en un matadero». De Prada concluyó que la regulación aprobada hoy lo que hace es que «añadir el dispositivo de la videovigilancia para este control».

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, aseguró que estas medidas han sido «habladas con el sector» antes de su aprobación por el Ejecutivo. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, también habló sobre a nueva normativa en Twitter: «Hoy aprobamos por fin el Real Decreto de videovigilancia en mataderos. A partir de ahora todos los mataderos deberán disponer de un sistema de vigilancia por cámaras para evitar situaciones e imágenes terribles de maltrato animal. Gracias a las asociaciones por su empuje», señaló.

Desde ONG como Equalia, implicadas en la promoción del bienestar animal, su director Guillermo Moreno ha destacado que «este real decreto convierte a España en el primer país de la Unión Europea en requerir sistemas de videovigilancia en los mataderos».

En este sentido, ha apuntado que la nueva regulación es «un primer paso» al que encuentra «algunos puntos débiles» como en lo referente al visionado de las imágenes. Moreno ha recordado que el visionado de este material recaerá especialmente en el matadero «y no en el servicio de veterinarios oficiales de la comunidad autónoma». También, ha añadido, que el texto no resulta muy específico en lo referente a la periodicidad y el tiempo de visionado de la imágenes por parte de las autoridades de control.

En la memoria de análisis del impacto normativo del proyecto del real decreto aprobado hoy se estimaba un gasto de entre 3.000 y 6.000 euros por matadero -hay unos 700 autorizados en toda España- para cumplir con esta nueva normativa. Según sus cálculos, esto supondrá la instalación por término medio de cuatro cámaras, un disco duro y un sistema de grabación. Además de la contratación de un servicio de mantenimiento de los equipos.

Desde el Gobierno, también han calculado para todas estas instalaciones un gasto global en concepto de nuevas cargas administrativas de 612.500 euros por las nuevas obligaciones que deben cumplir como el mantenimiento de las llegadas y descargas de animales, la conservación de las imágenes durante 30 días, el mantenimiento del sistema de videovigilancia y la creación de procedimientos para documentar las posibles infracciones.