El estado del bienestar, en riesgo: en diez años no habrá profesionales para atender a los dependientes del 'baby boom'

«Estamos tremendamente preocupados por la falta de profesionales. Si no aumenta la financiación para poder contratarlos en los próximos diez años, el sector no podrá dar respuesta a las nuevas necesidades y sería el gran fracaso del estado del bienestar», advierte en declaraciones a ABC la presidenta de ACRA, Cinta Pascual.

El presidente de la Unión de Entidades, Ramon Ramells, coincide con ella, y recuerda que «la escasez de profesionales y la falta de financiación se produce en un contexto de envejecimiento poblacional que tensionará al sector social y sanitario con la llegada de la generación del 'baby boom'».

«Solo en Cataluña, las personas de 80 años o más pasarán de las 465.000 actuales a superar el millón, y muchas de ellas necesitarán recursos asistenciales como residencias, centros de día, ayuda domiciliaria, teleasistencia y pisos con soporte», advierte Ramells.

La responsable de ACRA ha destacado que es «clave» tener profesionales en el sector de la dependencia, que actualmente son cerca de 700.000 personas afiliadas a la Seguridad Social relacionadas con la atención a la dependencia, 311.177 de ellas en establecimientos residenciales.

En este sentido, ha reconocido que hay economía sumergida en el sector de los cuidados a la dependencia y se ha mostrado a favor de «regularizar» la situación de cuidadores porque «las personas que cuidan son necesarias y también tienen que estar bien cuidadas».

En su estudio, ACRA urge a destinar más recursos a un sector «precarizado» -el de las residencias y la ayuda domiciliaría a personas dependientes- con bajos sueldos y mucha carga laboral. Las últimas estadísticas internacionales lo constatan. España se sitúa por debajo de la media europea en cuanto a inversión pública en el sector. En la actualidad, invierte el 0,96% del PIB en cuidados de larga duración (básicamente en residencias), lejos aún del 1,5% de media de los países de la OCDE, una clasificación liderada por los Países Bajos (3,1%), Noruega (2,9%) y Suecia (2,83%). «Hay que llegar al 2% del PIB en dependencia para una mayor cobertura y una mejora de las listas de espera», ha precisado Cinta Pascual.

«Estamos por debajo de la media europea y muy lejos de países como Holanda, Países Bajos o Luxemburgo, que están a niveles de financiación mucho más altos. Necesitamos más financiación para poder tener infraestructuras de calidad y hacer más leyes que apoyen las nuevas necesidades», advierte Pascual en declaraciones a este diario. Reclama también que se modifique el marco legal actual porque «la última ley tiene ya 14 años».

Los salarios bajos, las excesivas cargas de trabajo, las consecuencias físicas y mentales de la etapa del Covid-19 y el desprestigio que ha sufrido el sector son, según apuntan desde ACRA, algunos de los motivos de este déficit estructural, «una situación que ha llevado a empresas y sindicatos a pedir la armonización salarial en el ámbito residencial público y concertado, una medida que tiene el apoyo de las principales formaciones políticas, pero que todavía no se ha concretado, ni siquiera planificado».

España cuenta con una oferta de 393.581 plazas residenciales y 105.447 diurnas, con un 73% de plazas residenciales de titularidad privada y, en concreto, Cataluña ofrece 62.000 plazas residenciales y 20.000 diurnas, con un 85% de titularidad privada, y necesitará 25.000 plazas más en residencias en la próxima década, informa Ep.

Ante el envejecimiento de la población previsto hasta 2036, el informe estima que será necesario crear entre 11.396 plazas anuales para mantener la cobertura actual y 23.461 para alcanzar la media europea.

El 'Estudio socioeconómico de la atención para personas en situación de dependencia en España' revela también que aunque el número de beneficiarios del Programa Individual de Atención (PIA) ha crecido en los últimos años con un 6% de media anual, el tiempo medio de resolución de la prestación es de 324 días y la lista de espera de 155.000 personas.

En Cataluña, el tiempo medio en 2023 desde la solicitud de la dependencia hasta la resolución de la prestación es de 295 días y la lista de espera para ser beneficiario del PIA es la «más alta» de España, con 48.470 personas dependientes. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Saad) supuso en 2022 un gasto público de 10.253 millones de euros, financiados en un 74% por las comunidades autónomas y un 26% por el Estado.