Europa avala con condiciones la llegada del catalán a las Escuelas Europeas: avanza que no financiará su coste

Los grupos que desde un principio se han opuesto a la medida no lograron el apoyo suficiente para frenarla y lo atribuyeron a «la campaña casi personal del presidente del Gobierno ante los países comunitarios para lograrlo». «Lo ha movido como un tema personal, llamando puerta a puerta», aseguran en declaraciones a ABC los citados portavoces, que ven la llegada de la lengua autonómica a estas escuelas, creadas por la UE para escolarizar a hijos de los funcionarios europeos o de profesionales en situación de expatriados, como «una nueva cesión de Sanchez al independentismo y a las exigencias del partido del expresidente fugado de la Generalitat, Carles Puigdemont».

La decisión de que el catalán llegue a estos centros se ha tomado en Chipre en la reunión del máximo órgano de gobierno de estas escuelas, en el que están representados todos los países comunitarios, miembros de la la Comisión Europea (CE), de la Agencia Europea de la Protección Intelectual, de la Agencia de Protección de Datos, del Banco Europeo Internacional y del Banco Central, cada entidad tenía un punto en la votación.

La CE y la mayoría de los países miembros -con algunas excepciones como Italia- han bendecido la llegada de la lengua autonómica a esta red de centros el próximo curso, aunque lo han condicionado a que sea el Gobierno el que costee al 100% el sueldo de los profesores. Europa ha querido también dejar claro que ese gesto del Ejecutivo de Pedro Sánchez a Junts no presupone, en ningún caso «un aval a la oficialidad del catalán» en las instituciones europeas, uno de los objetivos capitales del partido de Puigdemont y moneda de cambio en las negociaciones de este partido con el Gobierno, según precisan a ABC fuentes próximas a la reunión de Chipre.

«Ha quedado claro que, de poder materializarse, la entrada del catalán se restringiría a los 13 centros con sección española», han aclarado las citadas fuentes.

«Los Gobiernos de la Unión Europea han acordado hoy no poner ni un euro para pagar el catalán en la red de las 13 escuelas europeas para los hijos del personal de las instituciones comunitarias, tal y como hubiese deseado el Gobierno de Pedro Sánchez», han precisado desde el Partido Popular Europeo (PPE).

«Aunque en un principio el Gobierno ha vendido que costearía la enseñanza del catalán en las escuelas europeas, lo cierto es que el acuerdo de neutralidad económica impedirá que se implante en la práctica. No habrá dinero europeo para pagar a ningún profesor», han recordado los populares europeos en un comunicado.

«Es sangrante que Sánchez, en vez de estar centrado en los problemas de la guerra comercial, haya desplegado toda su maquinaria diplomática para lograr un asunto que vende como logro al independentismo pero que en realidad es pura fachada política y que encima nace fracasado», ha manifestado la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat. «Es pura propaganda sanchista para desviar la atención de todos los escándalos de corrupción que le acorralan», ha dicho.

Montserrat ha recordado que «a instancia del Partido Popular, el Ministerio de Educación ya dejó claro en marzo que tampoco pagará más por este sin sentido en el que Sánchez se ha metido». «El coste del profesorado destinado a las Escuelas Europeas para el Estado español es el mismo que el salario que recibe un docente en territorio nacional, ya que no se imputa el complemento de extranjería al país de origen», recoge una respuesta escrita del Gobierno al diputado popular en el Congreso Oscar Clavell del pasado 19 de marzo. Lo que significa, según puntaliza la secretaria general del PPE, que «España no pagará los suplementos que le corresponden a los profesores desplazados y la Comisión se ha negado a pagarlos».

«El Ministerio reconoce en su respuesta que solo les cubrirá el salario básico y no el complemento salarial que reciben estos docentes, que representa más del doble del sueldo que perciben del Ministerio y que Europa ya ha dicho claramente hoy que no va a cubrir». «Sin esa financiación no va a poder materializarse», arguyen los populares. Según ha podido constatar ABC, consultado las tablas salariales oficiales de estos docentes, el sueldo mensual de un profesor de estas escuelas con los complementos pertinentes que deberá también asumir el Gobierno oscila entre los 4.400 euros que recibe un profesor recién llegado sin antigüedad a los casi 13.000 euros que perciben los más veteranos, sueldos todos ellos muy por encima del salario base que cobra un profesor como funcionario,de unos 2.200 euros.

Otro riesgo añadido a medio plazo sería, según los populares, que «como el profesor de catalan no tiene demanda para una jornada completa, lo que hagan sea contratar a uno de Biología que además pueda impartir catalán con el perjuicio que supone para el acceso a estas codiciadas plazas para los docentes del resto de España, ya que implícitamente estos docentes deberán dominar el catalán». Sobre la cifra de profesores necesarios, desde el PPE señalan que «es imposible saber a cuántos alumnos y profesores afectaría hasta que no se conozca la demanda». Sin embargo, el Gobierno ha deslizado estos días la cifra de que lo podría pedir el 20% de alumnos españoles de estos centros. «Y eso son menos de 300 entre las 13 escuelas existentes», señalan desde el PPE.

Recuerdan, asimismo, que existen otros gastos que afrontar al margen del salario de los docentes. «Estas escuelas tienen carencias, tales como la imposibilidad de desdoblar algunos grupos o la falta de psicólogos, algo que, obviamente, las familias consideran prioritario, lo que, evidentemente, elevaría aún más la cifra anual que el Ministerio de Educación se ha comprometido a costear».

A juicio de Montserrat «esta medida no ha sido demandada por la ciudadanía ni responde a una necesidad pedagógica imperiosa en el ámbito de la Unión Europea, sino que responde a exigencias de carácter estrictamente político, dirigidas a satisfacer a quienes, paradójicamente, niegan la legitimidad del Estado».

Asimismo, la portavoz ha denunciado que como el Gobierno español ha intentado sin éxito hacer del catalán una lengua oficial en la UE, ha decidido «utilizar una mentira jurídica que incluye falsear la Constitución española, lo que demuestra hasta dónde puede llegar para dar satisfacción a sus socios». «El Gobierno de Sánchez no ha dudado en mentir a sus socios asegurando que el catalán es una lengua cooficial en España, como lo son el maltés en Malta o el gaélico en Irlanda. Sin embargo, estas son lenguas oficiales en todo el territorio nacional, mientras que el catalán es una lengua cooficial solo en Cataluña, coexistiendo con otras lenguas con el mismo rango de cooficialidad en otras regiones como el euskera en el País Vasco o el gallego en Galicia», puntualiza Dolors Montserrat.

«Es una falsedad que viola la Constitución Española, que en su artículo 3.1 dice específicamente: 'El castellano es la lengua española oficial del Estado'. El español, y ninguna otra lengua presente en el territorio, es oficial en todo el Estado español», concluye la portavoz de los populares europeos.

Desde el grupo europarlamentario de Vox también han sido contundentes al criticar la entrada del catalán en esta red de centros. «Es una vergüenza que en el marco de la UE se avalen las cesiones de Sánchez a los separatistas. Una cesión que, de nuevo, van a pagar íntegramente los españoles porque el gobierno se ha comprometido a que financiará todo el coste de implantar el catalán en las escuelas europeas sólo con los impuestos de los españoles», han precisado en declaraciones a este diario.

Han recordado también que «esta decisión se toma contra la voluntad de los españoles. El Congreso, sede de la soberanía nacional, había aprobado una moción pidiendo que se deje de dar pasos hacia la inclusión del catalán en las instituciones europeas, y esto es exactamente lo que ha pasado».

«Este es el resultado de años de un bipartidismo que, a cambio de estar en Moncloa, ha dado más y más poder y dinero al separatismo y les han permitido extender su relato mentiroso. Desde Vox seguiremos combatiendo en Bruselas y en España cada una de sus mentiras y haciendo una oposición infinita al peor presidente de la historia reciente de España», concluyen los portavoces de Vox.

Apenas un día antes de la esperada votación, tal como adelantó ABC en su edición del pasado martes, eurodiputados socialistas catalanes, valencianos y vascos, también del PNV, remitieron una carta conjunta a los representantes del Consejo Superior de las Escuelas Europeas para apoyar la solicitud del Gobierno de España de introducir el catalán como lengua optativa en estos centros.

«Esta propuesta cumple todos los requisitos legales, presupuestarios y técnicos, ya que la ONL está abierta a las lenguas oficiales en los Estados miembros de la UE. Esta misma condición se ofrece en las Escuelas Europeas para el irlandés, el maltés, el finés y el sueco, ya que son oficiales en países con más de una lengua oficial», apunta la carta firmada, entre otros, por Javi López (PSC), vicepresidente del Europarlamento.

Sin embargo, recuerdan fuentes conocedoras, omiten que las lenguas mencionadas sí son lenguas nacionales, oficiales en todo su territorio nacional, a diferencia de lo que ocurre en España con las lenguas cooficiales, que sólo lo son en sus CC.AA.

A criterio de los firmantes, la petición cumple con todos los requisitos legales, además del compromiso por parte de España de «asumir todos los costes adicionales derivados de esta propuesta, así como a garantizar que no afecte al apoyo incondicional que España presta a todas las Secciones de Español en las Escuelas Europeas».

Las mismas fuentes contrarias a la iniciativa recordaron sin embargo tras la misiva de la izquierda nacionalista que los costes contemplan tanto el sueldo de los profesores adicionales necesarios, como otros derivados de las necesidades logísticas en los centros, y según indican personas conocedoras de la preparación de la reunión, «no existe un informe preceptivo sobre el impacto real», dado que el Estado español únicamente cubriría el salario que esos profesores reciben en España (y la Comisión suplementaría, según las reglas que aplican al caso de los 'seconded teachers').