La ecología como excusa para no frenar la cocaína en Colombia

¿Pero es esta la real dimensión del problema de los cultivos de coca en el país? El debate en torno a qué hacer con ellos es recurrente. Desde 2015, cuando la Corte Constitucional prohibió la fumigación aérea con glifosato por su impacto a la salud y el medio ambiente, y luego fijó condicionamientos ambientales adicionales (2017), la erradicación forzosa de la planta debe hacerse a mano.

En el aumento de los cultivos tampoco han ayudado las políticas débiles del Gobierno colombiano de erradicación voluntaria de los cultivos y la idea de inundar los cultivos con glifosato vuelve a cruzar el horizonte.

El aumento en los cultivos de coca no se ha dado de un momento para otro, aunque sí ha tenido años de expansión significativa. En 2001 Colombia tenía 136.918 hectáreas sembradas. En 2010, con el glifosato se redujo hasta 61.811, una cifra que cayó hasta 48.000 en 2013. A partir de 2015, con el veto de la Corte Constitucional, los cultivos empezaron a crecer. En 2016 ya eran 146.000, 171.000 en 2017 y así siguió creciendo hasta alcanzar un récord de 259.000 hectáreas en abril del año pasado. Esta sobreproducción está inundando el mercado occidental a un precio menor.

El Gobierno colombiano de Gustavo Petro se ha puesto como meta erradicar 10.000 hectáreas este año. Una cifra insuficiente para Estados Unidos que ha pedido elevar la erradicación forzosa, fortalecer los programas de sustitución de cultivos y medidas policiales para golpear las estructuras criminales. Y el Ejecutivo de Joe Biden amenaza con reducir su presupuesto de ayuda antidrogas por la debilidad de Petro contra la coca.

El «gobierno del cambio» tiene otra visión: descarta la fumigación para que sean los campesinos cocaleros los que abandonen voluntariamente el cultivo, entregándoles tierras y pagando trabajos de reforestación. A los narcos busca asfixiarles con incautaciones y golpes a sus finanzas y estructuras ilegales.

El presidente colombiano cree que «lo que el mundo llama problema mundial de las drogas refleja, más que nada, la soledad de millones de personas en sociedades desarrolladas hoy adictas al consumo de drogas, y la falta de oportunidades en el marco de las economías lícitas. No existe un problema de drogas, sino uno de desarrollo y uno de existencia».

Pero una cosa es la narrativa y otra, la realidad. Para Ana María Rueda, coordinadora de la línea de política de drogas de la Fundación Ideas para la Paz, reconocido think-tank colombiano, detrás del discurso del gobierno no hay mayor cambio. «En su momento, la visión del presidente Santos sí fue distinta, con un acercamiento más honesto hacia los campesinos cocaleros, descriminalizándolos».

Al director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), Jorge Restrepo, le preocupa que la meta de erradicación sea poco exigente. «Los cultivos de gran extensión o industriales ya son superiores a las diez mil hectáreas. La otra preocupación es la falta de un programa de sustitución bien estructurado en términos de la política antidrogas».

Quienes piden el regreso del glifosato olvidan cómo opera el herbicida y que hay variedades de coca más resistentes. La fumigación impacta en el arbusto, pero renace dos años después incluso con más hojas. Si la mata no se arranca manualmente, la fumigación no pasa de ser una solución efímera, que fue el truco en décadas anteriores. Aunque se habla mucho de la erradicación manual, la que es forzosa por parte de la Policía Nacional y del Ejército, o con el apoyo de Grupos Móviles de Erradicación conformados por jornaleros, todos ellos se exponen a minas antipersona, explosivos, francotiradores y al acoso de grupos armados.

Esto no es como cortar el césped: se hace a pie y en zonas donde aumenta la violencia por la disputa de rentas entre los grupos armados. Entre tanto, en Europa ya se procesa la pasta de coca y el narcotráfico se sofistica para atender a más de 3,5 millones de consumidores.

Se espera que aumente el consumo pues hay sobreoferta de hoja, precios menores y mayor producción de cocaína en Colombia, que puede llegar a las 2.000 toneladas anuales, «lo que es histórico», enfatiza Ana María Rueda y complementa: «Hay mucha coca en Colombia, Perú y Bolivia, no se sabe mucho de Ecuador y Venezuela, pero está confirmado que Honduras y Guatemala ya tienen. Hay una sobreoferta que hace caer los precios e incentivos de los cocaleros, que ahora migran a la minería ilegal, en especial hacia el oro».

«¡Que se quiebren los cultivadores pues hacen una actividad ilícita!», recomienda Restrepo. «El Estado no debe sustentar los precios ni proveer asistencia alimentaria a quienes tengan cultivos de uso ilícito. Hay que decirlo, aunque el gobierno no lo vaya a hacer. Un cultivo de coca implica inversión en semilla y mano de obra. Hay que acabar con la idealización del cocalero en Colombia», concluye.

Esos cocaleros menores, sin embargo, han visto caer los precios de la hoja hasta en un 50% en el último año y están presionado para obtener apoyos económicos para la sustitución de cultivos.

Lo que no es romántico es el aumento de la violencia en las zonas de producción de coca. En los municipios donde crecen las hectáreas cultivadas también es mayor la tasa de homicidios y precaria la respuesta de la fuerza pública, especialmente en los departamentos de Norte de Santander, Putumayo, Nariño y Cauca. «En el territorio nos cuentan que las acciones militares son de paso. Por ejemplo, hacen una operación militar en López de Micay - municipio del Cauca priorizado para la sustitución-, y luego todo queda en conversación. Este primer plan de sustitución del gobierno tiene los ideales, pero no las metas. Además, no hay una estrategia de seguridad y drogas, «solo golpecitos mediáticos», afirma Rueda.

En eso coincide el director de Cerac: «La novedad del gobierno de Petro es erradicar diez mil hectáreas en vez de cien mil. Es una política correcta, pero incompleta, sin visión estratégica de sustitución, seguridad y alcance internacional. La discusión sobre el glifosato distrae. Insisto: hay que dejar quebrar a los cultivadores y quitarles la cocaína y la pasta de coca a los traficantes. Eso sí les duele».

Rueda insiste: «La Paz Total, si funcionara, podría ser un mecanismo real de acuerdos para consolidar territorios donde hoy más de cien mil familias dependen de la coca. Requerimos escenarios innovadores, sin descartar acuerdos con traficantes. Pero Petro está dejando avanzar el asunto hacia más coca, más violencia y más familias campesinas vulnerables». Lo que para todos está claro es en que la fórmula no está en el glifosato.