Dolors Montserrat: «Europa no mirará hacia otro lado si se excluye el español y se incumplen fallos»

—¿Cree que la misión supondrá un punto de inflexión en la política lingüística de la Generalitat?

—Debería serlo. De hecho, la misión en sí misma ya es un punto de inflexión, porque aprobarla quiere decir que Europa está en alerta porque algo está pasando. La visita se planteó a raíz de las insistentes denuncias de los peticionarios de que en Cataluña no se estaban cumpliendo las sentencias que obligan a impartir más castellano y de que la lengua oficial del Estado se estaba discriminando en las aulas. El Parlamento europeo siempre vela por la defensa de los valores europeos. Durante dos años, los peticionarios de la misión –la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y un padre que reclamó más castellano–, la han pedido alegando que en Cataluña se vulneran derechos fundamentales. Europa no mirará hacia otro lado cuando denuncian que se excluye el castellano, lengua común de los españoles, e incumplen fallos firmes que dictan los tribunales. La misión no va en contra del catalán, solo quiere comprobar si se excluye al castellano.

—Si finalmente detectan problemas en las aulas a raíz de la inmersión, ¿cómo podría Europa propiciar cambios en el sistema educativo catalán?

—Si los detecta, los seis eurodiputados que forman parte de la comitiva oficial, la que realmente tiene la capacidad de testar el sistema, tendrán tres meses para redactar un informe en el que especificarán el diagnóstico de la situación y expondrán sus recomendaciones, que deberán ser aprobadas después por la Comisión de Peticiones.

—¿Hasta qué punto Generalitat y Gobierno están obligados a cumplirlas?

—Aunque son recomendaciones, por responsabilidad institucional deberán tomar nota. Se han aprobado comisiones de investigación en otros países y que afectan a otros ámbitos, y los gobiernos responsables siempre las han tenido muy en cuenta. Bulgaria modificó su ley hipotecaria e Irlanda introdujo cambios en la ley de vivienda tras sendas comisiones de investigación iniciadas por denuncias. La Comisión de Peticiones es una caja de resonancia importante a nivel europeo.

—Tal y como avanzó este diario el pasado día 20 de noviembre, la Generalitat remitió una carta a las autoridades europeas quejándose de la selección de centros que se ha hecho para la visita y, tanto desde el Govern como desde diferentes fuerzas políticas se ha intentado boicotear la misión... ¿Cómo se han visto desde la Comisión estos intentos de frenarla?

—Efectivamente, la Generalitat nos remitió una carta quejándose sobre la selección de centros que visitarán los eurodiputados y expresó sus dudas sobre las entidades y personas con las que se entrevistarán. La respuesta es sencilla. En el Parlamento europeo todo se aprueba por mayoría, nada se impone. El tratado de la UE reconoce a los peticionarios el derecho a denunciar ante las instituciones europeas y éstas deben investigar lo que se denuncia si se considera que tiene base. La PETI aprobó la visita por mayoría y las peticiones, como es lógico, han marcado la agenda. La misión visitará un centro que aplica el 25% de castellano y otro que escolariza a niños con necesidades educativas especiales, ya que los demandantes informaron de que en estos alumnos los efectos de no escolarizarse en su lengua materna son importantes.

—Entre los seis eurodiputados de la comisión oficial que se pasearán por las aulas catalanas esta semana no hay ningún miembro socialista, tal como avanzó ABC, y la única eurodiputada que formaba parte de la comisión de acompañantes –paralela a la oficial– y de la que usted forma parte, ha anunciado que abandona porque la misión está «politizada». ¿Qué opina?

—Al abandonar la comisión 'ex oficio', que acompañará a la oficial, los socialistas han dado la espalda a la denuncia de ciudadanos europeos que alertan de que se están vulnerando derechos.

—Hace unos días la consejera de Educación Anna Simó calificó la misión de «demencial». ¿Qué le diría?

—Le diría que la Generalitat debe respetar el Parlamento europeo porque es el órgano soberano del pueblo europeo. Europa respeta a todas las instituciones y la Generalitat debería hacerlo.

—Del mismo modo que esta misión hace que la inmersión pase a ser un asunto de alcance europeo, ¿cree que la ley de amnistía, y las cesiones al independentismo, también son ya un asunto europeo?

—Con la ley de amnistía, Sánchez dice a Europa que quien la hace no la paga, está demoliendo el Estado de derecho en España. El Parlamento europeo luchará, como ha hecho en Polonia y en Hungría, para que se respete la legalidad. El Partido Popular hace un llamamiento a los socialistas europeos para que se unan a esa defensa.

—¿Confía en que las instituciones europeas podrán hacer algo para revertir la situación política en España?

—La Comisión Europea ya envió una carta al Gobierno antes de que se registrara la proposición de la ley de amnistía preguntándole qué está pasando. El proceso está iniciado y se seguirá velando para que no tire adelante una ley que da impunidad a delincuentes a cambio de poder.