El Constitucional alemán devuelve a los médicos las decisiones de triaje

En Alemania hubo intentos de legislar esta selección para que quedase incluida en los protocolos de procedimiento contra enfermedades infeccionas en el futuro, concretamente el triaje de personas de mayor edad o con discapacidades, pero el Tribunal Constitucional alemán no está de acuerdo. Los jueces de Karlsruhe acaban de publicar una sentencia que declara nulas y sin efecto las normas de triaje de la Ley de Protección contra Infecciones período de pandemia (IfSG), aprobada por el anterior gobierno alemán en 2022.

El Constitucional basa su decisión en una cuestión de competencia y establece que el Estado alemán no tiene potestad para las regulaciones específicas de la IfSG. «La invasión de la libertad de ocupación no está justificada constitucionalmente porque el gobierno federal no tiene competencia legislativa para ello», explica la sentencia. Las decisiones de triaje vuelven a quedar así en manos de los médicos.

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La Asociación Médica de Marburger Bund, el sindicato profesional más grande de médicos en Alemania y Europa, que representa a unos 143.000 médicos asalariados y funcionarios públicos, había apoyado una querella presentada por 14 médicos de cuidados intensivos y emergencias alemanes a finales de 2023. Estaba dirigida contra la Sección 5c de la ley IfSG, que el Bundestag había aprobado en 2022 para discernir en la discriminación de personas con discapacidad o las personas mayores.

En 2021, el Tribunal Constitucional ya dictaminó que el Estado tiene el deber de proteger a las personas de la discriminación por discapacidad o vejez, basándose en anteriores recomendaciones científicas al respecto. Finalmente, se reafirma esa protección y se señala que la asignación de recursos médicos escasos debe decidirse «solo sobre la base de la probabilidad de supervivencia actual y a corto plazo» y se niega expresamente la validez del criterio de la esperanza de vida o el grado de fragilidad en general.

La querella se dirigía, entre otras cosas, contra una prohibición de triaje «ex post», según la cual se interrumpe el tratamiento de un paciente con baja probabilidad de supervivencia para atender a un paciente con mejor pronóstico. El Marburger Bund ve desde el principio esta práctica como un conflicto con la ética profesional porque priva a los médicos de la oportunidad de salvar al mayor número posible de personas en una situación de emergencia.

El párrafo 1 del artículo 12 de la Ley Fundamental alemana garantiza «que los médicos estén libres de instrucciones profesionales en sus actividades profesionales». Esto también se aplica al «si» y al «cómo» de un tratamiento curativo. Las regulaciones de 2022, según Marburger Bund, restringían la libertad de terapia y perjudicaban la libertad de ejercer.

«En tiempos de crisis, siempre hay situaciones en las que debes tener libertad de elección, o mejor dicho, discreción en las decisiones que hay que abordar con valentía», defiende Stephan Sahn, especialista alemán en Ética Médica, para quien «deberíamos haber aprendido de la última pandemia que en tales situaciones las decisiones siempre deben tomarse en un estado de conocimiento relativo, es decir, con gran incertidumbre». «Una vez que has entendido esto, muchas batallas verbales en la política y la sociedad son superfluas», añade, y sugiere que «son necesarios acuerdos de base a los que todos se adhieran, eso está claro, pero atar eso a una ley de triaje era una farsa… el juramento hipocrático de un médico ya incluye el cuidado de cada paciente».

«Las disposiciones impugnadas siguen sin formar parte del Derecho civil ni del Derecho penal y, por lo tanto, no están cubiertas por los títulos legislativos correspondientes. En particular, el legislador ha querido regular la asignación de los escasos recursos de cuidados intensivos en una situación excepcional, separada de las relaciones contractuales de Derecho civil, estableciendo requisitos generales para el ejercicio de la profesión médica», establece ahora definitivamente la sentencia, y critica que las disposiciones anuladas «no constituyen un instrumento para la prevención o el control de las enfermedades transmisibles. No reducen el riesgo de infección, sino que solo nos dicen cómo un médico debe priorizar a los pacientes en caso de que las capacidades de tratamiento de cuidados intensivos sean insuficientes… están vinculadas a una escasez como resultado de una pandemia, pero no sirven para combatir la pandemia, mientras que el propósito de la normativa es la protección contra la discriminación y la seguridad jurídica de los médicos involucrados».