El Congreso aprueba que el lobo vuelva a ser cazable al norte del Duero

La idea de la enmienda era flexibilizar la protección estricta del animal para que las comunidades autónomas puedan gestionar al animal ante el aumento de ataques a la cabaña ganadera registrados en los últimos años. Para los territorios con mayor población de lobos –Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria– el cambio legal será inmediato, mientras que para el territorio al sur del Duero, otra enmienda aprobada permitirá hacer una nueva modificación cuando se cambie la legislación a nivel europeo, un proceso ya previsto por la Comisión Europea.

«No hay que elegir entre lobo y ganadería», ha dicho Milagros Marcos, portavoz del PP, en el debate en el Congreso. «Hay que hacer una gestión responsable». Según la diputada, desde que se blindó al lobo en toda España, hay 71 manadas más, 3,5 millones de cabezas de ganado menos y cuatro millones de kilos de carne acaban desperdiciados cada años por los ataques al ganado.

«Nuestra posición ni es nueva ni es cambiante. Por activa y por pasiva se le ha pedido al Gobierno que reflexione, que escuche a los afectados, a las comunidades autónomas… pues nada, empecinados», se ha quejado el diputado del PNV, Joseba Agirretxea sobre la falta de diálogo del Ejecutivo en este asunto, que en su día aprobó la modificación mediante una orden ministerial y con el rechazo de las comunidades con mayor presencia de lobo. También Junts ha anunciado durante el debate su apoyo parcial a las enmiendas sobre el lobo, al considerar que es necesario hacer compatible la protección al sector agrario con la de la fauna.

En concreto, la enmienda que cambia la protección del lobo al norte del Duero se basa en la necesidad de controlar el impacto que la especie está produciendo en las explotaciones ganaderas y con ello el desperdicio alimentario. Esta enmienda revertiría los cambios introducidos en 2021 para volver al modelo de gestión anterior. Se hará efectivo una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado. Una vez ocurra, en Galicia, por ejemplo, los ganaderos que se encuentren en situaciones de conflicto reiterado con lobos a pesar de disponer de medidas preventivas podrán solicitar la intervención de las autoridades, indican fuentes de la consejería de Medio Ambiente de la Xunta.

En otras comunidades, como es el caso de Cantabria o de Castilla y León, las autoridades elaborarán de nuevo planes de gestión del cánido. No por nada, la gestión del lobo antes de 2021 también estaba reglada y respondía a cupos y criterios técnicos.

Además, la disposición adicional introducida indica que «las medidas de extracción y captura de ejemplares de lobos» o de cualquier especie depredadora que tenga «un alto impacto en el sistema productivo», se harán a partir de ahora de acuerdo con la ley de 2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y también podrán justificarse «en la eficiencia del sistema productivo».

Los cambios no solo afectan a las comunidades loberas. Otra enmienda aprobada afecta al resto de España: se podrá extender el control poblacional del lobo al sur del Duero una vez que la Comisión Europea modifique (como está previsto, aunque no hay fecha para el cambio) la legislación ambiental europea que afecta al predador, la Directiva Hábitats. «El Gobierno no podrá retrasar la trasposición de la directiva», ha aclarado la portavoz del PP.

Hasta ahora la potestad última sobre el régimen de protección del lobo en España, pese a los recientes cambios europeos, estaban en manos del Gobierno. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se había mostrado prudente sobre el tema, alegando que tomaría futuras decisiones en base a los datos, pero ahora Aagesen ha cambiado el tono y advirte que su departamento tomará medidas: «Tendremos que analizar las distintas herramientas a nuestra disposición para proteger a aquellas especies que entendemos que necesitan un espacio de protección», dijo.

Las cifras sobre la población del lobo están pendiente del informe sexsenal, previsto para este verano, pero en los últimos meses ya han levantado una guerra de fondo. Mientras las comunidades loberas alegan que existe un claro incremento poblacional (8% en Castilla y León, 13% en Asturias y 3% en Galicia) y sobre todo de ataques, organizaciones ecologistas como WWF aseguran que el estatus general de la población sigue siendo desfavorable y su evolución ronda el 1% anual. Este dato, en su opinión, sería insuficiente para volver a cazarlo incuso aunque se haya rebajado de «estrictamente protegido» a «protegido» el régimen de blindaje del lobo a nivel europeo.

Fuentes de Transición Ecológica aseguran que se trata de un movimiento «profundamente irresponsable» y lamentan que no se haya esperado a tener los datos de este verano para tomar una «decisión informada». «Sacar en este momento al lobo del Lespre de esta manera no ayuda a nadie», aseguran.

Por ello las organizaciones ecologistas han mostrado su rechazo a la votación. «Este voto dinamita los avances en coexistencia, al anular la Estrategia nacional del lobo y los fondos para prevención y compensación de daños previstos por el Ministerio para la Transición Ecológica», avisa WWF. Ecologistas en Acción asegura que pondrá en marcha «iniciativas legales, judiciales y movilizaciones sociales» en contra del cambio de estatus.

Un recibimiento opuesto al de las organizaciones agrarias. Asaja considera «fundamental» la medida y COAG recuerda que los ataques al ganado han crecido un 40% en tres años, por lo que es «es necesario un control poblacional» para su coexistencia con la ganadería extensiva.