El Congreso aprueba definitivamente la ley del 'solo sí es sí', que pone el foco en el consentimiento pero rebaja las penas por agresión sexual

La enmienda que retrasó su aprobación, que hoy ha logrado el apoyo suficiente para incluirse en la ley, consistía en una modificación del preámbulo de la norma para sustituir «forzosas» por «forzosos». En concreto, la anterior versión hablaba de «dar respuesta a las violencias sexuales más ocultas, como la mutilación genital femenina, la detección de casos de aborto y esterilizaciones forzosas». El objetivo de la enmienda es que la palabra «forzosos» incluya también a los abortos.

Con la entrada en vigor de la norma desaparece el abuso sexual y cualquier acto de índole sexual no consentido pasa a ser agresión. La ley define que solo se entenderá que hay consentimiento «cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona». El castigo por agresión sexual será de uno a cuatro años de cárcel. Hasta ahora, el Código Penal contemplaba penas de uno a cinco años de prisión para los delitos por agresión sexual, de manera que el máximo se reduce.

«Esta no es la ley que nos hubiera gustado apoyar», ha expresado en el debate la diputada del PP Marta González Vázquez, que ha asegurado que no servirá para ayudar a las mujeres agredidas y además «va a traer consigo inseguridad». Además, ha afeado que la ministra de Igualdad acusara a los populares de retrasar la ley por apoyar la enmienda que Junts presentó en el Senado y que hoy se ha aprobado. «El PP está en su derecho de votar sí o no», ha recriminado, al tiempo que ha reprochado a Montero la campaña de verano del Ministerio de Igualdad para la que se utilizó a modelos sin su consentimiento y se modificaron algunos aspectos de su físico.

También Vox ha aprovechado la sesión para mostrar su disconformidad con la ley y con las políticas del Ministerio de Igualdad. «El gran festival de infamias que es esta ley, que con la excusa de proteger a la mujer quiere inocular ideología cargándose derechos», ha afirmado Carla Toscano, que ha sentenciado que la norma supone «una violación fragrante de la presunción de inocencia». «Esta ley es otro ladrillo en el muro del apartheid sexual que sufren los hombres en España», ha dicho.

La definición de consentimiento es precisamente uno de los aspectos de la norma que más inquietud genera en los expertos, pues preocupa el hecho de que se invierta la carga de la prueba. «Está generando una inseguridad jurídica y una conciencia de que no todos somos iguales ante la ley, que hay una discriminación por el sexo», dijo a este periódico Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho penal y abogado. «No va a haber presunción de inocencia. A partir de ahora, si una persona dice que no quiso mantener relaciones y la otra u otras dicen que sí quiso, para que tengan credibilidad se deberán grabar los consentimientos expresos», consideró por su parte Helena Echeverri Aznar, abogada penalista.

Por otra parte, la ley introduce otras medidas como considerar la sumisión química como agravante del delito, la creación de centros abiertos 24 horas para la atención de víctimas de agresión o educación sexual en las aulas o las penas de tres meses a un año de prisión o multas de seis a doce meses para quienes utilicen la imagen de una persona sin su consentimiento para realizar anuncios o abrir perfiles falsos en las redes sociales, páginas de contactos o cualquier medio de difusión pública. En este último caso, los responsables serán acusados de acoso, hostigamiento o humillación.

El acoso será castigado con pena de prisión se tres meses a dos años o multas de seis a 24 meses. Se entenderá como tal, dice la norma, conductas que alteren el normal desarrollo de la vida de una persona, como vigilarla, perseguirla o buscar su cercanía física; mediante el uso indebido de datos personales; atentando contra su libertad o patrimonio o contra la de una persona próxima a ella... etc. En este sentido, se perseguirá también el llamado acoso callejero, con penas de localización permanente de cinco a treinta días, trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días o multa de uno a cuatro meses para «quienes se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad».

La ley incluye también el «feminicidio sexual», el homicidio de mujeres vinculado a la violencia sexual, «como la violación más grave de los derechos humanos vinculada a las violencias sexuales, que debe ser visibilizada y a la que se ha de dar una respuesta específica».

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha celebrado la aprobación de la norma. «Es un día de victoria después de muchos años de lucha», ha dicho.