Las comunidades podrán derivar a otras a menores inmigrantes no acompañados cuando estén desbordadas

Así, las comunidades podrán solicitar que se active un Plan de Respuesta cuando los niños acogidos superen en más de un 50 por ciento el número de plazas de la región. Es decir, los menores inmigrantes no acompañados que hayan sido acogidos por la autonomía en cuestión deberán representar al menos el 150% del total de las plazas destinadas a esta acogida.

A día de hoy, Canarias dispone de 1.182 plazas pero tiene acogidos a 3.313, es decir, tiene una sobreocupación del 180%. En el caso de Ceuta la sobreocupación se eleva hasta el 247 por ciento, pues cuenta con 88 plazas y un total de 306 acogidos. Derechos Sociales propone derivar a un total de 400 menores en 2022 (340 de Canarias y 60 de Ceuta) y a 374 en 2023 (342 de Canarias y 32 de Ceuta).

Las comunidades que se sumen al plan de respuesta para la emergencia —algo que será voluntario— tendrán que comprometerse a aceptar una cuota mínima de menores inmigrantes no acompañados bajo este mecanismo de derivación y reparto, que se calculará de común acuerdo en la Comisión para el Plan de Respuesta para la Infancia y Adolescencia ante crisis migratorias, informa Derechos Sociales. Para ello se establecerá el número máximo de menores que se trasladarán así como las plazas que las comunidades de destino pondrán a disposición.

La sobreocupación será asumida tanto por la comunidad de origen como por la de destino. La primera asumirá entre un 25% y un 50% de la sobreocupación, mientras que la de destino se hará cargo de entre el 75% y el 50%, según los recursos de cada autonomía. Para el traslado de los menores, dice el documento aprobado, se tendrá en cuenta su interés superior, de manera que habrá que facilitarle toda la información al respecto y contar con su consentimiento por escrito.

La población de cada comunidad será el criterio principal para se tendrá en cuenta para establecer las plazas disponibles de cada región. Pero se tendrán en cuenta otros aspectos como la situación económica y la tasa de paro de cada región, de manera que las que mejor vayan pondrán a disposición de este reparto más recursos; el esfuerzo en la acogida que ya se esté haciendo en cada autonomía en proporción a su población y el criterio de dispersión.

Según los cálculos del ministerio, ponderando los criterios establecidos, las comunidades que más menores deberán acoger este año en el reparto son La Rioja (36), Galicia (35), Madrid (30) y Cataluña (30). En el lado opuesto, las que menos recibirán serán Navarra (15), Murcia (17), País Vasco (18) y Baleares (18).

Según ha podido saber ABC, La Rioja y Castilla-La Mancha (que debería acoger según este cálculo a 28 menores este año) han votado en contra de este reparto, de manera que si no cambian su posición la primera autonomía no acogerá a menores y la segunda acogerá menos de los establecidos, por lo que en los próximos días habrá que reasignar a otras comunidades a los niños que se iban a derivar a estas.

La Comunidad de Madrid, por su parte, se ha abstenido, pues la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, ha subrayado que el texto del Gobierno solo busca responder a las situaciones de crisis migratorias y no establece una regulación completa sobre la inmigración, de manera que ha reclamado que se elabore una Estrategia Integral de la Atención a la Infancia Migrante. Además, ha lamentado que Derechos Sociales haya dado «un plazo muy escaso, de solo 6 días» para «realizar observaciones un borrador que no ha sido debatido ni negociado previamente y que ha sido unilateralmente redactado». Madrid también ha reclamado un plan estatal para los jóvenes extutelados que alcanzan la mayoría de edad, petición a la que se han sumado otras comunidades como Murcia.

En cuanto a la financiación, se establece un presupuesto de 20 millones de euros a repartir entre las comunidades en este año. Las que más dinero recibirán serán La Rioja (1,9 millones), Galicia (1,8), Madrid (1,5) y Cataluña (1,5). En el caso de que no se consiga asignar a otras comunidades a los menores que tenían que acoger La Rioja y Castilla-La Mancha, la financiación proporcional se dejará a Canarias y a Ceuta en función del número de niños que finalmente se queden en las regiones, informan fuentes de Derechos Sociales.