El Gobierno destinará 983 millones para intentar que 713.000 niños salgan de la pobreza en ocho años

Así lo ha explicado esta mañana la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en el acto de presentación de la hoja de ruta, clausurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con la presencia entre el público de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y de la titular de Sanidad, Carolina Darias. El jefe del Ejecutivo, que ha calificado la situación de la pobreza infantil como «una realidad muy dramática en nuestro país», ha pedido a comunidades autónomas y ayuntamientos que colaboren en la implementación de la garantía infantil europea. «Estas recomendaciones apelan no solo a la inversión de la Unión Europea y el Estado, sino al resto de administraciones. Sobre vivienda, ¿quién tiene las competencias? Ayuntamientos y comunidades autónomas. Entre todos tenemos que hacer mucho y deben coordinarse. Debe ser un buen trabajo de cogobernanza», ha reclamado.

Además, Sánchez ha anunciado que en el marco de la presidencia española de la Unión Europea, hecho que ocurrirá en 2023, se dará un «papel central» a la garantía infantil europea. La hoja de ruta marcada por el Ejecutivo consta de 25 objetivos, con metas para 2025 y 2030 y 88 medidas para alcanzarlos.

La ministra de Derechos Sociales ha explicado algunas de estas medidas. Se pondrá especial empeño, ha asegurado, en mejorar las tasas de escolarización en el primer nivel de educación. «Vamos a prestar especial atención a la educación infantil de 0 a 3 años porque la desigualdad se manifiesta de manera más clara en esta etapa. Los niños que viven en hogares con ingresos más bajos tienen tasas de escolarización menores que los que vienen de hogares más pudientes», ha justificado la ministra, que ha agregado que el objetivo es que en 2030 el gasto público en Educación suponga al menos el 5 por ciento del PIB.

El plan contempla que para 2030 la tasa de escolarización en menores de 2 llegue al 85% y al 50% en el caso del 20% de los niños más pobres de 0 a 3 años. También se aboga por garantizar los servicios de atención temprana en un plazo máximo de 45 días desde el momento de la solicitud.

El Gobierno también se propone que en 2026 no haya ningún menor de 6 años tutelado viviendo en centros de protección y que en 2030 no haya ninguno de menos de diez años. Para lograr este objetivo, Derechos Sociales afirma que pondrá en marcha un programa de familias de acogida.

Actualmente, el Gobierno afirma que hay 537 menores de 3 años y 640 de entre 4 y 6 años en acogimiento residencial. En total, el 47% de los niños y tutelados en el sistema de protección están en acogimiento residencial.

Otras de las medidas pasan por incluir la salud bucodental dentro del Sistema Nacional de Salud o garantizar «una vivienda digna» para los menores. «La cuestión de vivienda es un pilar fundamental en el desarrollo de los niños. Hay que acabar con la emergencia habitacional en España con un parque público de vivienda con alquiler suficiente y freno a los desahucios», ha señalado Belarra, que ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de aumentar las prestaciones sociales.

Las organizaciones de infancia celebran que se ponga en marcha esta estrategia. El presidente de Unicef, Gustavo Suárez, ha participado en la presentación y ha señalado la necesidad de que se implante un plan que pretende ayudar a las familias que se encuentran en peores condiciones. «Ahora empieza la parte más importante: llevar a cabo este plan y mantener muy alto el listón, porque la lucha contra la pobreza de los niños y niñas es uno de los grandes desafíos en nuestro país», ha afirmado.

Save the Children, por su parte, también ha celebrado esta hoja de ruta, destacando avances en asuntos como la lucha contra la segregación escolar, la escolarización de los más pequeños, la atención a la salud mental, la pobreza energética o los desahucios. Sin embargo, la organización también cree que el Gobierno debería haber incluido en el plan otros aspectos que, sin embargo, ha dejado fuera.

Así, la organización afea que no se aseguren asuntos como las becas comedor o que no se incluya una reforma fiscal «más justa con la infancia». Tampoco cree suficiente la inversión que se llevará a cabo. «Se echa en falta una mayor ambición en el uso del Fondo Social Europeo Plus (FSE+)», sostiene Save the Children en un comunicado.