Las claves del decreto que asfixia a la universidad privada: 4.500 alumnos en 6 años, un 10% de alojamiento o aval bancario

Sin embargo, a nadie se le escapa que el blanco de la diana es la privada, que no ha parado de crecer, tanto en número de centros como de alumnos. La ministra criticó que en los últimos 20 años se hayan creado 24 nuevas universidades privadas (hay 46 en total) y ninguna pública (son 50 las que dependen del Estado).

El aumento del alumnado, ha referido Morant, lo están absorbiendo casi en exclusiva las privadas, que ya matricula al 30% de estudiantes en España. Morant ha incidido en que un tercio de los grados en Ciencias de la Salud se presta en la privada, así como dos de cada tres másteres en esta rama. «Los estudiantes no prefieren ir a la privada, pero la pública no tiene suficientes plazas que ofrecer debido a la infrafinanciación de las comunidades». Además, considera que las elevadas notas de corte hacen que la privada se perciba como elitista. «La universidad pública, como ascensor social, se está quebrando». El Gobierno consuma así su asfixia a la privada y aprovecha para criticar la ley universitaria de Ayuso en la comunidad de Madrid. Defendió que el Ejecutivo actúa para que las privadas no puedan «aprovechar la oportunidad de negocio» que están dejando las públicas.

Hay que recordar que el texto ha recibido numerosas críticas tanto por parte del Consejo de Estado, del Ministerio de Economía o de organismos de peso como la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). Sin embargo, la versión final a la que ha tenido acceso ABC, no presenta grandes variaciones en su contenido, salvo por la genuflexión al PNV, la flexibilización de algún plazo y dos observaciones de carácter esencial que había realizado el Consejo de Estado.

Los ocho proyectos de universidades privadas cuyo procedimiento para su reconocimiento no se ha iniciado todavía deberán cumplir con los nuevos requisitos de creación de centros recogidos en el real decreto que se ha aprobado este martes.

En concreto, está pendiente que se inicie el procedimiento para el reconocimiento de ocho proyectos de universidades de Aragón (3), Extremadura (2), Canarias (1), Andalucía (1) y Asturias (1). Tres de estos ocho proyectos son universidades online.

La Comunidad de Madrid, Aragón y Extremadura ya han dicho que rechazan el decreto y que lo impugnarán. El consejero de Universidades de Madrid ha tildado la reforma de «esperpento normativo» y que supone un «ataque sin precedentes en la historia de la democracia española contra la iniciativa privada, contra la libertad de cátedra, de empresa y de educación».

La norma incorpora varios requisitos que dificultarán la apertura de nuevas universidades. El primero de todos es la necesidad de un 'visto bueno' por parte de las agencias de calidad autonómica o la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación) que antes no era necesario y que será recabado de oficio por la comunidad autónoma. Cualquiera que quiera abrir una nueva universidad privada tendrá que presentar una memoria y recibir el informe favorable de estas agencias. Esa memoria tendrá que presentarse anualmente.

Luego habrá otro informe elaborado por el Ministerio de Universidades que se elevará a la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), preceptivo pero no vinculante. Esto quiere decir que es obligatorio emitirlo, pero en caso de ser negativo no paralizará ninguna apertura. De hecho, este es uno de los puntos en los que los de Diana Morant han tenido que recular por exigencia del Consejo de Estado, puesto que este informe también iba a ser vinculante. La ministra ha recordado que de los 14 universidades que recibieron informes desfavorables, 4 centros seguirán adelante: tres en Extremadura y una en Madrid.

Las universidades privadas tendrán que alcanzar, en un plazo de seis años desde el inicio de su actividad, un mínimo de 4.500 alumnos matriculados. Este plazo ha sido flexibilizado en el texto final del decreto, puesto que en un primer momento se les daba 5 años para llegar a esa cifra. El límite ha sido intensamente criticado y juzgado como arbitrario, así como un impedimento para la especialización y no necesariamente sinónimo de calidad. Lo cierto es que este diario pudo saber que la línea roja en los 4.500 alumnos coincidía, casualmente, con los matriculados en la universidad pública más pequeña de España, la de la Rioja. Así, toda la pública quedaba 'salvada'.

Tanto las universidades públicas como las privadas tendrán que adquirir, para su creación o reconocimiento, el compromiso de disponer de una capacidad mínima de alojamiento estudiantil equivalente al 10 por ciento de las plazas de estudiantes universitarios de titulaciones oficiales, previstas en la memoria para el cuarto año de funcionamiento de la universidad o el quinto año en el caso de que se previeran en la referida memoria dobles titulaciones. Este punto también ha sido discutido, puesto que desde las universidades consideran que es más una exigencia que deberían asumir ministerios como el de Vivienda antes que el de Universidades, que se supone ha de velar exclusivamente por la excelencia académica.

Las universidades deberán disponer de una oferta académica conformada, al menos, por diez títulos oficiales de Grado, seis títulos oficiales de Máster y tres programas oficiales de Doctorado. En el total de esta oferta académica deben estar representadas al menos tres de las cinco ramas de conocimiento existentes (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura). Este requisito también ha sido cuestionado y tildado de arbitrario, puesto que es contrario a la especialización universitaria. Si, por ejemplo, una universidad está centrada en la rama económica, ahora deberá ofrecer titulaciones en otras dos ramas del conocimiento.

Por otra parte, después de seis años del inicio de las actividades académicas oficiales de una universidad, los alumnos de grado o doble grado deberán suponer como mínimo el 50% del total de alumnos matriculados. Una universidad no podrá, por ejemplo, tener un 60% de estudiantes de máster y un 40% de grado. La distribución tendrá que ser 50% grado-50% máster.

Hay una pequeña salvedad, cuando más del 50% de estudiantes matriculados sean extranjeros, se podrá ofrecer un 75% de plazas para alumnos matriculados en máster y un 35% para grado.

El decreto que aprueba hoy Diana Morant exige que aquel que quiera abrir una universidad privada cuente con un aval bancario depositado en la Caja General de Depósitos o un instrumento legal similar. Sin embargo, el Ministerio de Universidades ha tenido que eliminar la parte del decreto en la que se exigía que los promotores tuvieran experiencia en la gestión universitaria para poder abrir un nuevo centro. Esta era una de esas observaciones de carácter esencial que introdujo el Consejo de Estado en su dictamen y que Morant ha tenido que obedecer. Mantiene, sin embargo, que el equipo directivo sí tenga experiencia en gestión universitaria.

Además, el decreto obliga a las universidades a destinar el 5% de su presupuesto anual a la investigación y ha contar con 50% de doctores y doctoras para el conjunto de enseñanzas sobre la totalidad de la plantilla de profesorado. Además de contar con un sexenio de investigación.

El texto final ha flexibilizado algunas exigencias para el País Vasco que sí que tendrán que cumplir las demás autonomías: las universidades con una oferta de estudios mayoritariamente online serán de competencia estatal, exceptuando aquellas que cumplan uno de estos tres requisitos: las que cuenten con precios públicos fijados por cada comunidad autónoma (como la Universidad Oberta de Cataluña); las que tengan su sede en territorios con lengua propia cooficial y cuando al menos el 50% de la docencia se vaya a impartir en dicha lengua. Por último, las que tengan financiación parcial de la comunidad autónoma, con un mínimo del 20% del presupuesto de la universidad.

Las universidades virtuales, cuya docencia sea online en más del 80%, y con sede social en España tendrán que cumplir el requisito de que el 75% de su personal docente e investigador resida en España o en algún país de la Unión Europea. Es decir, una universidad online no podrá, por ejemplo, tener a un 30% de sus profesores impartiendo las clases desde Estados Unidos. Este punto, como ya alertaba el Consejo de Estado en su dictamen, podría provocar choques con Europa y atentar contra la libre circulación.