El Gobierno aprueba el decreto contra la universidad privada y desoye las críticas del Consejo de Estado y de Economía

Sin embargo, es importante recordar que la última pública que se abrió en nuestro país fue la Politécnica de Cartagena, en 1998. Por lo tanto, a nadie se le escapa que el blanco de la diana es la privada, que no ha parado de crecer en los últimos años, tanto en número de centros como de alumnos.

A pesar de las numerosas críticas recibidas tanto por parte del Consejo de Estado, del Ministerio de Economía o de organismos de peso como la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), el decreto se aprueba hoy sin grandes variaciones en su contenido, salvo por la genuflexión al PNV, la flexibilización de algún plazo y dos observaciones de carácter esencial que había realizado el Consejo de Estado.

ABC ha accedido al texto final que hoy se aprueba en el Consejo de Ministros.

La norma incorpora varios requisitos que dificultarán la apertura de nuevas universidades. El primero de todos es la necesidad de un 'visto bueno' por parte de las agencias de calidad autonómica o la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación) que antes no era necesario y que será recabado de oficio por la comunidad autónoma. Cualquiera que quiera abrir una nueva universidad privada tendrá que presentar una memoria y recibir el informe favorable de estas agencias.

Luego habrá otro informe elaborado por el Ministerio de Universidades que se elevará a la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), preceptivo pero no vinculante. Esto quiere decir que es obligatorio emitirlo, pero en caso de ser negativo no paralizará ninguna apertura. De hecho, este es uno de los puntos en los que los de Diana Morant han tenido que recular por exigencia del Consejo de Estado, puesto que este informe también iba a ser vinculante.

Las universidades privadas tendrán que alcanzar, en un plazo de seis años desde el inicio de su actividad, un mínimo de 4.500 alumnos matriculados. Este plazo ha sido flexibilizado en el texto final del decreto, puesto que en un primer momento se les daba 5 años para llegar a esa cifra. El límite ha sido intensamente criticado y juzgado como arbitrario, así como un impedimento para la especialización y no necesariamente sinónimo de calidad. Lo cierto es que este diario pudo saber que la línea roja en los 4.500 alumnos coincidía, casualmente, con los matriculados en la universidad pública más pequeña de España, la de la Rioja. Así, toda la pública quedaba 'salvada'.

Tanto las universidades públicas como las privadas tendrán que adquirir, para su creación o reconocimiento, el compromiso de disponer de una capacidad mínima de alojamiento estudiantil equivalente al 10 por ciento de las plazas de estudiantes universitarios de titulaciones oficiales, previstas en la memoria para el cuarto año de funcionamiento de la universidad o el quinto año en el caso de que se previeran en la referida memoria dobles titulaciones. Este punto también ha sido discutido, puesto que desde las universidades consideran que es más una exigencia que deberían asumir ministerios como el de Vivienda antes que el de Universidades, que se supone ha de velar exclusivamente por la excelencia académica.

Las universidades deberán disponer de una oferta académica conformada, al menos, por diez títulos oficiales de Grado, seis títulos oficiales de Máster y tres programas oficiales de Doctorado. En el total de esta oferta académica deben estar representadas al menos tres de las cinco ramas de conocimiento existentes (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura). Este requisito también ha sido cuestionado y tildado de arbitrario, puesto que es contrario a la especialización universitaria. Si, por ejemplo, una universidad está centrada en la rama económica, ahora deberá ofrecer titulaciones en otras dos ramas del conocimiento.

Por otra parte, después de seis años del inicio de las actividades académicas oficiales de una universidad, los alumnos de grado o doble grado deberán suponer como mínimo el 50% del total de alumnos matriculados. Una universidad no podrá, por ejemplo, tener un 60% de estudiantes de máster y un 40% de grado. La distribución tendrá que ser 50% grado-50% máster.

Hay una pequeña salvedad, cuando más del 50% de estudiantes matriculados sean extranjeros, se podrá ofrecer un 75% de plazas para alumnos matriculados en máster y un 35% para grado.

El decreto que aprueba hoy Diana Morant exige que aquel que quiera abrir una universidad privada cuente con un aval bancario depositado en la Caja General de Depósitos o un instrumento legal similar. Sin embargo, el Ministerio de Universidades ha tenido que eliminar la parte del decreto en la que se exigía que los promotores tuvieran experiencia en la gestión universitaria para poder abrir un nuevo centro. Esta era una de esas observaciones de carácter esencial que introdujo el Consejo de Estado en su dictamen y que Morant ha tenido que obedecer.

Además, el decreto obliga a las universidades a destinar el 5% de su presupuesto anual a la investigación y ha contar con 50% de doctores y doctoras para el conjunto de enseñanzas sobre la totalidad de la plantilla de profesorado.

El texto final ha flexibilizado algunas exigencias para el País Vasco que sí que tendrán que cumplir las demás autonomías: las universidades con una oferta de estudios mayoritariamente online serán de competencia estatal, exceptuando aquellas que cumplan uno de estos tres requisitos: las que cuenten con precios públicos fijados por cada comunidad autónoma (como la Universidad Oberta de Cataluña); las que tengan su sede en territorios con lengua propia cooficial y cuando al menos el 50% de la docencia se vaya a impartir en dicha lengua. Por último, las que tengan financiación parcial de la comunidad autónoma, con un mínimo del 20% del presupuesto de la universidad.

Las universidades virtuales, cuya docencia sea online en más del 80%, y con sede social en España tendrán que cumplir el requisito de que el 75% de su personal docente e investigador resida en España o en algún país de la Unión Europea. Es decir, una universidad online no podrá, por ejemplo, tener a un 30% de sus profesores impartiendo las clases desde Estados Unidos. Este punto, como la alertaba el Consejo de Estado en su dictamen, podría provocar choques con Europa y atentar contra la libre circulación.