Un centenar de jueces de Violencia sobre la Mujer se revuelven contra Bolaños: «No podemos abarcar lo que se nos avecina»

Así lo aseguran 123 jueces de toda España en un comunicado al que ha tenido acceso ABC en el que avecinan de un «anunciado y más que previsible colapso» con esta nueva asunción de competencias que implica que a los delitos de violencia que se producen en el seno de la pareja se suman ahora los que producen fuera de ella, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina.

«El 8 de marzo de 2025, 108 magistrados y magistradas destinados en estos Juzgados emitimos un comunicado con objeto de trasladar a la ciudadanía las nefastas consecuencias que ello iba a suponer en unos órganos sobrecargados desde hace años, en los que, tras varias reformas legales, se les han ido otorgando nuevas competencias, sin que ello haya ido acompañado de un aumento del número de jueces y juezas de Violencia sobre la Mujer, sino que, por el contrario, en muchos casos lo que se ha hecho es concentrar en un solo Juzgado el trabajo que antes llevaban varios», apuntan.

Ante ese comunicado, prosiguen, el ministro de Justicia anunció que se iban a crear un 50 % más de plazas destinadas a las Secciones de Violencia sobre la Mujer, y dotar de recursos «allá donde fuera necesario».

«Pero la realidad es muy distinta -lamentan-. No sólo no se ha creado ese 50% de plazas prometido (en la mayoría de los partidos judiciales nada se crea), sino que a día de hoy ni siquiera se han dotado a los Juzgados de los refuerzos que también se prometieron hasta que se crearan esas plazas, el 1 de enero de 2026. Refuerzos que ahora se van a limitar a comisiones de servicio sin relevación de funciones, esto es, nombrar jueces que, además de su trabajo, saquen parte del papel que se acumula en estos órganos judiciales. Nada que implique su presencia física en los mismos. Nada».

Los jueces advierten de que en la mayoría de los partidos judiciales no se han adaptado las sedes para poder llevar a cabo esa labor en unas mínimas condiciones de dignidad y confort para las mujeres y sus hijos e hijas. Tampoco han aumentado los servicios auxiliares para llevar a cabo su labor con más forenses, personal en los órganos judiciales y en las oficinas de atención a las víctimas, así como en el servicio de asistencia jurídica.

Aseguran que aunque, como ha sucedido con los problemas técnicos de las pulseras antimaltrato, asumirán «hasta donde podamos todas esas carencias» para asegurar el buen trato y protección de las víctimas. Pero advierten de que «esta vez no podremos abarcar todo lo que se avecina, porque es inasumible». «No podremos seguir realizando nuestra labor a costa de nuestro sacrificio personal, porque ni siquiera eso será suficiente». «Lo dijimos, lo anunciamos, lo comunicamos. Pero de nada sirvió», lamentan.

Horas antes de ese comunicado que se fraguando varios días, el Ministerio de Justicia envió ayer una nota de prensa informando de que las secciones de violencia sobre la mujer verán aumentada su plantilla un 42% antes de acabar el año, pues el Gobierno «ha aprobado (el 3 de junio) la creación de 50 plazas judiciales y 42 de fiscales que se irán incorporando progresivamente a partir de octubre».

El Ministerio informa de que de las 50 plazas creadas, 8 entran en funcionamiento en octubre en las secciones de violencia sobre la mujer de Ayamonte y Marbella (Andalucía); Arona (Canarias); L'Hospitalet de Llobregat (Catalunya); Llíria y Vila-Real (Comunitat Valenciana); Manacor (Illes Balears) y Arganda del Rey (Madrid). Las 42 restantes entrarán en funcionamiento en diciembre cuando se creen los correspondientes Tribunales de Instancia.

Entre tanto, dice el departamento de Bolaños, el Ministerio dotará a los juzgados de los refuerzos temporales necesarios, a través de jueces sustitutos o de jueces en comisión de servicio.

«Cabe recordar que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Ministerio es el responsable de la creación y dotación presupuestaria de una nueva plaza y el CGPJ de la convocatoria para su ocupación. En el caso de refuerzos temporales son los tribunales superiores de justicia quienes inician el procedimiento elevando su solicitud al CGPJ que, finalmente, envía la petición de autorización económica al Ministerio», recalca la nota.

Fuentes jurídicas consultadas por ABC consideran que el medio centenar de jueces al que alude Bolaños es «claramente insuficiente» y llegará tarde. A ellos se suma, además, que no viene acompañado de nuevos recursos.