Cataluña arranca el curso que podría devolver el castellano a las aulas

Una veintena de docentes se han concentrado a primera hora de la mañana ante la escuela Mercè Rodoreda de Barcelona, donde el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dado el pistoletazo de salida al nuevo curso. Protestan para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y que «deje de castigarse a la escuela pública».

Consignas como 'Menos discursos y más recursos', 'Tres días para preparar un curso es una vergüenza' y 'Abuso de poder por parte de las direcciones han sido coreadas por los manifestantes que también han reclamado a la consejera de Educación Anna Simó «menos palabras y más hechos».

La actividad escolar ha arrancado con normalidad aparente -el impacto del paro docente ha sido mínimo- pero con la previsión de que se avecinan unos meses complicados para las autoridades educativas catalanas. Este curso está previsto (aún no hay fecha marcada) que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la «posible inconstitucionalidad» del decreto ley 6/22, que impide la aplicación de porcentajes lingüísticos en las aulas, y la Ley 8/22 de la Cámara catalana.

Ambas normas fueron aprobadas 'in extremis' por el Govern para bloquear la ejecución del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de diciembre de 2020 que dicta un 25 por ciento de castellano en todo el sistema. Si el TC no avala finalmente su constitucionalidad podría desencallarse definitivamente la obligación de aplicar más castellano en las aulas, lo que supondría un «paso decisivo en la lucha contra la discriminación del español en el sistema educativo catalán», según apuntan desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB).

Según avanzó la consejera el lunes, este curso la Generalitat seguirá reforzando el uso del catalán en el ámbito educativo, dentro y fuera de las aulas; es decir tanto en horario lectivo como en el tiempo de ocio de los alumnos. En este sentido, Simó anunció que se pondrán en marcha talleres lingüísticos en 800 nuevos centros, y se pondrán en marcha ocho aulas de acogida exprés en Barcelona, un nuevo modelo que, en paralelo a las tradicionales aulas de acogida, está probando la Generalitat y que, tal y como avanzó ABC en su edición del 19 de abril de 2023, pretende 'catalanizar' a los inmigrantes que cursan Bachillerato antes de que recalen en los institutos.

Anna Simó admitió también que no se esperan buenas noticias con lo que respecta a los resultados de las pruebas de competencias básicas, que, previsiblemente, se conocerán a finales de septiembre. «La tendencia continúa y, a grandes rasgos, no es la de remontar», afirmó.

El curso que ahora arranca en Cataluña, con 20.000 alumnos menos por el descenso de la natalidad, presenta novedades como el cheque de 100 euros para material escolar, la subida del precio del comedor, y la implantación, por primera vez, de la figura del referente de coeducación, convivencia y bienestar emocional. La Generalitat ha destinado 80 millones de euros a la escolarización del alumnado vulnerable como medida contra la segregación escolar.