Carta al Comisario europeo de Justicia para denunciar los ataques de la Generalitat al sistema judicial

Por ello, Impulso Ciudadano (IC) se ha dirigido al comisario de Justicia, Didier Reynders, para poner en su conocimiento estos hechos, «que atestiguan el ataque constante a nuestro Estado de Derecho por parte del Gobierno de la Generalitat», señala IC. En la misiva, la entidad recuerda al dirigente europeo que «el gobierno regional catalán incumple sistemáticamente la recomendación de respetar desde el poder ejecutivo las decisiones judiciales y critica a los jueces de manera sistemática cuando se pronuncian en un sentido contrario a los planteamientos nacionalistas; especialmente en temas relacionados con la lengua en la educación».

Recuerdan que «con independencia de si el contenido de las decisiones judiciales criticadas afecta o no de manera directa a competencias de la UE; lo que sí es competencia de las instituciones europeas y, en particular, de la Comisión Europea, es la vigilancia del respeto a los principios y valores que recoge el art. 2 del TUE en todos los Estados miembros; principios y valores que incluyen el respeto al Estado de Derecho, siendo la independencia judicial un elemento esencial de éste; tal y como ha establecido de manera reiterada tanto la Comisión Europea como el Tribunal de Luxemburgo«.

Impulso Ciudadano insta al ente europeo a «actuar cuando el poder ejecutivo -y aquí carece de sentido diferenciar entre poder ejecutivo central o regional, pues todos ellos están vinculados por el art. 2 del TUE- atenta contra el Estado de Derecho por la vía de criticar a los jueces e intentar desautorizarlos cuando se dictan resoluciones que no se ajustan a lo que ese poder ejecutivo desea«.

«En este caso, -añade- las decisiones cuestionadas por el gobierno regional son dos recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que reconocían a dos familias que lo habían solicitado el derecho de que sus hijos reciban una enseñanza en la que se usen como lenguas de aprendizaje tanto el catalán como el castellano«.

«El deterioro de la imagen de la Justicia como consecuencia de los ataques que reciben los jueces por parte del poder ejecutivo daña el Estado de Derecho. En el caso del gobierno catalán estos ataques son constantes. Los que aquí se denuncian no son los primeros, pero confiamos en que llegue el momento en el que las instituciones europeas adviertan al ejecutivo regional que éste no es el camino«, concluyen los firmantes.

Por su parte, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha dirigido otra misiva a la consejera de Educación advirtiéndole del posible efecto de sus descalificaciones públicas al sistema judicial. En la carta, consultada por ABC, la entidad, que dirige Ana Losada, reprocha a Simó sus declaraciones a raíz de las sentencias del TSJC en los centros educativos Turó del Drac, de Canet de Mar, en la que una familia fue acosada por pedir más castellano para su hija, y Sant Jaume de El Prat de Llobregat (Barcelona).

«La consejera descalifica el poder judicial de forma irresponsable para presionar a los jueces y desautorizarles públicamente«, dice Losada. Asimismo, la entidad »denuncia públicamente un 'supuesto' acoso a los centros educativos implicados sin pruebas que lo confirmen«. »Sus manifestaciones legitiman a quienes acosan a los padres que solicitan ver reconocidos sus derechos lingüísticos«, advierte la AEB a la consejera.