La AEB y SCC presentan alegaciones al decreto lingüístico de la Generalitat: «Es claramente inconstitucional»
La entidad presidida por Losada entregará el decreto y las alegaciones a la misión europea que analiza el sistema escolar de Cataluña
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La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha presentado este viernes alegaciones ante la Consejería de Educación de la Generalitat de Cataluña contra el decreto educativo que regula el uso lingüístico, dado a conocer en julio, y ha pedido su retirada «ante la ... evidencia de que es claramente inconstitucional y una norma con perfiles totalitarios». Así lo ha informado la entidad este sábado, anunciando también que las alegaciones y el proyecto serán entregados a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que tiene previsto examinar el sistema catalán, con el objetivo de que «sean tenidas en cuenta ante la próxima misión a Cataluña de esta institución».
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En opinión de la entidad que preside Ana Losada, el proyecto de decreto es «notoriamente inconstitucional» a la luz de la doctrina jurídica consolidada por el Tribunal Constitucional. Este proyecto de decreto «rompe de forma expresa el patrón constitucional de igualdad estructural de las lenguas cooficiales al excluir el carácter oficial y, por tanto, vehicular del castellano, y establecer las condiciones concretas de preferencia exclusiva del catalán en normas reglamentarias sobre uso de las lenguas cooficiales y los proyectos lingüísticos», ha señalado la AEB.
Entre otras razones esgrimidas por esta entidad, el decreto «impone de forma rotunda el monolingüismo catalán con exclusión palmaria del castellano y utiliza la lengua como herramienta de exclusión con el objetivo de levantar barreras lingüísticas que dificulten la movilidad de trabajadores y familias».
Igualmente, «impone la inmersión obligatoria en catalán a los alumnos de habla castellana y vulnera el derecho de los docentes al uso vehicular de la lengua castellana, y establece el catalán (con la excepción del aranés en Arán) como única lengua vehicular, única lengua de aprendizaje de las materias no lingüísticas, única lengua de comunicación interna de la comunidad educativa, única lengua de comunicación con las familias de los alumnos (prevé incluso el uso de servicios de traducción para evitar cambiar de lengua), única lengua de documentación y rotulación de los espacios institucionales, única lengua de acogida de nuevos alumnos en su ingreso en el segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, y única lengua de las pruebas de evaluación», según ha analizado la AEB.
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En resumen, el español queda «reducido» al uso de lengua extranjera. Pero también se ha lamentado desde la entidad que esta norma supone un «control político» en los centros escolares, para alumnos y docentes; se extralimita en las competencias de la Generalitat para el acceso a la función de docente en materia lingüística y, también, se pone fin a la autonomía de centro, para los que quieran revertir el monolingüismo exclusivamente en catalán.
SCC: es una restricción grave de un derecho constitucional
También ha presentado alegaciones Societat Civil Catalana (SCC) «por restringir gravemente el derecho constitucional al uso del castellano». Según ha informado la entidad que preside Elda Mata, el decreto lingüístico es «claramente inconstitucional». SCC entiende, en base a las distintas sentencias judiciales firmadas a los largo de los años, que «la competencia estatutaria para atribuir a la lengua de Cataluña la condición de vehicular no puede ejercerse en términos de exclusividad o preferencia, pues afectaría a la posición del castellano de modo inconstitucional al poner en peligro el derecho a su uso y el cumplimiento del deber de su conocimiento».
Para esta asociación, el proyecto de decreto supone una «flagrante vulneración» del artículo 3 de la Constitución, donde se establece que todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo, independientemente de en qué comunidad autónoma residan. «El nuevo modelo lingüístico que el gobierno nacionalista pretender implantar en Cataluña no respeta la protección jurídica que la garantía de la cooficialidad asegura al castellano y, además de restringir gravemente el derecho constitucional a su uso, impediría el cumplimiento constitucional del deber de conocimiento de la lengua española», han señalado desde SCC.
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Así, en opinión de la entidad, «la diversidad lingüística en las autonomías con lengua cooficial es una riqueza que ha de ser protegida y fomentada, pero sin crear divisiones y segregaciones innecesarias basadas en el uso de una determinada lengua materna» y «limitar a los estudiantes el aprendizaje y dominio de la lengua común de España, tal como pretende el proyecto, tendrá un impacto extraordinariamente negativo en la educación en Cataluña».
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