Bustinduy aprovecha la muerte de Jane Goodall para resucitar la ley de grandes simios

Se trata, según la nota que ha hecho pública el propio ministerio, de «una propuesta pionera en el mundo, con la que España se convertiría en el primer país en reconocer, por ley, derechos básicos para los grandes simios». Orangutanes, gorilas, bonobos y chimpancés —a los que dedicó parte de sus estudios Goodall— serían beneficiarios de estos derechos, entre los que se incluye «erradicar el tráfico ilegal de estas especies, establecer la prohibición expresa de tenencia, experimentación o investigación cuando ello pueda producirles daño o sufrimiento, la prohibición de su utilización con fines comerciales y espectáculos que menoscaben su dignidad, así como establecer unas condiciones rigurosas para su custodia». Además, «la intención es restringir su tenencia y cría en cautividad en parques zoológicos».

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El anuncio se produce tras la reunión de Bustinduy con las principales asociaciones del sector, y aunque la nota del ministerio parece sugerir que el encuentro ha sido una iniciativa gubernamental, las entidades participantes hablan de «muchos meses de espera». Además, recuerdan que las últimas semanas han redoblado la presión sobre el ministerio para que lleve adelante esta ley, con iniciativas como la recogida de más de 71.000 firmas de apoyo y la carta que le enviaron 140 asociaciones, entre las que se incluye el Instituto Jane Goodall, hace unas semanas al ministerio en la que reclamaban un «impulso» a esta norma.

En marzo de 2023 la Ley de Bienestar Animal establecía en una disposición adicional que el Gobierno «en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, deberá presentar un proyecto de ley de grandes simios». Incluso con las generales de julio por medio, el Ejecutivo no parecía tener mucha prisa en cumplir el mandato y no sería hasta julio de 2024 cuando el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 aprobaba la consulta pública previa para lo que entonces denominaba «anteproyecto de Ley de los grandes simios».

Aquel documento argumentaba la necesidad de una legislación de este tipo en el hecho de que «la ciencia también ha demostrado que los grandes simios no son sólo seres sintientes, sino que disponen de capacidades cognitivas como el aprendizaje, la comunicación o el razonamiento complejo que los acercan a los seres humanos». Y en ese sentido, y como fuente de autoridad, el documento explicaba que estos animales «comparten los quince atributos que en su día el bioético Joseph Fletcher estableció para definir la personalidad humana».

Así, en el texto no aparece ninguna referencia explícita a la etóloga británica, ni tampoco a sus aportaciones en materia de conservación y bienestar animal, ni a uno de sus descubrimientos clave: el hecho de que los chimpancés son capaces de fabricar herramientas, lo que bien podría respaldar las pretensiones de esta norma. Por contra, la consulta pública recordaba la primera iniciativa parlamentaria en este sentido, la aprobación en junio de 2008 por parte del Congreso de la «Proposición no de Ley sobre el Proyecto Gran Simio».

El documento daba de plazo hasta el 31 de julio de 2024 para que ciudadanos, organizaciones y asociaciones hicieran llegar sus opiniones sobre la cuestión. Sin embargo, no ha sido hasta ahora, un año y tres meses después, a dos semanas del fallecimiento de la naturalista británica, cuando el Ministerio de Derechos Sociales ha anunciado que «pondrá en marcha la 'Ley Jane Goodall' para proteger a los grandes simios».

De acuerdo con la nota de prensa de Derechos Sociales, el ministro Pablo Bustinduy «se ha reunido esta mañana [por el lunes] con varias organizaciones promotoras» de la norma, dando a entender que la iniciativa había partido del ministerio. Sin embargo, la versión que una de las instituciones participantes, la Fundación MONA, presenta en su web difiere un tanto: «Hoy nos reunimos en la sede del ministerio con el ministro Pablo Bustinduy para presentarle una solicitud formal para constituir un grupo de trabajo técnico, integrado por juristas expertos en derecho animal, primatólogos y profesionales del bienestar animal».

En la nota de prensa previa a la reunión —que encabeza el significativo título de «La ley dormida de los grandes simios despierta»— se señala que han sido las principales organizaciones especializadas quienes «han alcanzado un acuerdo conjunto con el objetivo de fortalecer y dar coherencia técnica al anteproyecto legislativo que prepara el ministerio». Además, añaden que le harán entrega «de una serie de requisitos mínimos que la futura ley debería incorporar para cumplir con los compromisos científicos, éticos y legales adquiridos y que las organizaciones hemos consensuado».

De nuevo, esta nota de prensa previa habla de «grandes simios», sin hacer ninguna referencia a Goodall. El calificativo parece, por tanto, obra del ministerio, que en su nota de prensa asume que «ya se encuentra preparando el texto legal de la 'Ley Jane Goodall' que pretende proteger la dignidad, el derecho a la vida, a la libertad y a la no tortura de los grandes simios». Además, explica que «la norma lleva el nombre de la reconocida científica británica como homenaje a su incansable labor divulgativa y ética en defensa de estas especies».

La nota también recuerda que «el anuncio del ministerio llega apenas unos días después de que falleciera la etóloga Jane Goodall a los 91 años, considerada pionera en el estudio de los primates y conocida por su gran labor en materia de conservación y defensa del bienestar animal». Y añade que Pablo Bustinduy llegó a reunirse con Goodall «este mismo año para tratar el desarrollo de la ley». Parece referirse a la videoconferencia que mantuvieron con la naturalista el 8 de mayo pasado. Sobre el encuentro, el propio ministro explicaba en redes sociales: «Fue un honor recibirla y compartir nuestra hoja de ruta para desarrollar la Ley de Bienestar Animal». Tampoco había, por entonces, ni rastro de los grandes simios, ni mucho menos, de la «Ley Goodall».