Se buscan respuestas para las 34.316 muertes registradas en residencias durante la pandemia

La investigación supone buscar una respuesta a las 34.316 muertes que desde el 14 de marzo de 2020 se han contabilizado en los centros residenciales de ancianos, según los datos recopilados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Estas cifras -de las que informan las comunidades autónomas cada semana- siguen sin representar del todo la realidad, especialmente de los primeros meses de la pandemia, cuando las pruebas de detección del virus eran prácticamente inexistentes.

De hecho, las muertes confirmadas por test, según los datos, son, hasta el pasado 2 de octubre, 23.824. Las otras 10.492 corresponden a fallecimientos que se dieron entre el 14 de marzo de 2020 y 22 de junio del mismo año de personas que, pese a tener todos los síntomas compatibles con la enfermedad, no tuvieron la confirmación mediante un test. Son en los decesos que sucedieron en ese período en los que no se muestra toda la realidad, pues algunas autonomías notificaron cero fallecidos por coronavirus al no poder confirmar la enfermedad. Es el caso de Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Murcia, Ceuta y Melilla.

Además, algunas comunidades no conocen el número exacto de mayores fallecidos por el virus en residencia en determinados períodos. Es el caso de Castilla-La Mancha, de la que no se dispone de información desde junio de 2020 hasta enero de 2021 o de Cataluña, que solo reconoce los casos en los que antes de morir se obtuvo una prueba positiva del virus. Madrid, por su parte, no incluye a las personas que murieron en los hospitales entre el 14 de marzo de 2020 y el 4 de abril de 2021.

«Estas cifras tienen toda la credibilidad que pueden tener las comunidades autónomas al darlas», sentencia Miguel Vázquez, presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare), que cree que aunque el número total de fallecidos en residencias de mayores por el virus no distarán demasiado de las oficiales, no son fieles a la realidad. Esta inexactitud, apunta, responde a que en determinados momentos no todas las regiones han notificado todas las muertes.

Los familiares de los fallecidos, quienes para la Fiscalía son «víctimas indirectas», ven en la orden una posibilidad de conocer todas las que circunstancias que rodearon la muerte de sus seres queridos, y sobre todo si tras ellas hubo alguna negligencia o indicio de delito. «Nunca es tarde si la dicha es buena», celebra Carmen López, presidenta de la Asociación por los Derechos de los Mayores y sus familiares (Ademaf). «Esperanzas, todas», remarca por su parte Vázquez. Hasta ahora, ningún fallecimiento se ha achacado a malas prácticas en las residencias.

Sin embargo, no confían demasiado en que la investigación dé frutos. «Creemos que se va a encontrar con un panorama desolador cuando pida a las Fiscalías que les pasen la información o investigaciones que se han hecho y vean que no hay nada», critica López.

La presidenta de Ademaf, que perdió a su madre a causa del Covid-19, califica de «inactividad y pasividad» la actitud que durante estos dos años y medio ha tenido la Fiscalía respecto a los fallecimientos de mayores en residencias. «La mayoría se han querido archivar desde el inicio», sostiene. Una visión que comparte muy a su pesar Vázquez, para quien esta orden supone, a su juicio, «un giro de 180 grados». El sentido común le lleva también a pensar que la investigación no será todo lo fructífera que debería, especialmente si no se rescatan los casos que, durante este tiempo, ya han sido archivados: «La duda que nos surge es qué va a pasar con los procedimientos archivados».

El oficio firmado por el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, al que tuvo acceso ABC, siguiendo instrucciones del fiscal general, Álvaro García Ortiz, impone a las territoriales que dicten órdenes a su vez para que estos familiares sean «oídos» en los procedimientos, interesen en causas judiciales que se les tome declaración y «asistan» a la misma cuando se produzca.

Además, impone un sistema de dación de cuentas que renueva el anterior porque entiende que la Fiscalía necesita «contar con información de mayor calidad acerca de los procedimientos penales incoados en las fiscalías territoriales y órganos judiciales de todo el Estado, que por su indudable importancia y trascendencia deben ser puestos en conocimiento del fiscal general».

Esto se traduce en que los fiscales tienen 30 días para remitir a la Fiscalía General el número de diligencias de investigación sobre muertes en residencias de ancianos hasta el pasado septiembre, la cifra de denuncias o querellas que hayan interpuesto en lo que va de 2022 y el número de procedimientos judiciales en tramitación en los juzgados o tribunales de sus respectivas comunidades autónomas. Además, recuerda a todas las Fiscalías que las familias, en estos casos, son «víctimas indirectas».

Sin embargo el momento del anuncio siembra también ciertas dudas. El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, mostró ayer su asombro. «Sorprende un poco que a raíz de ciertos acontecimientos la Fiscalía vuelva con el tema de las residencias cuando ha habido muchas denuncias en la Comunidad de Madrid, todas archivadas, y parece que hay una intención clara de abrir este tema», dijo, en alusión a unas polémicas palabras del vicepresidente de la comunidad, Enrique Ossorio, sobre las muertes en residencias al referirse a que los familiares «ya lo han superado».

«Lo importante es que haya justicia», pide Carmen López, que prefiere no pronunciarse sobre si se trata de «cuestiones electoralistas o políticas».

Sin embargo, para Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps), la orden de la Fiscalía forma parte de una «guerra política». «A nosotros nos pilla en medio y me entristece que se utilice a la gente mayor», lamenta. Lo que ya se ha demostrado, afirma, es que el sistema sanitario, ante el colapso, dejó de atender a las residencias de mayores, es decir, discriminó por edad. «Esto es grave, pero ya se sabe. El sector está agotado, después de dos años y medio durísimos ahora nos sentimos juzgados, nadie va a querer trabajar aquí», denuncia.