ERC, PNV y Bildu quieren borrar al Rey de la expedición de títulos universitarios

En lo que llaman una «mejora técnica» del texto legal, ERC y Bildu consideran «injustificado» que los títulos universitarios oficiales sean expedidos en nombre del Jefe del Estado. «Entendemos que dicha disposición no emana de ningún precepto constitucional (como podría ser el caso de la Justicia en virtud del artículo 117.1 CE) y que por tanto es de estricta configuración legal».

En el caso del PNV, pide la eliminación del monarca basándose en la siguiente justificación: «Los títulos deben ser expedidos por la autoridad universitaria, que es la que reconoce el correcto desempeño de la actividad académica por su titular, merecedora de su obtención«. Actualmente, la ley señala que el «Gobierno, mediante real decreto, previo informe del Consejo de Universidades, establecerá las directrices y condiciones para la obtención y expedición de los títulos universitarios oficiales. Éstos serán expedidos, en nombre del Rey, por el Rector o Rectora de la universidad». Lo que determina la ley del ministro de Universidades, Joan Subirats, en cualquier caso, no es nuevo: históricamente los títulos han sido expedidos en nombre del Rey.

Solo hubo una excepción: Felipe VI desapareció de este redactado por primera vez en la historia de este país cuando se aprobó la presente ley, en agosto del año pasado. Todavía estaba el frente del ministerio de Universidades, Manuel Castells, originario de Albacete y fiel defensor del proceso secesionista catalán. El borrador de la norma fue adelantado por ABC y cuando el texto llegó al Consejo de Ministros se mantuvo la redacción que dejaba afuera al Rey. No hubo rectificación.

Entonces, la norma se aprobaba en primera vuelta. Tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Castells se justificó diciendo que «no hace falta poner al Rey, sería redundante porque un decreto de 2010 ya lo mencionaba. El problema es que un real decreto no está por encima de una ley orgánica. Si esta quita la figura de Felipe VI, un real decreto no puede contradecir el contenido de la misma. De hecho, el mencionado real decreto de 2010 desarrolla la ley universitaria anterior, es decir, la Ley Orgánica de Universidades (Lou) de 2001 (y sus posteriores modificaciones). ¿Esto que significa? Que si hay una nueva ley orgánica, tiene que haber un nuevo real decreto de expedición de títulos. Castells, ante esto dijo: «Es que todavía no hay ley orgánica aprobada y además no quita nada».

Pese a estas explicaciones, cuando llegó la nueva versión de la ley (también adelantada por este periódico) en el mes de octubre, el Rey, sorpresivamente, volvió a ser incluido. Un mes después, a mediados de diciembre, Castells dimitía como ministro de Universidades.

Su norma había sido contestada por todos los sectores y diversos motivos. El Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (Ceune) criticó que la norma no suponía «ningún avance respecto a la Ley Orgánica de Universidades vigente», mientras la Conferencia de Rectores (Crue) dijo que el nuevo texto »no representa un modelo de universidad y de sistema universitario reconocible y competitivo«. Entonces, su presidente, José Carlos Gómez Villamandos, también rector de la Universidad de Córdoba, reconoció a ABC sentirse «honrado por expedir títulos en nombres del Rey». Los sindicatos, como CC.OO. o UGT, también criticaron la norma de Castells, incluso cuando el exministro introdujo cambios en la norma para contentar a los sectores afectados.

Joan Subirats, el nuevo ministro en reemplazo del albaceteño, aprobó en junio el anteproyecto en segunda vuelta, con el nombre del Rey en el redactado. Si bien dijo que quería «hacer suya» la norma, esta no cambió mucho de las versiones anteriores, que defendían la perspectiva de género y abrían la posibilidad de que los profesores titulares sean rectores. La mayor novedad fue que metió 'por la puerta de atrás' a 25.000 profesores asociados convirtiéndolos en indefinidos.