Dimite el ministro Manuel Castells, tras fracasar su ley universitaria

Esta norma es la que también pretendía poner a profesores titulares a dirigir los campus, cuando ahora lo hacen los catedráticos y que incluyó la perspectiva de género en toda la normativa.

Desde su equipo de prensa señalan que ha dejado el cargo por problemas de salud, pero fuentes consultadas también lo vinculan a su incapacidad para sacar adelante su proyecto estrella, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). «Es una persona egocéntrica, no le gustó que su ley fuera contestada», apuntan fuentes cercanas al ministro.

Tras desgranar ABC su ley, el ministro le contestó a este periódico que «sería redundante» incluir al Monarca en la expedición de títulos porque en el decreto de expedición de títulos del año 2010 sí lo menciona. Sin embargo, y consciente de que un real decreto nunca puede contradecir a una ley orgánica, se terminó incluyendo a Felipe VI.

Esto no fue lo único que se le criticó de su norma. Los estudiantes, tanto de asociaciones más de izquierdas como otras más alineadas a la derecha, salieron a la calle para manifestarse en contra de la ley. El Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE), la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP) y otras organizaciones convocaron el pasado 18 de noviembre un paro académico y movilizaciones en rechazo a la 'ley Castells' .

Entendía, el Ceune, presidido por el mismísimo Castells, que la norma no suponía «ningún avance respecto a la Ley Orgánica de Universidades vigente» y que tampoco conseguía « solucionar los principales problemas del estudiantado , como la ausencia de procedimientos que garanticen sus derechos o la falta de innovación docente y modernización de los títulos universitarios, ni incrementará las vías de participación estudiantil en la toma de decisiones o en la vida universitaria». La Creup, por su parte, dijeron que la importancia del paro radicaba en «reivindicar una universidad que gire en torno al estudiante y la comunidad universitaria en su conjunto , en la que esta sea realmente partícipe en la toma de decisiones: una universidad pública, gratuita, democrática y de calidad».

Los rectores, por su parte, le pidieron más autonomía y financiación para modernizar y hacer más competitivas a las universidades . En el primer comunicado frontalmente en contra de la ley, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) dijo que la normativa «no representa un modelo de Universidad y de sistema universitario reconocible y competitivo».

Más tarde, la CRUE se negó a emitir un informe sobre la ley en el Consejo de Universidades al no tener el documento final. «La relación que hemos tenido en la pandemia y el confinamiento no han sido malas; luego se equivocó en el modo de plantear la LOSU », ha dicho un rector cercano al ministro.

Los sindicatos también lo criticaron incluso cuando Castells introdujo cambios en la norma para contentar a los sectores afectados. Pero tampoco convenció. Encina González Martinez , secretaria de Universidades e Investigación de CC.OO. dijo entonces que los cambios «son buenos en general pero aún hay muchos matices que por nuestra parte se deberían cambiar». ¿Por ejemplo? «Mejorar la definición de departamentos y componentes, profundizar en las funciones del claustro como órgano colegiado de máxima representación, matizar más acerca de consejos sociales y mejorar la rendición de cuentas interna».

Maribel Loranca , de UGT, hizo una valoración positiva de los cambios introducidos porque se recupera el sistema de sufragio universal ponderado en la elección de los órganos colegiados y unipersonales. «No obstante, desde UGT, habíamos planteado un porcentaje mayor en la representación del personal de administración y servicios (PAS), del 20%», apuntó.

ABC también avanzó el varapalo que el ministro recibió por parte del Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, que dijo que el decreto por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad « atentaría contra la seguridad jurídica, por la volatilidad del marco normativo aplicable » al llevar a Consejo de Ministros de manera acelerada reales decretos cuando la ley de Universidades no había sido aprobada (solo en primera vuelta por el Consejo de Ministros).

Pero no solo fue contestada la 'ley Castells'. Tampoco gustó la Ley de Convivencia Universitaria. El Ministerio de Universidades estipula en este texto que no se quitará la beca a aquellos alumnos que cometan fraude académico (por ejemplo, copiar, usar pinganillos...), que incumplan las normas de seguridad y salud de su centro o que impidan la celebración de actividades universitarias de docencia, investigación o transferencia del conocimiento, entre otras faltas.

Pero las críticas a esta norma vinieron porque introdujo una enmienda de ERC después de que el texto fuera ya debatido con rectores y estudiantes. Con esa enmienda, ERC pretendía blindar los escraches en los campus catalanes.

Tal como desveló ABC hace tan solo dos días, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), dependiente del Ministerio de Universidades contrató a dedo a la autora de un informe que carga contra revistas de prestigio como ‘Science’ o ‘Nature’ y que penaliza a los investigadores españoles por publicar en ellas.