Las clarisas de Belorado serán excomulgadas si no comparecen este viernes ante el Tribunal Eclesiástico de Burgos

Tan sólo quedaría un paso formal, como explica la citación que han recibido las religiosas, «transcurrido el plazo [quince días naturales] sin que la parte citada comparezca, se procederá a emitir el decreto correspondiente, conforme a derecho». Un proceso que las monjas deben conocer a la perfección pues fue el mismo por el que se decretó la excomunión en 2019, de quien ahora han elegido para estar bajo su jurisdicción, Pablo Rojas.

Puesto que la comparecencia debe ser presencial, según la citación, la duda sobre si acudirán debería despejarse a las 14 horas, cuando cierra el Tribunal Eclesiástico burgalés. En todo caso, la firma del decreto no sería inmediata, por dos razones, según fuentes del arzobispado. «Primero porque no hay ninguna prisa y siempre se van a respetar las garantías al máximo y segundo porque para dos hermanas el plazo no expira este viernes, sino el próximo lunes», señalan. Conviene recordar que cuando la notaria se hizo presente en el convento, el día 6 de junio, para notificar a las religiosas el proceso, dos de ellas no estaban presentes, por lo que se quedó que se les envía por correo certificado con acuse de recibo.

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Lo que no se entiende desde el arzobispado de Burgos es la razón por la que las tres monjas más activas -la exabadesa, sor Isabel, sor Sión y sor Paz-, a quienes precisamente por esa razón se les había dado un plazo de diez días naturales, solicitaron el pasado viernes, de madrugada y por correo electrónico, una prórroga para retrasar el proceso. «No entendemos para qué piden ese plazo si finalmente no van a comparecer», han explicado a este diario desde la diócesis.

Lo cierto es que, si finalmente se consuma la excomunión, las diez religiosas serían expulsadas de la vida consagrada, como les recuerda la citación. Es decir, que dejarían de ser monjas y tendrían que abandonar el monasterio. «Se entraría entonces en un procedimiento mucho más complejo y ya por la vía civil», explica a ABC un experto en derecho canónico. «Habría que iniciar un procedimiento civil de desahucio, como cualquier okupa, ya que legalmente no tendrían ningún motivo para seguir viviendo allí», añaden. Se sumaría a la prohibición del arzobispado a que el obispo excomulgado, Pablo Rojas, y el cura coctelero, José Ceacero, permanezca en el monasterio, que hasta el momento han incumplido.

Lo que sí que parece claro es que, en un primer momento, la comunidad no quedaría disuelta puesto que ella seguirían perteneciendo las cinco religiosas más mayores y sor Amparo, que abandonó el cenobio los primeros días del cisma pero que legalmente sigue vinculada a Belorado. Seis es justo el número mínimo de miembros para una comunidad de vida contemplativa según la instrucción 'Cor orans' que lo regula. Es cierto que se trataría de una comunidad muy envejecida y con dificultades para la autogestión -desde el arzobispado presumen que varias de las más mayores ya tienen sus capacidades mermadas- pero que le daría un tiempo al actual representante legal -el arzobispo de Burgos, Mario Iceta en calidad de comisario pontificio- para tratar de recomponerla con nuevas vocaciones.

Lo cierto es que, desde que anunció que se les concedía una prórroga, las religiosas han estado muy activas en redes sociales, a través de su Instagram, con diversos mensajes que más que dirigidos a la reconciliación apuntan a una ruptura total. Entre ellos, este martes, adjuntaban la carta que habían recibido de Andrés García Torres, un supuesto «conocedor de nuestro ordenamiento jurídico español por ser abogado y profesor de Derecho Penal en una Universidad Española en el Grado de Criminología» en el que carga contra la «mala gestión del obispo de Burgos» y le acusa de «ensañamiento contra las hermanas» y «la basura y mierda que se está lanzando presuntamente desde ese comisario pontificio».

El texto de García Torres, hecho público por las monjas, muestra también su perplejidad «cuando escucho tantas veces hablar de excomunión a estas hermanas». «Es una «prostitución» de la Fe utilizar esta pena del Derecho Canónico para presionar, amenazar, amedrentar, etc. a las hermanas. Creo que un buen penalista podría incluso ver en el Comisario Pontificio un posible Delito de Acoso, Intimidación, y otras figuras delictivas, presuntamente, que están tipificadas en el Código Penal Español». Unos términos poco conciliadores que las monjas parecen refrendar al publicarlos en sus redes y que podrían darnos una pista sobre su respuesta ante el proceso de excomunión que finaliza este viernes.