Hasta el 90% de los alumnos con discapacidad han sufrido acoso en los centros escolares ordinarios

El resultado, como advierten desde el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad (Ceddd) y la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (Ancee), perjudicará el rendimiento y la integración de los alumnos con discapacidad con el resto de alumnos de los centros educativos ordinarios, que no cuentan con la dotación material y formativa para atender a sus necesidades.

Esta carencia se refleja en aspectos como que el80% de los estudiantes con discapacidad ha sufrido acoso y el 27,5% es objeto de burlas constantes, según expusieron ambas asociaciones en el Senado. Un porcentaje que puede superar el 90% en colegios e institutos ordinarios y apenas llega al 3% en los de educación especial.

La 'ley Celaá' limitará la decisión de los padres para escoger el centro educativo de sus hijos en aras de la «inclusión», considerando a colegios e institutos ordinarios como preferentes y restringirá a los de educación especial para casos «muy especializados» en cuestión de diez años. Lo que, a juicio de la directora del centro de educación especial María Corredentora, Isabel Alonso, reducirá a estas instituciones educativas a centros asistenciales, que no es su función.

El presidente de la Asociación Nacional de Colegios de Educación Especial, Carlos Valiente, afirma que la educación especial «muestra el mayor grado de inclusión real en su alumnado, tanto por el enriquecimiento que general en su etapa vital educativa como de cara a su adaptación social y laboral, en consonancia con su situación específica».

Por ello, desde la asociación están elaborando investigaciones empíricas donde constatar los beneficios de esta modalidad de enseñanza que vienen comprobando de forma habitual tras años de experiencia, en palabras de Valiente.

Un ejemplo es el centro de educación especial María Corredentora, donde, como explica su directora, la idea de que estos centros no son inclusivos parte de un desconocimiento por parte de los legisladores. «Es, más bien, al contrario. Somos centros educativos de alto rendimiento para alumnos con discapacidad, adaptados a sus circunstancias», indica Isabel Alonso. Tal y como explica, estos centros educativos cuentan con profesionales formados específicamente para atender a estos alumnos, además de una infraestructura que tiene en cuenta aspectos como iluminación o el sonido. Una circunstancia que no se encuentra en los centros de enseñanza públicos.

«Tener a un niño con necesidades especiales en un colegio ordinario y tener que reforzarle con clases adicionales o paralelas a las de sus compañeros acaba siendo un elemento segregador», añade la directora.

Para Alonso, la verdadera inclusión es dotar a los alumnos con discapacidad del entorno necesario para que, en un futuro, puedan optar a un empleo en cualquier empresa, un objetivo en el que, este valor añadido, supone la diferencia entre lograr esta meta y enfrentarse a problemas en el desarrollo de las habilidades trabajadas durante el período formativo. «Les enseñamos a ser autónomos para que puedan tener una vida normal», concluye la directora.