Las zancadillas del Govern balear a la misión europea contra los abusos sexuales en Mallorca

La jefa de protocolo del Consell de Mallorca, la institución insular bajo sospecha a raíz del escándalo de los abusos sexuales y prostitución de jóvenes bajo la tutela del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), envió una carta a la secretaria de la Comisión de peticiones, Carolina Lecocq, el pasado 1 de abril pidiendo que la comitiva de comisionados e intérpretes llegados de Bruselas se trasladaran ‘ex profeso’ a las dependencias del Consell. Con este movimiento, Cladera sigue los pasos de la presidenta Armengol , quien también reclamó un cambio de ubicación a su despacho que finalmente fue aceptado.

La petición de Cladera, en cambio, ha sido rechazada . La secretaria alegó que la agenda ya estaba cerrada y argumentó que generaría retrasos y supondría más gasto. De este modo, la presidenta del Consell quería evitar ser grabada a su llegada al hotel Inside Palma Bosque, donde están citadas otras autoridades de los gobiernos insular y autonómico, la Policía, el Fiscal de menores, el Defensor del Menor y su antecesor, además de dos madres de menores presuntamente abusadas, entre otros.

No es la única traba que ponen los socialistas desde que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo anunció el pasado 30 de septiembre que mandaría una misión a las islas en 2022 para investigar los casos de explotación a 16 menores tutelados en las Islas. Ese mismo día, en la reunión de los coordinadores, el grupo socialista optó por apoyar otras misiones de investigación en detrimento de la referida al caso de los menores de Baleares . Pese a ello, hubo una amplia mayoría, impulsada por el Grupo del Partido Popular Europeo, a favor del envío de esa misión de eurodiputados.

La segunda zancadilla a la misión se produjo el pasado mes de enero cuando el PSOE intentó que esta visita, ya aprobada, se cayera del calendario. La maniobra de Iratxe García, portavoz de los socialistas en el Eurocámara, para que la visita se anulara recibió el apoyo de Los Verdes, aunque finalmente se mantuvo con el apoyo de Populares Europeos (EPP), Renew (donde se integra Ciudadanos) y ECR (del que forma parte Vox), además de Identity and Democracy (ID).

Los socialistas también intentaron sin éxito torpedear la citación de dos madres de menores tuteladas presuntamente víctimas de abusos sexuales, aunque finalmente están en el orden de visitas el próximo lunes 11 de abril.

Otra de las trabas del PSOE, indirectamente, ha sido impedir el uso de una sala del Parlamento balear y mandar a los comisionados a un hotel. El Parlamento balear, presidido por el socialista Vicenç Thomàs, se negó a ceder dependencias de la Cámara autonómica a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo. Esta negativa sin precedentes forzó a la Eurocámara a programar los encuentros en un hotel de Palma.

Ya en el tiempo de descuento, Armengol y Cladera han intentado, con diferente suerte, evitar su exposición mediática a la entrada y salida del hotel. Mientras a la presidenta de Baleares se le permitió el cambio de la reunión a su despacho el próximo lunes, la presidenta del Consell tendrá que desplazarse al hotel el martes.

El programa de visita incluye reuniones con la presidenta balear, la socialista Francina Armengol; la consellera de Asuntos Sociales, la econacionalista Fina Santiago; la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera; el ex presidente del IMAS, Javier de Juan; Sofía Alonso, actual presidenta del IMAS, y Luisa Martí, del Consejo de Infancia y Adolescencia del IMAS. La Comisión de la UE se entrevistará también con el ex Defensor del Menor, Serafín Carballo, y su sucesor, Josep Luis Riera, además del Fiscal de Menores, José Díaz Cappa; la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer de la Policía Nacional y con dos madres afectadas, además de tres periodistas. También se prevé una visita a la Fundación Nazaret, que acoge niños tutelados por el gobierno insular.

La investigación por parte de la Eurocámara surgió en enero de 2021 cuando la eurodiputada balear del PP, Rosa Estaràs, solicitó el envío de una misión para contribuir a esclarecer las circunstancias en las que se habían producido esos casos de explotación a niñas tuteladas. A raíz de esta petición, en febrero la Eurocámara pidió explicaciones al entonces vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias; al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la consellera de Asuntos Sociales del Govern, Fina Santiago. La escueta respuesta fue que los casos de abusos que se conocen son remitidos a la Justicia.

Desde entonces, el Gobierno insular, formado por PSOE, Unidas Podemos y los nacionalistas de Més, ha bloqueado cualquier investigación en profundidad sobre las denuncias de casos de menores tutelados víctimas de explotación sexual. Los socios nacionalistas de Armengol apoyaron una comisión de investigación en el Consell de Mallorca, secundando al PP, Ciudadanos y el PI, pero el PSOE y Podemos lograron que mutara en una comisión de expertos que no ha aclarado nada y que ha costado 30.278,73 euros.

Las críticas por este fracaso obligaron a montar una Comisión Política , integrada por representantes de todos los partidos con excepción de PP y Vox, que se negaron a participar por considerarlo un paripé. La Comisión Política se cerró y dio carpetazo al asunto eximiendo de toda responsabilidad política a los cargos del Consell de Mallorca y trasladando el problema a la sociedad. La única destitución en el ámbito de los menores fue la del ex Defensor del Menor, Serafín Carballo, por no vacunarse contra el Covid-19 mientras el presidente del IMAS, Javier de Juan, fue ascendido de su cargo a conseller de presidencia del Consell de Mallorca.