Todos los errores de la 'ley Montero': varapalo del Poder Judicial por amenazar la presunción de inocencia

El que probablemente haya sido el último Pleno del CGPJ antes de su renovación avaló ayer por unanimidad el informe crítico con el anteproyecto elaborado por los vocales Roser Bach, Juan Manuel Fernández y Pilar Sepúlveda , los tres conocedores directos del drama que atraviesan las víctimas de agresiones sexuales. Los 20 vocales, de distintas sensibilidades, y el presidente del organismo, Carlos Lesmes, ratificaron la ponencia de los tres togados de modo unánime, lo que puso de manifiesto que las objeciones técnicas que puso el ministro de Justicia a este borrador no debían ser fruto del «machismo» de Juan Carlos Campo , como dijo el vicepresidente Pablo Iglesias, sino de una serie de errores e imprecisiones que también se han visto en el órgano de gobierno de los jueces.

Como se adelantó en un preinforme, los magistrados tumban los puntos clave que había introducido la ‘ley Montero’: la absorción de dos delitos –el abuso y la agresión sexual– en uno y la regulación del consentimiento, del que cuestionan hasta la definición que propuso Igualdad. Los vocales recuerdan que, en contra de lo que afirma el anteproyecto, la introducción de una definición de consentimiento sexual «no responde a un mandato del Convenio de Estambul» contra la violencia sexista. El convenio «no impone a los Estados una concreta definición del consentimiento sexual, sino que deja un margen de apreciación en este punto», señala el CGPJ. De él se desprende que los elementos esenciales del consentimiento sexual son la voluntariedad y el principio de contexto, pero nada dice ese texto de los medios necesarios para manifestar esa voluntad. En este sentido, los vocales ven innecesaria la definición del anteproyecto, que señala: «Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores , concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto».

Para el Consejo, el problema que plantea el consentimiento no es una cuestión sobre lo que debe entenderse por consentimiento, de manera conceptual, sino probatoria, cuando existe o no ese consentimiento, y las eventuales dificultades procesales de acreditar la ausencia de consentimiento. A su parecer, la definición que plantea el anteproyecto «determina un aparente desplazamiento de la carga probatoria, pues parece configurar un elemento negativo del tipo cuyas distintas notas características (manifestación libre, actos exteriores, concluyentes e inequívocos y voluntad expresa de participar en el acto) deberían ser probadas por la defensa para excluir la tipicidad». De esta forma, añade, se estarían alterando de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, «con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia» del agresor.

A juicio de los vocales, esa definición de consentimiento «no logrará evitar la victimización secundaria», pues no va a poder evitar que, para poder valorar el alcance de las circunstancias concurrentes» los interrogatorios a la víctima versen sobre este asunto concreto.

El órgano pone también de manifiesto contradicciones evidentes en el texto que pergeñó Rosell y el equipo de Igualdad. Una más que notable es cuando sostiene que la manifestación de la voluntad (para realizar el acto sexual) puede ser «expresa o tácita» y luego, en un inciso final del anteproyecto, exige que sea «expresa». «Para eliminar esta contradicción el precepto debería referirse a la voluntad a secas, como por otra parte es la práctica del Código Penal cuando emplea este término», señala el texto de los vocales.

Respecto a la fusión de la agresión sexual y el abuso, los vocales consideran que «puede tener un efecto de desprotección de las víctimas» porque « para el autor del delito no tendrá mayores consecuencias emplear un medio comisivo más lesivo que otro de intensidad menor (...). Para evitarlo –señalan– sería necesario prever una modalidad agravada de agresión sexual cuando concurra un medio comisivo especialmente lesivo (con violencia, con amenazas), imponiendo la pena en su mitad superior». Eso significa que regulación sería, por tanto, similar a la actual distinción entre agresión y abuso.

El informe no es vinculante, pero sí indicativo. Ahora deberá pasar al Consejo de Estado, donde llegará presumiblemente en abril para que siga siendo depurado y no aterrice con estos errores a su tramitación parlamentaria.

La magistrada Rosell se tomó muy mal el revés y disparó al Poder Judicial, al que acusó de no hacerle llegar los informes directamente, sino a través de los medios, y actuar de modo «regresivo», en esta ocasión y también cuando en su opinión se opuso a la ley contra la Violencia de Género y la del matrimonio igualitario, que « comparó con zoofilia », dijo.