El difícil encaje jurídico con que Igualdad teje todos sus proyectos

En 2020, durante la última semana de febrero, Igualdad escogió a una magistrada, Victoria Rosell, para presentar el borrador del anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Sexual, la llamada «ley del solo sí es sí». Lo hizo en un desayuno informal, adelantándose a lo que iba a presentar la ministra Montero al filo de las 13.00 horas en la sala de prensa de La Moncloa. Entonces Montero no supo descifrar por qué era necesario introducir una nueva definición de consentimiento sexual en el Código Penal ni cómo unificar los delitos sexuales. Fue duramente criticada por la premura con la que se habían redactado algunos puntos muy imbricados del anteproyecto.

No fue baladí que la presentación la hiciera la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, a la sazón magistrada. Pero informadores y expertos cuestionaron a Rosell el difícil encaje jurídico que iban a tener diferentes puntos del articulado, a lo que la togada respondió airosa con la necesidad de reformar penas etéreas, que ahora el Pleno del Poder Judicial ha tumbado. Las interpretaciones de las leyes no son tan libres y los delitos sexuales están bien sustentados en el Código Penal, como ya predijo la catedrática de Derecho Constitucional y vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, enfrentada con Montero. La primera norma estrella de la ministra resquebrajó dentro y fuera de La Moncloa a PSOE y Podemos por la bandera que ambos partidos se disputan desde la negociación del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez : la igualdad.

C'alvo no fue la única que se encaró contra la ‘ley Montero’. El titular de Justicia se opuso frontalmente y avisó de las trabas que se iba a encontrar la tramitación de esa ley, como finalmente ha ocurrido. Verbalizar esas objeciones tan notables le valió al también socialista, el andaluz Juan Carlos Campo , el título de «machista retrógrado». Lo lanzó el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.

Con la cruzada abierta, el estallido del Covid-19 paralizó el proyecto. Calvo sentenció que aquella redacción tan controvertida debía ser depurada y congeló las ansias de Montero. El Covid-19 mantuvo encerrado el anteproyecto en un cajón hasta que, en julio pasado, la ministra podemita volvió a urgir la importancia de su ley. La propia Calvo, junto al ministro José Luis Ábalos y otros altos cargos socialistas, firmaron entonces una carta que no dejó indiferente a nadie, pues cargaban contra el sesgo que Podemos estaba introduciendo en todas sus leyes. Los socialistas y diversas entidades consideran que UP promueve la extinción de la categoría de mujer en todas sus normas: la de Infancia o ‘ley Rhodes’; la ‘ley Trans’ (para el colectivo transexual) , la ‘ley LGTBI’ e, incluso, la reforma de la ley del aborto, que planifica ahora Irene Montero.

Cargos del PSOE critican –a micrófono cerrado– que Montero cree que las leyes son suyas , cuando participan de ellas varios ministerios. Ayer lo dijo con claridad Margarita Robles, ministra de Defensa. Su homóloga de Igualdad necesita una cura de «humildad» para acatar las correcciones que hacen los expertos y encajar informes como el del Poder Judicial de ayer. Una muestra ejemplarizante de la forma en que redactan sus normas los técnicos que asesoran a Igualdad es la ‘ley Trans’. Para su elaboración, necesita la aquiescencia y el trabajo conjunto de las áreas de Educación, Justicia y Sanidad. Pero Montero no ha esperado. Calvo afeó en las últimas semanas que se haya reservado su segundo proyecto estrella para filtrarlo, de nuevo con muchas prisas, en vísperas de su segundo 8-M. Pero esta vez no ha pasado el corte.