«Es sumamente aberrante que se controlen las lenguas oficiales en el aula»

Para ellos, «romper con el uso de una lengua común [como ocurre en las comunidades autónomas que fomentan el bilingüismo en detrimento del castellano] es romper con un elemento de cohesión y unión», explica Fernández. Ella, que desde hace casi diez años defiende los derechos de la educación en lengua española, lamenta que algunas de las prácticas impulsadas por Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana o Galicia, acaban convirtiéndose en «herramientas de confrontación entre ciudadanos«.

Por todo ello, los firmantes, miembros del Foro de Profesores , consideran «imprescindible» que el Gobierno adopte las medidas necesarias para garantizar estos derechos «y con ello la pacífica convivencia lingüística en las comunidades autónomas bilingües». «Los derechos no son de las lenguas. Son de las personas. De todas las personas. Es inaceptable que servidores públicos utilicen la política lingüística como herramienta de confrontación política y más aún cuando las víctimas son menores», asegura la misiva, que recoge varios episodios de discriminación lingüística para las familias que quieren que sus hijos estudien en español.

La «punta del iceberg» que animó a los docentes a impulsar la carta fueron las presiones a un profesor del IES Sant Agustí (Ibiza) por usar el castellano. El caso destapó un reglamento interno de la dirección del centro en el que se indicaba que sus profesores no podían hablar en castellano, un «esperpento ético y jurídico», según el Foro. Además de este caso, se recuerda la anulación de plazas de castellano en dos escuelas públicas, un toque de alerta a un profesor del Conservatorio Profesional de Música de Vigo para que no use español en sus comunicaciones escritas.

Hay más precedentes que los docentes exponen a Celaá, como la ley del plurilingüismo de la Comunidad Valenciana, que fija la enseñanza en valenciano en zonas de Alicante donde únicamente se habla castellano. O el caso catalán, en el que ni un solo centro público cumple con el 25 por ciento de las clases en castellano, a pesar de que existen varias sentencias que lo avalan, como recordaba un informe de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña de 2019.

«No es normal que no hayan sentado jurisprudencia y que todo siga igual en Cataluña, que es la avanzadilla de toda esta política», expone a Fernández, que denuncia la incoherencia de los dirigentes catalanes con esta cuestión: «Protestan porque en el Congreso no se habla en catalán pero en el Parlament nunca hablan en castellano. En Cataluña, la administración del Estado tiene toda la información bilingüe pero la Generalitat lo tiene todo en catalán».

La carta acaba con una petición de reunión con la ministra para abordar esta cuestión. «Queremos que se abra un debate, que se nos escuche y que puedan conseguirse cambios y reformas ante un problema muy grave», sentencia Fernández. La misiva llega justo cuando se ultima la nueva reforma educativa, que fija que las administraciones autonómicas deben fijar la proporción del castellano y la lengua cooficial en las aulas.