Siete de cada diez contagios se atribuyen ya a la intensa vida social de los españoles, nuestro «talón de Aquiles»

Desde la Sociedad Española de Epidemiología ( SEE ), han cuantificado que un 70% de los contagios se producen por los múltiples contactos que desde unio tiene cada ciudadano de entre 15 y 59 años (no solo en los bares o restaurantes, sino también en el trabajo y otros lugares de ocio) y que, en boca de uno de sus miembros, José Miguel Carrasco, han multiplicado los casos este otoño, en lo peor de la segunda ola. En esos encuentros «se relajan las medidas preventivas por una falsa sensación de seguridad».

El catedrático de Salud Pública y Medicina Preventiva, Francisco Caamaño, es contundente:«Cuando la incidencia supera los 250 casos por 100.000 habitantes en 14 días hay que tomar medidas drásticas. En mi opinión, cerrar bares y restaurantes es fundamental. La vida social, tal como la entiende buena parte de la población, está constituyendo un riesgo significativo».

Joan Carles March , profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, está de acuerdo con las limitaciones que requiere la activa vida social, pero reniega de la vía del confinamiento. «Los confinamientos solo tienen una consecuencia y es que hacen a los pobres mucho más pobres», dice. Más allá de las dinámicas propias de transmisión del virus, «para entender mejor lo que está pasando –y va a pasar– sería importante que nos fijáramos en las dinámicas de las sociedades a las que el virus está afectando más», apuntilla March.

Por su parte, Carrasco subraya que «limitar la vida social tiene un impacto negativo, por lo que es necesario encontrar el equilibrio con la contención del virus y los efectos económicos». «Plantear las medidas a adoptar como un enfrentamiento en términos de “vida social frente a coronavirus” parece poco apropiado, es necesario encontrar el equilibrio, pero con incidencias altas las limitaciones a la interacción social se han mostrado efectivas».

Precisamente con esa intención de reducir la interacción social, la Generalitat de Cataluña aprobó ayer una serie de restricciones con el objetivo último de reducir la expansión de la epidemia, en fase de aceleración en esta comunidad. Con 279,5 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y una tasa de reproducción del 1,37 (cada persona infecta a 1,37 de media), el gobierno catalán optó ayer por una restricción de máximos ante el temor de que, «en pocos días», se explicó, se puedan alcanzar las cifras de la Comunidad de Madrid. Pese a la desigual incidencia de la pandemia por municipios, el Govern ha optado por aplicar las restricciones a todo el conjunto del territorio sin distinción.

El mayor impacto se produce en el sector de la restauración. Bares y restaurantes deberán cerrar por completo y solo podrán servir comida a domicilio. Las medidas tienen una duración de quince días y entran en vigor esta medianoche. La patronal catalana de la restauración y el ocio (Fecasarm) anunció que llevará el caso al TSJC. La entidad ha cifrado en 900 millones de euros las pérdidas derivadas del cierre de bares y en el 50% el porcentaje de empresas con riesgo de no llegar a final año, la puntilla para un sector muy desgastado. Desde el Ejecutivo catalán se reconoce el impacto en el sector, motivo por el que anunció un fondo de ayudas de 40 millones de euros y líneas de crédito de hasta 12.000. «Hay que actuar cuanto antes, la prioridad es salvar vidas», explicó el vicepresidente del Govern Pere Aragonès.

Además de la restauración, las restricciones implican la reducción al 30% el aforo de los comercios, así como el cierre de toda actividad que implique contacto físico, a excepción de las peluquerías. Se suspenden ferias, congresos y convenciones, mientras que parques y jardines cerrarán a las ocho de la tarde. No podrán abrir tampoco salas de juego, casinos, bingos y parques de atracciones, mientras que cines y teatros reducen su aforo del 70% actual al 50%, la misma limitación que se aplicará a los gimnasios. En paralelo, las actividades deportivas no profesionales también quedan suspendidas, aunque no los entrenamientos.

Las universidades no imparten desde hoy clases presenciales. Escuelas e institutos sí abrirán. La Generalitat ha pedido que se refuerce el teletrabajo y se reduzca al mínimo la actividad social, animando a la ciudadanía a denunciar a quien no respete las restricciones.

Las medidas están «justificadas por la situación epidemiológica», aunque «llegan tarde y probablemente deberán prorrogarse». ABC ha consultado con algunos de los expertos a los que el Govern recurre para asesorarse y todos coinciden en que la actual coyuntura epidemiológica obliga a tomar medidas «drásticas» e «impopulares» para reducir las dos variables que más contribuyen a su propagación: la movilidad y la actividad social. «No hemos conseguido que la gente parara cuando tenía que parar y ahora sí es obligado cortar de golpe», indica Joaquín López Contreras, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Sant Pau de Barcelona. El infectólogo considera que el Govern «ha hecho lo que tiene que hacer» ante una situación «que irá a más en las próximas semanas». «Los hospitales, especialmente los de la comarca del Vallès, están notando ya la presión. Si seguimos así vamos a sufrir mucho» , asegura. Reconoce, no obstante, que la situación ahora en Cataluña «está mejor monitorizada que en la primera ola».

Se suma al llamamiento el doctor Bonaventura Clotet , jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias de Badalona (Barcelona), quien reconoce que «la situación está muy mal en toda España», por lo que es necesario actuar con urgencia. El principal riesgo de no hacerlo es, apunta a ABC, «que el sistema sanitario colapse de nuevo». «Eso –añade– perjudicaría a toda la población». «Las autoridades de salud pública catalanas lo han hecho muy bien. No hay más cera que la que arde», precisa.Clotet y López Contreras temen que quizás «no baste con 15 días para contenerlo».