El Senado propone que las víctimas de violencia de género declaren por videograbación

La dispensa de la obligación de la víctima a declarar contra su agresor en el juicio oral ha sido uno de los puntos en los que no ha existido acuerdo en la subcomisión del Congreso reunida este lunes 24 de julio.

La mayoría de asociaciones y expertas de la Fiscalía y el CGPJ que han comparecido en el Senado durante los últimos meses han pedido que se revise esta dispensa «para evitar la impunidad» del agresor porque muchas mujeres, «por la difícil situación» que están atravesando, finalmente se acogen al derecho a no declarar , «retiran las denuncias», se produce el sobreseimiento del caso y el maltratador queda impune.

Si la videograbación de la declaración que la mujer realiza el primer día que acude a presentar la denuncia en el juzgado sirve como «prueba preconstituida », tal y como proponen, la víctima no necesitaría acogerse al derecho a la dispensa de declarar, según explican a Europa Press fuentes del Senado.

En todo caso, el informe recomienda la creación de una comisión de expertos en la materia, que analice si, aun con el derecho a la videograbación, es pertinente y necesaria la modificación del artículo 416 en un doble ámbito: sobre la aplicación o no de la dispensa a declarar y sobre la posible exclusión de dichos testigos de ser acusados como autores de un delito de falso testimonio —en caso de realizar una declaración distinta a la primera—o por desobediencia a la autoridad en el supuesto de no comparecer.

Por otro lado, en el marco de la ampliación del concepto de violencia de género a otros tipos —trata, mutilación genital, matrimonio forzado, violencia sexual—el documento incluye un apartado específico en el que se contempla la realización de un plan de acción que visibilice la violencia sexual —a través de la recogida de datos y una macroencuesta—; y se realicen protocolos que actúen contra el « acoso callejero o la violencia sexual en las fiestas populares».

Según precisan las mismas fuentes, las expertas que han comparecido a lo largo de los últimos meses han puesto de manifiesto que existe «mucha violencia sexual escondida» que hay que sacar a la luz. Entre estos casos, se encuentran ejemplos recientes con las agresiones sexuales a mujeres en los Sanfermines, en Pamplona.

Asimismo, el Senado insta a trabajar, desde el consenso, en la aprobación de una Ley de Violencias Sexuales y recomienda impulsar una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual.

En un informe detallado y basado en las recomendaciones de los expertos que se complementará con el informe del Congreso para poder alcanzar el Pacto de Estado contra la violencia de género, la ponencia también sugiere modificar la legislación con el fin de «dejar en suspenso» el régimen de visitas para los padres maltratadores durante la tramitación del procedimiento, y hasta que recaiga sentencia.

Asimismo, el documento contempla rechazar la custodia compartida en supuestos de violencia machista para que el menor no quede desprotegido; y la suspensión de la misma, si ya estaba acordado este régimen, en los casos en que se haya adoptado una orden de protección para la madre o para el menor.

Para que los menores puedan recibir tratamiento psicológico, el texto insta a eliminar el consentimiento informado de los padres y bastará con «ponerlo en conocimiento» de la otra parte. También contempla el derecho de los jóvenes que han sufrido violencia de género a quitarse el apellido del padre maltratador .

El informe recoge, asimismo, impulsar con las Comunidades Autónomas que los puntos de encuentro familiar sean siempre específicos y no sean utilizados como instrumento de mediación, sino para aquellos supuestos en los que el juez establezca un régimen de visitas.

También reconoce el derecho de preferencia de acceso a vivienda protegida por parte de las personas que asumen la patria potestad, tutela o acogimiento permanente de los niños que han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia machista.

Además, insta a abordar en las estadísticas los abusos sexuales a menores y a realizar una Macroencuesta que saque a la luz el número de menores que sufren abusos sexuales.

En cuanto a las madres de los niños asesinados por sus padres en el marco de esta violencia machista, el informe sugiere que se reconozca a estas madres también como víctimas de violencia de género.

También exhorta a tipificar penalmente la suplantación de la identidad en las redes sociales e Internet ante el aumento de este delito por parte de maltratadores; y a prohibir el uso de Internet y de las nuevas tecnologías como pena de alejamiento del agresor.

Además, para evitar la rebaja automática de la pena al maltratador por declararse culpable, el informe insta a estudiar y valorar, junto al Consejo General del Poder Judicial, la supresión de este atenuante de confesión en delitos de asesinato por violencia de género.

Por otro lado, solicita la reforma del artículo de la Ley contra la violencia de género que regula la asistencia letrada a las víctimas para garantizar, «desde el primer momento y para todas las actuaciones y comparecencias en sede judicial» el derecho de la mujer a contar con la defensa de un abogado de forma gratuita .

Asimismo, al igual que han acordado en la subcomisión del Congreso, en el informe del Senado se pide que las mujeres tengan acceso a apoyo y recursos sin necesidad de presentar denuncia , pudiendo ser acreditada su condición de víctima por los servicios sociales o sanitarios.

En materia educativa, propone la elaboración de materiales dirigidos tanto a menores como a educadores, incorporando «educación afectivo—sexual, resolución pacífica de conflictos, roles de género, trastornos en la alimentación, los mitos del amor romántico, el control y las redes, el cuerpo y la importancia del consentimiento, y el respeto a la diversidad y a las personas LGTBI».

Asimismo, sugiere fomentar el juego y los juguetes igualitarios mediante campañas y recomendaciones directas a empresas y espacios educativos; y ampliar las sanciones administrativas a los clubs que permitan apología de la violencia de género en los acontecimientos deportivos.

Los grupos han pactado un compromiso económico global que supondrá un incremento de 1.000 millones de euros durante los próximos cinco años desglosados de la siguiente forma: 100 millones adicionales destinados a las Entidades Locales, 500 millones adicionales para las comunidades autónomas y otros 400 millones adicionales destinados a competencias estatales contra la Violencia de Género dentro de los Presupuestos Generales del Estado.

Para vigilar el cumplimiento del pacto, los grupos en el Senado plantean crear una Comisión Mixta parlamentaria Congreso—Senado de seguimiento, formada por representantes de ambas cámaras.