Sanidad rebaja a 425 el número de fármacos que excluirá de la financiación pública

La ministra Ana Mato ha estimado el ahorro para la Sanidad pública derivado de las últimas medidas adoptadas en materia de farmacia en 2.200 millones de euros. Así lo ha anunciado tras reunirse con los consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que se ha revisado la financiación del Nomenclátor de medicamentos, se han presentado proyectos normativos sobre productos ortoprotésicos y dietoterápicos y un procedimiento común de reembolso en farmacia a los pensionistas, entre otros asuntos.

El Ministerio recuerda que hacía más de una de una década que no se revisaba la lista de fármacos con financiación pública. En concreto, se han revisado 426 fármacos que, o bien han quedado superados por otros compuestos, por lo que ya no se financian en otros países europeos, o tienen una baja utilidad terapéutica. En cualquier caso, son productos de precios menores, señala.

Con esta medida se obtendrá una eficiencia de 458 millones de euros. La ministra ha destacado que revisar la financiación de estos fármacos permitirá incorporar al sistema todos los tratamientos de última generación necesarios para hacer frente a las enfermedades más graves e invalidantes, que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos. Además, gracias a esta medida, se descargará a los centros de salud de actividad no clínica.

María José Montero, consejera de Andalucía, ha calificado de desmantelamiento del sistema nacional de salud las medidas de ajuste sanitario tomadas por el Gobierno. Uno de los temores de las comunidades es que el «medicamentazo» tenga un efecto perverso y no consiga los más de 440 millones de ahorro anual buscado.

El mayor peligro es que el precio de estos medicamentos se dispare cuando dejen de estar controlados por el Ministerio. Otra posibilidad, sobre la que insistió la consejera andaluza es que la prescripción de los médicos se desvíe hacia otros medicamentos más caros que aún tengan financiación pública.

Montero explicó que las comunidades autónomas están atadas y deberán atacar las medidas a pesar del recurso presentado. La ley de Estabilidad Presupuestario vincula el aumento de prestaciones con el déficit público, de manera que solo el País Vasco, con su financiación especial podría eludir el «medicamentazo».

Sanidad confía en poner en marcha la desfinanciación «cuanto antes» , aunque aún no se ha anunciado una fecha a las autonomías.

Cuando entre en vigor los pacientes tendrán que pagar la totalidad del precio del medicamento, ya sean activos, jubilados o parados y aunque el médico se lo recete.