El PSOE vuelve a golpear a la concertada y ahora elimina subvenciones al Bachillerato

Cacho se ha apoyado en dos razones para esta decisión. Por un lado, en un « ejercicio de responsabilidad presupuestaria », dada la elevada deuda de la región y, por otro, en los «nuevos criterios de gestión educativa» del Gobierno formado por el PSOE y Podemos que pretende aplicar fondos públicos para el desarrollo de una nueva oferta en Educación Infantil o el desarrollo de nuevas titulaciones y conciertos de Formación Profesional.

Lo «sospechoso» del anuncio es la segunda razón que ha esgrimido Cacho: seguir apoyando a los centros privados pero en el tramo de 0-3 años (y a la FP concertada). Mientras que en comunuidades como Valencia, Extremadura o Castilla-La Mancha (con gobiernos de PSOE o PSOE-Podemos) están creando nuevas aulas de 0-3 pero solo en centros públicos.

La decisión de Cacho fue criticada por todo el sector de la concertada. Los padres (CONCAPA Rioja) y las patronales (EC y CECE) criticaron la decisión porque « conculca derechos fundamentales » y perjudica a más de 600 familias «que han elegido centros con unos valores de acuerdo con sus convicciones y que ahora pierden a mitad de curso, de forma arbitraria y sin el consenso previo prometido, la ayuda económica con la que contaban». Los sindicatos mayoritarios de la concertada como FEUSO y FSIE criticaron que « se propina el primer recorte al derecho constitucional de la libertad de elección de las familias riojanas» y que se «perjudica a las familias con menos recursos», respectivamente.

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra , ha dicho a ABC que la medida «responde a una hoja de ruta ideológica ya enunciada por la ministra de Educación, Isabel Celaá, encaminada a la intervención en la educación de los poderes públicos cuestionando la libertad de educación».

Aparte de estos argumentos varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Valencia reconocen el derecho a los centros de Bachillerato a los que la Consejería de Educación (de Compromís) quitó el concierto, previamente otorgado por el PP.

Los argumentos principales de las sentencias son que es decisión de cada comunidad formalizar o no conciertos en estos niveles de enseñanza no obligatoria, pero añade que una vez la administración autonómica ha decidido formalizarlos, queda vinculada al régimen básico establecido por el Estado (4 años de duración y mantenimiento mientras se cumplan los requisitos que dieron lugar a su concesión). En este sentido, señala que los conciertos no pueden extinguirse por decreto y deben mantenerse mientras se cumplan los requisitos establecidos en las normas, e indica que para poder reducir una unidad la Administración debe ofrecer « una motivación sólida, suficiente y debidamente justificada ».