El PSOE impone a Podemos el veto al 8-M para cerrar en Semana Santa

No fue por casualidad que ayer la Comisión de Salud Pública refrendase limitar la movilidad el próximo periodo festivo, contando con el plácet de las comunidades, y la Delegación del Gobierno en Madrid comparezca públicamente para retractarse en su decisión de permitir las marchas que los próximos días 6, 7 y 8 de marzo celebrasen el Día de la Mujer con respeto a las normas de seguridad. Pero si el 8-M de 2020 se recordará por la imprudencia de celebrarlo en plena primera bocanada letal del virus, este de 2021 lo hará porque serán los tribunales (el Tribunal Superior de Justicia de Madrid) los que acaben resolviendo si se puede o no reunir el feminismo en varios puntos del centro de la capital.

Que Sanidad mantenía un vívido pulso con Igualdad lo había dejado más que claro la titular del ramo, Carolina Darias , que al final se ha impuesto –con la aquiescencia del presidente Pedro Sánchez – a la facción de Unidas Podemos , que sí alentaba a las mujeres a marchar el próximo lunes por su Día Internacional. Darias remarcó que «no ha lugar» al 8-M justo cuando se pedía ser más contundente en Semana Santa a las comunidades, incluso a aquellas como a Madrid que estaban (y están) dispuestas a abrirse a la movilidad entre regiones en el periodo festivo.

El Gobierno rebajó las ínfulas a Podemos y marcó que, frente a la Navidad y el componente emocional que tenía celebrar el fin de año con los seres queridos, en esta ocasión no se repetiría el ambiguo mensaje y se cerraría. Fuentes socialistas consultadas indican que no se podían permitir verse salpicados por las consecuencias de una cuarta ola, aunque fuera más tibia en la longitud y la virulencia que el resto, con la confluencia de varias mutaciones del coronavirus en territorio nacional y siempre con el ‘síndrome del 8-M’ anterior, el de 2020 convertido en un ‘superfoco’ de contagio, metido en vena.

Sanidad apercibió a Igualdad y la ministra del ramo, Irene Montero, pese a los vaivenes en su discurso , acabó accediendo a que el grito de «volver a tomar las calles» que había dado su secretaria de Estado de Igualdad y mano derecha Noelia Vera el pasado 23 de febrero se quedase en un eslogan descafeinado. El pasado domingo en una entrevista Montero se amilanó y admitió que iba a cumplir las normas sanitarias, lo cual no minaba las reivindicaciones del feminismo.

El pasado miércoles, en otra entrevista en TVE, la ministra de la formación morada lo suscribió: el «no ha lugar» mandaba y aunque se cumpliesen todas las normas de seguridad, ella, como representante de un Gobierno que había tomado una decisión unánime, no participaría en las marchas, pero sí invitaba a celebrarlo. Igualdad y sus dirigentes han jaleado desde distintos púlpitos públicos (incluido el Congreso de los Diputados, a través de la diputada Sofía Castañón ) que las mujeres marchen el próximo 8 de marzo. Incluso ayer, en un acto sindical dentro del programa de actividades organizado para este 2021 (que lleva por lema ‘Por ser mujeres’), Montero repitió que la decisión del delegado del Gobierno de prohibir las concentraciones de los días 7 y 8 de marzo es un «claro señalamiento al feminismo».

«Es un ataque a la mujer, a su realidad y a sus demandas» es una interpretación que ayer lanzaron diversas organizaciones y plataformas feministas al ver torpedeado un derecho que se ha permitido en otros colectivos y protestas. Ana García , portavoz del sindicato de Estudiantes Libres y Combativas, lamentaba la ideología «sectaria» que veta a miles de mujeres a lanzar su grito común el lunes. Las estudiantes, como el resto de 350 entidades miembro del Movimiento Feminista de Madrid, se concentrarán de todas formas el lunes y desafiarán la prohibición gubernamental. Se enfrentan a multas de 100 a 600 euros en el caso de infracciones leves; y si perturban la seguridad ciudadana, entre 601 y 30.000 euros. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco , mantiene que se atentaría contra la salud pública. Desde la Delegación aseguran que se han rechazado un centenar de actos, entre ellos el acto central de la Comisión Femnista 8-M que iba a congregar a no menos de 10.000 personas por el centro de Madrid, durante más de dos horas, para finalizar en la plaza de Colón.

La respuesta desde sindicatos como el de las estudiantes y UGT es la de recurrir la decisión del Gobierno. Acusaron a Franco de hacer honor a su apellido y «comportarse de manera dictatorial». Y el movimiento, agrupado, la Comisión 8-M convocante de las manifestaciones denunció la prohibición. « Es un derecho democrático. Salimos durante los meses duros de confinamiento a cuidar de nuestras vecinas, a trabajar y consumir, pero quieren prohibirnos salir a protestar. El movimiento feminista estará el 8 de marzo».