Portugal modifica la ley de inseminación posmortem y la aprueba finalmente

Además, es preciso demostrar que el proceso de inseminación estaba consensuado en el seno de la pareja cuando el hombre o la mujer aún vivían. Y, en ese caso, el periodo en el que puede realizarse oscila entre los seis meses y los tres años posteriores al fallecimiento.

El jefe del Estado portugués vetó la legislación el pasado mes de abril al considerar que no otorgaba «seguridad jurídica» al niño… y hoy sus exigencias se han cumplido, por lo que ha optado por un parecer positivo. Se deshace así el golpe al proyecto legal del Gobierno socialista. Entonces lo hizo después de que enviase la normativa sobre la eutanasia al Tribunal Constitucional y, en la actualidad, coincide que también acaba de dar marcha atrás en este asunto.

Dos temas espinosos para la sociedad portuguesa, tal cual refleja el hecho de que el mandatario considerase que la ley de inseminación post-mortem presentaba «disposiciones que pueden generar incerteza jurídica, algo nada aconsejable en una materia tan sensible». De esta forma, la polémica regulación volvió al Parlamento y hubo de ser modificada sustancialmente para alcanzar la aprobación definitiva.

¿Y por qué ahora? ¿Justo la eutanasia primero y este tipo de inseminación particular a continuación? Pues porque el Gobierno socialista tiene prisa para ganar dos envites de los que había salido perdedor. Como se han convocado elecciones anticipadas el 30 de enero y habrá que disolver el Parlamento en breve, el gabinete de Antonio Costa ha efectuado presiones para sacar adelante algunas leyes antes de que la situación política entre en un ‘impasse’.

Se da la circunstancia de que amplios sectores de la sociedad portuguesa no se mostraban nada favorables a la legalización de las técnicas que implican fecundar a una mujer con espermatozoides del hombre con quien compartía su vida, siempre que hubiera fallecido en un plazo temporal de entre 6 meses y tres años atrás. Se determinaba que tiene que haber constancia por escrito de la voluntad expresa de alcanzar la paternidad y que no era un mero deseo coyuntural sino que respondía a una planificación consensuada entre los padres, unas condiciones que ha subrayado Marcelo Rebelo de Sousa. Su intervención, en todo caso, ha resultado decisiva porque solo así la normativa se ha liberado de la ambigüedad connotativa que la perseguía.

Tampoco puede olvidarse que se especifica que los intentos de inseminación se pueden reproducir tantas veces como se quiera para permitir que la mujer en cuestión llegue a quedarse embarazada, pero el punto tal vez más controvertido siempre fueron las enormes dificultades para contrastar la intencionalidad del padre, ya que no es precisamente lo más habitual programar una actividad de estas características en previsión de una posible muerte.

La Asociación Portuguesa de Fertilidad ya alzó su voz en contra, del mismo modo que el Consejo Nacional de la Procreación Médicamente Asistida y el Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida. Tres opiniones de peso en el panorama lusitano.

Todas estas agrupaciones nunca perdieron su confianza en el presidente, pues es sabido que su talante no parecía muy en la línea de dar el visto bueno, exactamente lo mismo que ocurrió con la ley de Eutanasia. Cierto que su derecho de veto solo es parcial, es decir, únicamente puede ejercerlo en una ocasión. Y así ha sido, aunque muchos ciudadanos portugueses le están muy agradecidos por haber logrado que el texto se modificara. Solo así ha podido aprobarse finalmente.

El arco político a la izquierda del Partido Socialista es el que ha sustentado esta iniciativa en todo el proceso, pues no solo votaron a favor los diputados de sus propias filas (como resultaba previsible) sino también el Bloco de Esquerda y los comunistas, como igualmente el Partido Animalista.

Para dar idea de lo polémica que resulta esta norma, basta recordar que una regulación de este calibre ya fue aprobada en dos ocasiones a lo largo de los últimos años… e incluso estuvo brevemente en vigor. Pero en ambas oportunidades intervino el Tribunal Constitucional. Hoy las garantías institucionales y el grado de consenso alcanzado han hecho variar la perspectiva.