La delegada trabaja en su despacho, presupuestos en mano, con su jefa de prensa
La delegada trabaja en su despacho, presupuestos en mano, con su jefa de prensa - FOTOS: JAIME GARCÍA

Pilar Llop: «La violencia de género atenta contra las emociones de la mujer, no a su inteligencia»

Retirar Educación para la Ciudadanía fue un error para la violencia de género, considera, porque la educación «es una de las vacunas» contra la perpetuación de la lacra machista

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Esta magistrada es la responsable de las políticas de violencia de género desde el pasado mes de julio. Mujer independiente, se reivindica juez antes que política. No milita en el PSOE, aunque, de la mano de Ángel Gabilondo, saltó de lleno a la arena asamblearia de Madrid; ahora, como miembro del Ejecutivo socialista, está a las órdenes de la vicepresidenta Carmen Calvo. Su nombre sonó como ariete del PSOE para la Alcaldía de la capital, sede que divisa desde la azotea del edificio de Servicios Sociales que alberga su despacho, pero poco después de esta entrevista Pedro Sánchez despeja el enigma y escoge a Pepu Hernández para esa plaza.

La conversación se rige a marchas forzadas, urgida por la cita inminente de la delegada en el Congreso de los Diputados para evaluar el discurrir del Pacto de Estado. Pilar Llop (Madrid, 1973) habla pausado. Atesora una larga trayectoria como juez, lo que la hace acreedora de un vasto conocimiento sobre la matanza de género, que conforma, a trompicones de sucesos macabros y malas noticia, su día a día.

¿Y qué hace una magistrada como usted en un sitio como éste?

[Sonríe] Llevo muchísimos años vinculada a las mujeres maltratadas. En este trabajo siento que sigo en la trayectoria que venía desarrollando desde tiempo atrás. A veces no es una persona la que elige los puestos donde está. Con Ángel Gabilondo aprendí, durante los tres años que estuve como diputada en el Parlamento autonómico, lo que es el compromiso ético en política. Pero ya era una mujer muy comprometida con los derechos de las mujeres.

¿Pero usted ha repetido en varias ocasiones que no quiere seguir en política o se ha afiliado ya y seguirá?

No, soy independiente. Lógicamente, cuando fui a la Asamblea de Madrid, estaba en las listas de un partido, mis ideas son progresistas y cuando termine esta etapa, lo natural es que vuelva a mi labor como magistrada. No sé cómo se va a desarrollar el futuro. Este es un trabajo apasionante, estoy encantada y creo que estoy haciendo una labor muy intensa e importante.

Las cifras hablan. El año pasado, 2018, murieron asesinadas menos mujeres que en los últimos quince años. ¿Hay un trabajo especial de la Delegación del Gobierno para conseguir registros menos malos?

Es verdad que el año pasado hubo un número menor de mujeres asesinadas, pero es difícil analizarlo año por año. El fenómeno de la violencia hay que analizarlo a largo plazo, llevamos casi mil mujeres asesinadas desde 2003 y hay que seguir trabajando en materia de prevención y educación. La Delegación está haciendo su labor, la que nos han encomendado la ley integral que es, sobre todo, en el ámbito de la coordinación institucional, la prevención y el conocimiento del fenómeno, y ampliando –desde el Decreto del 6 de julio de 2018– sus competencias a cualquier ámbito de la violencia sobre la mujer. Pero hay que tener en cuenta que es una labor de toda la sociedad.

Enero, sin embargo, ha sido un mes negro, con crímenes realmente atroces (el de Rebeca, en Cantabria, o Romina, en Lanzarote). ¿Estos casos invitan a una reflexión personal por parte de Pilar Llop?

Si lo analizamos, vemos que, en efecto, en este año 2019 están aumentando los crímenes. Y sí, los crímenes que se cometen contra las mujeres son realmente horribles. Basta con leer los informes que se hacen sobre asesinatos y homicidios en el ámbito de la pareja o expareja para ver cuáles son los mecanismos de asesinato (sofocación, ahorcamientos, estrangulamientos...).

Uno de los casos de este mes, el del hombre (José Javier Salvador) que mató en Zaragoza a la abogada (Rebeca Santamalia) con la que mantenía una relación tras haber asesinado a su primera mujer, hace pensar en si las mujeres no deberían representar a hombres con conductas tan agresivas y machistas...

Eso ya está superado. Sería un planteamiento para volver al siglo XIX. Las mujeres tenemos la oportunidad a partir de la Constitución de acceder a la carrera judicial, y dedicarnos a cualquier profesión, elegida de manera libre.

¿Pero esas mujeres (abogadas, etcétera) están suficientemente protegidas?

Hay que tener en cuenta un mensaje importante: la violencia de género afecta a cualquier tipo de mujer, no tiene que ver con un perfil de una mujer que no tenga estudios o sin dinero. Porque el funcionamiento de la violencia a lo que atenta es a las emociones, no a la inteligencia de la mujer. Tal y como se produce la violencia, su ciclo, tampoco llega de repente. Si el primer día te pone un cuchillo en el cuello, tú evidentemente no continúas esa relación. Es una violencia que se va produciendo de manera sutil, con tácticas, estrategias veladas, discretas, disimuladas... que consiguen que la mujer tenga una dependencia emocional del agresor hasta el punto de que no llegue a denunciar o, si pone denuncia, se retracte.

Es un tema reiterativo el de la formación de los jueces. Y salen casos a la palestra, que proyectan mala imagen (llaman «bicho» a la supuesta víctima, por ejemplo). ¿Deben tener una acreditación especial para sentenciar casos de violencia de género?

Los jueces españoles, así como los fiscales e integrantes de la Fuerzas de Seguridad, están haciendo una labor importantísima en el combate contra la violencia de género. Hay que recordar que en España se ponen una media de 140.000 denuncias al año. Pero también que a estos profesionales hay que darles las herramientas suficientes. Necesitan formación, tanto inicial como continua, tal y como nos indican los organismos internacionales, ya lo dijo el CEDAW [el Comité de Naciones Unidas para Discriminación contra la Mujer con el caso de Ángela González Carreño, quien inició un periplo judicial de 15 años para demostrar que su exmarido había matado a su hija Andrea, de 7 años] y el Consejo de Europa, en el ámbito del Convenio de Estambul, que España ratificó en 2014. Y así se plasmó en nuestro Pacto de Estado: la formación de los jueces tiene que ser realizada desde la perspectiva de género. La sociedad está estereotipada y los jueces sufren esos prejuicios, salvo que tengan la formación adecuada para identificar esos estereotipos.

«A los jueces se les va a formar para que sean auténticos especialistas en violencia de género, con una preparación como la del juez de Mercantil o de Menores, porque se ha detectado que era insuficiente»

Pónganos ejemplos

Que una mujer agredida sexualmente tenga que tener lesiones necesariamente, que una mujer tenga que estar destrozada cuando declara son estereotipos, porque sabemos que en muchas ocasiones ni producen lesiones y la víctima se disocia tanto del tremendo hecho traumático que ha sufrido que declara con una normalidad que no quiere decir que esté mintiendo, sino todo lo contrario. Precisamente ese es un indicador de que ha sufrido violencia de este tipo. Además, hace un mes y pico se ha aprobado la reforma del Poder Judicial para la especialización en materia de violencia sobre la mujer, que permite que los jueces que tienen una vocación especial por esta materia tengan la oportunidad de prepararse de modo similar a como se forman en la especialización de lo Mercantil o de Menores.

No será con el curso de 50 horas online que anunciaron en otoño...

Ese curso de 50 horas se introdujo porque era evidente que los delitos relacionados con la violencia de género tienen tantas especificidades que era importante no solo darles herramientas técnicas a los jueces, aunque esa resolución tiene que estar nutrida con perspectiva de género y no nos vale para luchar eficazmente desde el sistema judicial contra este tipo de violencias tan complicadas. Que es lo que pasó con el caso de Ángela González. Se hizo ese curso obligatorio para los jueces destinados a juzgados de mujeres como primera experiencia, pero se ha visto con el tiempo que es insuficiente por la propia complejidad del delito y se ha llegado a la conclusión de que es mucho mejor hacer una especialización.

¿Reivindica esa misma formación para algún colectivo de todos los que participan en el abordaje de la violencia de género que no se da?

La formación siempre va a ser insuficiente desde mi punto de vista, por eso, hay que intensificar la de todos los involucrados en el abordaje: del ámbito sanitario y la educación, importantísima porque es una de las vacunas contra la violencia en general. La educación en valores de respeto, de igualdad, que chicos y chicas sepan que con otro ser humano no se puede hacer lo que le da la gana. Medios de comunicación, con su responsabilidad igualmente importantísima, y los políticos también tendrían que tener formación de género.

¿La educación está siendo ineficaz?

No digo tanto, digo que hay que mejorar. Cuando se modificó la LOE y se retiró la asignatura de Educación para la Ciudadanía, dejaron de ser obligatorias materias como la formación en valores de respeto, y también contra la violencia de género.

Hay muchas voces críticas dentro de la judicatura contra el sistema, que falla a la víctima, ¿la comparte?

El sistema es un buen sistema, funciona desde hace 14 años, pero no es perfecto. Ningún país tiene un sistema perfecto. Nadie entiende que una víctima que haya acudido al sistema y haya verbalizado que es víctima después haya sido asesinada, pero es muy importante dotar a los profesionales de las herramientas suficientes para la detección. Y para saber cómo tienen que actuar. Hay que dotar al sistema de más instrumentos, como las unidades de forense integral, que no están en todas las autonomías. Madrid no la tiene, a pesar de que ya se preveían en la ley, en su disposición adicional segunda.

¿En qué momento estamos del Pacto de Estado?

Tiene una vigencia de cinco años, ya hemos pasado el primer año, desde el 27 de septiembre de 2017, aunque se pone en marcha verdaderamente el 31 de julio de 2018. Desde este día ya han sido repartidos 120 millones de euros. Otro elemento fundamental que puso en marcha el Pacto de Estado fue el Decreto del 3 de agosto de 2018, que recoge de forma urgente medidas como que los menores hijos de víctimas y víctimas directas de la violencia no necesiten la autorización del progenitor agresor para recibir asistencia psicológica. Se devuelven competencias a los ayuntamientos que habían sido retiradas en la reforma de la ley de bases de régimen local porque se consideraron inadecuadas, cuando son fundamentales, porque las víctimas que viven en poblaciones pequeñas al primer lugar que acuden a pedir ayuda son sus ayuntamientos.

España tiene un gran medio rural, ¿están llegando los recursos a todas las mujeres?

Los recursos están llegando a los ayuntamientos, que están elaborando esos proyectos de asistencia y atención a las mujeres. Aparte, tenemos servicios para todo el territorio, como el 016 y Atempro, de atención a mujeres víctimas.