Organizaciones católicas recurren al Constitucional la investigación sobre abusos del Defensor del Pueblo

Según han explicado las organizaciones a este diario, el acuerdo tomado el 10 de marzo por el Congreso —que contó con el respaldo de la mayor parte de grupos políticos, a excepción del voto en contra de Vox y la abstención de dos diputados de UPN— «vulnera el derecho constitucional a no ser discriminado» y el artículo 9.3 «que impide a los poderes públicos tomar decisiones arbitrarias, es decir sin razón explícita y suficiente».

Las entidades que han presentado el recurso de amparo explican que en España « hay abusos sexuales en todo tipo de ámbitos, pero el Congreso pide que el Defensor del Pueblo se dedique a los espacios católicos , y no a otros muchos espacios con esta problemática, entre ellos los deportivos, educativos, criminales, de entidades civiles, públicas o de otras confesiones». Un argumento que coincide en parte con el utilizado por algunos obispos , que critican que la investigación del Defensor del Pueblo se centre sólo en la Iglesia católica.

Las organizaciones también recuperan otra premisa que el episcopado ha manejado en los últimos meses al sostener que «el Defensor del Pueblo existe para investigar a las administraciones, pero la Iglesia católica no es parte de la administración , por lo que queda fuera de los fines que recoge la ley que regula esta institución».

Como argumentación legal, e-Cristians y One of Us se fundamentan en un dictamen elaborado por su propio grupo jurídico, dirigido por el abogado del estado en excedencia Manuel Silva . También hacen referencia a un artículo publicado recientemente en la revista 'Ius Canonicum' por la profesora María José Roca , catedrática de Derecho Constitucional.

Roca es miembro de la comisión asesora técnica de la Comisión Episcopal de Asuntos Jurídicos de la Conferencia Episcopal que hace unos meses elaboró un detallado informe sobre la legalidad de las comisiones de investigación. Un estudio, que fue analizado por los obispos a finales de abril en la Asamblea Plenaria, que ya sugería que se interpusiera «ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra actos parlamentarios».

Sin embargo, la Plenaria optó por no llevar adelante esta recomendación. Por contra, en la rueda de prensa posterior, su portavoz y secretario, Luis Argüello reiteraba la intención de los obispos de colaborar con la investigación del Defensor del Pueblo , aunque aclaraba que la Iglesia, de forma institucional, no iba a forma parte del grupo de trabajo. Según Argüello, la decisión sobre la cuestión fue unánime, aunque este diario ha podido saber que no faltaron voces discrepantes. Ahora, el recurso que la Conferencia Episcopal Española no quiso presentar, llega al Constitucional de la mano de las dos organizaciones católicas.

Ambas, en su escrito también plantean una reflexión: «si el Congreso hubiera acordado que el Defensor del Pueblo investigara los robos con violencia sólo en ámbitos gitanos, o de inmigración eslava, o latina, o de cualquier grupo social , ¿no señalaría todo el mundo, con razón, que sería una discriminación al relacionar un grave delito con un único colectivo? Pero es lo que se hace con la Iglesia convertida en chivo expiatorio, mientras se mantiene fuera de foco el 99,5% de los casos». Una idea que también sostenía hace una semana Alfredo Dagnino, coordinador del equipo auditor de Cremades & Calvo-Sotelo en las VI Conversaciones PPC sobre «Abusos de poder, conciencia y sexual en la Iglesia de hoy».