Ocho de cada diez inspectores educativos catalanes están nombrados a dedo por la Generalitat

La razón: su propia estructura profesional. En Cataluña, ocho de cada diez inspectores (el 80 por ciento) no ha accedido al puesto por un concurso de oposición sino que son funcionarios docentes seleccionados por la Generalitat en comisión de servicios. Son los denominados «inspectores accidentales», profesionales en régimen de interinidad renovados anualmente por la administración autonómica. Los aspirantes a inspector que no han optado a la plaza por concurso de oposiciones se someten a la evaluación de un tribunal, integrado por inspectores, que les someten, primero a un test, y después, si se supera esta primera fase, a una entrevista personal. Un año después, son evaluados de nuevo para confirmar o no su continuidad en el cargo.

Sindicatos docentes, asociaciones de inspectores y algunos partidos políticos como el PP catalán han denunciado reiteradamente esta situación. Acusan a la Generalitat de no convocar concurso de oposiciones durante casi dos décadas para «tener más control sobre este cuerpo profesional» del que depende el cumplimiento de la legalidad en el ámbito educativo.

Atribuyen a esta «limitación del cuerpo de inspección a la hora de actuar» el «reiterado incumplimiento de las sentencias lingüísticas que obligan a que el castellano sea lengua vehicular de enseñanza en las aulas» y «los crecientes ejemplos de adoctrinamiento en escuelas e institutos». «Inspectores accidentales controlados por el poder político que deben controlar», denuncia en declaraciones a ABC la diputada del PP catalán en el Parlament, María José García Cuevas.

El grupo parlamentario popular presentó en 2015 una moción en la Cámara catalana en la que instaba al Govern de la Generalitat a «garantizar y fomentar la independencia» de estos profesionales de la enseñanza para que puedan «realizar su función con objetividad e imparcialidad».

En el texto, consultado por este diario, los populares catalanes exigían también a la administración autonómica que «garantice la provisión de plazas de la Inspección de Educación mediante la convocatoria de las correspondientes oposiciones al Cuerpo» y que el acceso a la profesión a través de comisiones de servicios sea, tal como prevé la ley «una vía para situaciones excepcionales».

Por último, los populares instaban al Ejecutivo catalán a que convocara oposiciones antes de finalizar 2015 a modo y efecto de que el porcentaje de inspectores accidentales no superara el 15 por ciento. La diputada García Cuevas, que también interpeló a la entonces consejera de Educación, Irene Rigau, por esta cuestión, subraya la «gravedad de la situación».

«Que casi ocho de cada diez inspectores hayan accedido a su plaza por comisión de servicios es lo mismo que decir que han sido asignados con el visto bueno de la administración», apunta. «De la misma manera que un profesor interino depende de la consejería para mantener su puesto de trabajo como docente, un inspector en comisión de servicios también depende de la consejería para mantener su puesto», añade la diputada, a la vez que defiende «la profesionalidad de los funcionarios y su derecho a trabajar en las condiciones adecuadas y legales, con indepencia absoluta del poder político». «Esa independencia -aclara García Cuevas- solo se garantiza si los profesionales acceden al puesto por concurso de oposición», matiza García Cuevas.

Ante todas estas acusaciones, la Generalitat se ha limitado a responder en el Parlament que no ha convocado plazas porque la baja tasa de reposición impuesta por el Estado no se lo permitía. Aludiendo a los años en los que la capacidad de convocar oposiciones fue más limitada (2012-2014), Rigau respondió al PPC en el Parlament: «Nosotros la gastamos (la tasa de reposición) en Mososs y bomberos». Las principales asociaciones de inspectores y el PP rebaten con datos la justificación del Govern.

«En ese período, otras comunidades autónomas sí convocaron plazas por que solo hubo dos años, del 2012 al 2014, en los que la tasa de reposición marcada por el Estado fue más baja, del 10%. El resto de años fue de entre el 100% y el 15%», asegura en declaraciones a ABC Jesús Marrodán , presidente del sindicato Usie (Unión Sindical de Inspectores de Educación). Según datos del Ministerio, facilitados por el citado sindicato, entre los años 2003 y 2008 la tasa de reposición fue del 100%; en 2009, del 30%; en 2010, del 15%; entre 2011-2014, del 10% y a partir del 2015, del 50%.

«Han tenido muchos años para convocar oposiciones y no lo han hecho», denuncia el sindicalista. Subraya, asimismo, la situación «excepcional» de Cataluña con respecto a otras comunidades autónomas y alude, por ejemplo, al caso de Galicia, donde la cifra de inspectores interinos es, según apunta, del 0%, Madrid (25%), La Rioja (20%) , Aragón (15%) o Asturias (10%).

«No hay ni una sola comunidad que se aproxime al 80 por ciento de inspectores interinos que hay en Cataluña», denuncia Barragán. En ello coincide Carlos Utrera, responsable de la asociación Adide, una de las más representativas de este colectivo a nivel estatal, quien en su intervención en el Congreso el pasado junio en el marco de las sesiones por el pacto de Estado de Educación aseguró que «en Cataluña no se han convocado desde hace años oposiciones porque quieren desarrollar un cuerpo propio de inspectores». «Este es el objetivo del Govern desde que aprobó la LEC», suscribe el PPC.

Asociaciones de inspectores como Projecte Inspectio, nacida en 2006 con el objetivo de denunciar esta preciaridad y la profesionalidad del cuerpo, lleva más de una década luchando para conseguir que los inspectores educativos de Cataluña tengan más «autonomía», lo que, a su vez, implica más capacidad de maniobra, según apunta en su página web. La denuncia llegó a los tribunales, elavada por el sindicato de profesores de secundaria Aspepc-Sps. La justicia avaló, en 2016, su reivindicación.

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 11 de Barcelona dictó el 25 de julio de 2016 una sentencia (234/2016) en la que anulaba la última convocatoria de concurso de méritos para obtener comisión de servicios al cuerpo de inspectores de la Generalitat. Aspepc denunció que en un período de 20 años la Generalitat no convocó concursos para acceder al cuerpo de inspectores y «tiró de comisiones de servicios normalizando un procedimiento pensado como excepcional», que sitúa a la mayoría de inspectores en un régimen de interinidad. En su denuncia, el sindicato docente expone que «desde la aprobación de la Ley Educativa Catalana (LEC) en 2009 «el departamento ha ido publicando decretos que tendían cada vez más a la arbitrariedad y opacidad en la provisión de lugares de trabajo públicos, con la consecuente indefensión ante eventuales abusos de poder que estos procedimientos pueden favorecer». El tribunal acusó incluso a la Generalitat en la sentencia de «fraude deliberado, constante y palmario, para esquivar la ley».