Los obispos recuerdan que la maternidad subrogada convierte al hijo en «un objeto de consumo»

Con el gesto serio, el portavoz del Episcopado aseguró que esta lacra que «está alcanzando cuotas tan preocupantes» en nuestra sociedad es «un problema de todos». «Detrás hay mucho dolor contenido. Cinco mujeres muertas, seis hijos húerfanos y un bebé muerto», recordó Gil Tamayo, quien aprovechó para expresar su cercanía y solidaridad «a las víctimas y sus familiares».

Al hilo de la actualidad, el secretario general también se refirió a la maternidad subrogada. Una práctica que algunos partidos políticos, entre ellos Ciudadanos, pretenden que sea legal en España. El portavoz explicó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya consideró los vientres de alquiler como «una explotación de la mujer y del niño, que se convierte en un objeto de consumo». «Un hijo no es un derecho, ni un deseo, es un don. Un niño fruto de un vientre de alquiler siempre será producto de una transacción al servicio de un derecho falso a tener un hijo », resaltó.

Sin entrar a valorar la situación concreta de las parejas que «sufren por la falta de un hijo» y optan por esta práctica, el secretario general insistió en que «las personas no tienen precio, tienen dignidad» y que la subrogación «es una mercantilización» de la maternidad. También pidió no usar eufemismos y llamar a las cosas por su nombre. «Son vientres de alquiler, no maternidad subrogada. Es aborto, no interrupción voluntaria del embarazo», señaló.

Ante el dolor de los matrimonios que no pueden tener hijos, el portavoz les animó «a vivir el deseo natural de la fecundidad , orientándolo a la adopción y la acogida de niños vulnerables», al tiempo que pidió a los Estados y a las administraciones que «sean más flexibles para facilitar este cauce».

Los obispos aprovecharon la reunión de la Comisión Permanente estos días en la casa de la Iglesia para volver a reinvindicar la inclusión de la asignatura de Religión en el futuro Pacto de Estado por la Educación que prepara el Congreso.

Con ese objetivo los prelados han decidido crear «una mesa de la unidad» en la que están representados todos los sectores de la enseñanza católica para «aunar criterios y analizar cuáles son los elementos básicos que debe defender la Iglesia ante este posible pacto», precisó Gil Tamayo.

Con 2.449 centros católicos concertados, 124.ooo trabajadores, 1,4 millones de alumnos, 15 universidades y 90.000 estudiantes universitarios, el portavoz de la Conferencia Episcopal recordó que la Iglesia « es la primera institución educativa de la historia del país» y que por su «rica experiencia» en materia de enseñanza quiere «arrimar el hombro al Pacto educativo».

Desde la entrada en vigor de la Lomce, la asignatura ha perdido horas de clase en ESO y Bachillerato debido al desarrollo normativo que las comunidades autónomas han hecho de la ley. «Es llamativo la disparidad y la anarquía que se produce en los horarios de la asignatura», apuntó Gil Tamayo, quien pidió un acuerdo para que la materia «deje de estar al vaivén de las alternancias políticas» y que pueda «vivir con normalidad en el ámbito escolar».