Más de cien sanitarios en aislamiento por coronavirus tras usar las mascarillas defectuosas del Gobierno

El auto llega en un momento en el que los ánimos de los sanitarios están especialmente caldeados . La semana pasada trascendió que Sanidad retiró cientos de miles de mascarillas defectuosas (350.000 admitió el Ministerio, aunque CSIF elevó la cuantía a medio millón) que se estaban utilizando en los hospitales españoles . A cuentagotas, se van sabiendo territorios, como Galicia, Andalucía y Murcia, que sufren ya efectos reales de este error. Las consecuencias: más de mil sanitarios -28 en Orense, 9 en Cádiz y 65 en Cartagena- están en cuarentena por coronavirus después de haber usado las mascarillas facilitadas por el Ministerio que dirige Salvador Illa .

«Las mascarillas han sido la gota que ha colmado el vaso y se trata de un problema grande, porque se han repartido por toda España», sentencia María José Campillo, tesorera del Sindicato de Médicos de Murcia, que forma parte de la Conferencia Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Precisamente allí están evaluando tomar medidas legales. «No puede ser que se cometa error tras error y no pase nada », critica la portavoz, que cifra en mil los sanitarios que usaron las mascarillas FPP2 defectuosas que dio el Gobierno a la Región y que han provocado el aislamiento de 65 profesionales de un hospital de Cartagena. El Gobierno de Murcia eleva hasta lo mil los sanitarios que usaron estas mascarillas a los que está practicando un seguimiento.

En este clima, el Supremo entra de lleno en esta causa, cuando hay más de 30.000 sanitarios contagiados por el coronavirus Covid-19 . Y lo hace imponiendo una medida cautelar propia. La resolución, de la que es ponente el magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva, viene precedida por un recurso de la CESM, que pedía obligar a Sanidad a proveer con carácter urgente a todos los centros de una serie de materiales de protección frente al Covid 19 . Denunciaban la «inactividad» de la Administración, comprometida a suministrar equipos por el Real Decreto del estado de alarma. Los jueces descartan adoptar la medida que reclamaba la CESM porque entienden que supondría dar la razón al sindicato en el fondo de la cuestión y no es el momento.

Sin embargo, mueve ficha porque considera que «la preservación de los derechos a la integridad física y a la salud de los profesionales sanitarios» constituye «un interés público común que en medio de la pandemia adquiere un carácter esencial». «Es notorio que los profesionales sanitarios no han contado con todos los elementos de protección necesarios», añade el auto, en contra de la la Fiscalía, que veía la reclamación improcedente. La Abogacía del Estado, también en contra, alegó que «es un hecho público y notorio que se han producido resultados satisfactorios en la obtención de material».

El lote de mascarillas defectuoso de la marca Garry Galaxy , cuyo número no sabe especificar el Ministerio, se repartió por toda España. Andalucía, por ejemplo, recibió 68.400; y Galicia, otra de las regiones afectadas, 82.291. La Xunta, que inmovilizó el contingente, considera que unas 45.000 mascarillas pudieron ser utilizadas por sus sanitarios. Según explicaron a ABC fuentes del Servicio Gallego de Salud (Sergas), «el Ministerio no utilizó el sistema de alerta sanitaria para comunicar las deficiencias detectadas», sino que se limitó a enviar un correo electrónico. Además, «tampoco informó de los lotes afectados, lo que dificultó identificar la trazabilidad de las unidades» usadas.

En paralelo, la sanidad gallega está realizando test diagnósticos de doble banda a todos los trabajadores que han podido emplear estas mascarillas, usadas principalmente en UCI y plantas de Covid-19 . Ya se habrían realizado unas 2.000 pruebas, cifran desde el Sergas, con un índice de positivos del 2 por ciento, «aunque en algunas áreas ha habido cien por cien de negativos».

Los representantes de los trabajadores coinciden en la dificultad en establecer una relación causa-efecto entre los positivos detectados en esta tanda de diagnóstico con este material defectuoso, y ello condicionaría las medidas legales a tomar. En declaraciones a ABC, CESM-Galicia y CIG-Saúde reconocieron que estudian si hay margen para reclamar y exigir responsabilidades , mientras O'Mega ha puesto sus abogados al servicio de sus afiliados. «Esto no puede quedar así», sentencia un responsable de CIG-Saúde en Orense, en cuya área sanitaria se han realizado test a 1.300 sanitarios y se han detectado 28 positivos, la mayoría pertenecientes al colectivo de enfermeros, en cuarentena en sus domicilios.

En Andalucía, el sindicato de enfermería (Satse), aconseja a los profesionales que hayan usado las mascarillas que dejen constancia de ello de manera oficial. Eso hizo un enfermero de Cádiz, que cifra en 9 los sanitarios aislados tras usar FPP2 defectuosas. El sanitario, que prefiere guardar el anonimato, usó durante cinco días estas mascarillas «fake» y después cayó enfermo. «Nunca antes había visto esa marca», confirma a ABC y no se explica cómo pudo pasar una cosa así: «Es como ir a la guerra con un fusil malo. No tenemos forma de defendernos y eso que estamos en primera línea».