La ley de ciencia obligará a tener 'comisarios' de género en los equipos de investigación

De hecho, no solo será obligatorio contar con « personal experto en igualdad de género » (tal como lo califica la ley) en los equipos de investigación, también se fomentará su presencia en los órganos de evaluación. La perspectiva de género, como otras normas del Gobierno, inunda todo el texto, hasta el punto de que se apoyarán « proyectos empresariales basados en el conocimiento con equipos promotores o directivos compuestos mayoritariamente por mujeres ».

Otra de las novedades de la norma es que aunque fue creada para combatir la precariedad laboral deja a varios colectivos completamente marginados, además se inventa un nuevo tipo contrato, el de actividades científico-técnicas, que aunque se aplica a proyectos de investigación temporales serán indefinidos para adaptarse a la inviable reforma laboral de Yolanda Díaz .

La nueva norma, que en realidad es una modificación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011 no tiene el dictamen favorable del Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, porque ni siquiera se ha pedido, tal como se reconoce en la propia memoria de impacto normativo, a la que también ha accedido este periódico (aunque cabe recalcar que no es preceptivo). Estas son las principales novedades.

La norma señala ya en el preámbulo que «se fomentará la integración de personal experto en género en los órganos de evaluación o el asesoramiento por especialistas, y se facilitará orientación en igualdad, sesgos de género e integración de la dimensión de género en los contenidos de los proyectos de I+D+i para el personal evaluador». Por si esto fuera poco, el artículo dedicado a las «medidas para la igualdad efectiva» señala que se deberán incorporar ‘comisarios de género’ en los equipos de investigación. El texto alude, concretamente, a la necesidad de « incorporación de personal experto en igualdad de género o de asesoramiento externo a los equipos de investigación así como orientaciones en materia de igualdad del equipo investigador».

En el mismo artículo se señala la necesidad de identificar «sesgos inconscientes, incluidos los sesgos de género» y el artículo anterior, sobre «transversalidad de género» señala que se van a fomentar «los estudios de género». Al final, «entre un proyecto de fusión nuclear y otro de fusión nuclear con perspectiva de género elegirán el segundo, es un insulto para la investigación», critican fuentes académicas. Pero además, ser mujer será un beneficio para la financiación. ¿Por qué? Porque se fomentará «el emprendimiento innovador de las mujeres, a través de la financiación de proyectos empresariales con equipos promotores o directivos compuestos mayoritariamente por mujeres ».

La norma crea un nuevo artículo dedicado al contrato « de actividades científicos-técnicas ». Este contrato, cuyo objeto es la realización de actividades vinculadas a líneas de investigación o de servicios científico-técnicos tendrán carácter indefinido. El objetivo así es responder a la reforma laboral de Yolanda Díaz, aprobada en medio de una gran polémica, de manera que los contratos de obra temporales sustituyan a los de actividades científicos-técnicas. «Se han inventado una nueva categoría de contratos científicos indefinidos porque ya no es posible tener contratos de obra temporales asociados a proyectos de investigación; esto elimina la flexibilidad laboral que existía en este campo en el ámbito universitario », critican fuentes académicas. Estos contratos, además, permitirán contratar doctores recién egresados de sus tesis, sin nignún tipo de control por parte de los gobiernos autonómicos o por el Ministerio de Hacienda ya que quedan al margen de la Oferta de Empleo Público y de la masa salarial del personal laboral, ambos instrumentos de control de contratación de personal.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , prometió ayer que la ley de Ciencia salvará a los científicos de la precariedad «para que se pueda investigar con estabilidad, para que tengan contratos dignos y para que investigar no represente una carrera de obstáculos», dijo. Pero, en realidad, la ley no beneficia a todos los investigadores. Entre otras mejoras, se crea un contrato indefinido para grupos de investigación y diseña una vía estable para que los doctores consoliden una plaza. Sin embargo, la ley se olvida del personal técnico y de gestión y a los investigadores hospitalarios, los que más han sufrido durante los dos años de pandemia. Todos se quedan en un limbo y en situación de precariedad. Lo que sí se rectificó es la incorporación del derecho a la indemnización de unos 15.000 investigadores . La versión anterior de la norma reconocía para los contratos pre y postdoctorales el derecho a 12 días de salario por año pero solo a los contratos celebrados a partir de la entrada en vigor de la norma. De esta forma, el Ejecutivo dejaba sin este derecho a los más de 15.000 jóvenes que ya tienen contratos firmados. El texto se cambió y ahora se incorporan también los contratos «que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta ley».

Otra medida es la relejación de los controles sobre los fondos públicos y los provenientes de la Unión Europea (UE). El texto dice que la justificación de las ayudas públicas y subvenciones concedidas por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación se harán por «muestreo» lo que significa que no serán objeto de evaluación todas las ayudas, sino algunas. Respecto a las ayudas y subvenciones financiadas con cargo a fondos de la UE, la norma dice que « tendrán carácter supletorio » es decir, que solo son de aplicación las normas de control europeas pero no las españolas, eliminándose el doble control. Este aspecto ha sido celebrado por los investigadores que entienden se elimina parte de la burocracia.