La ley Celaá es «una señal de falta de pluralismo», alerta el último informe mundial de Libertad Religiosa
El estudio manifiesta «preocupación por el interés del Gobierno de cambiar la aconfesionalidad del Estado por un estado laicista»
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Iniciar sesiónLa libertad religiosa comienza a mostrar algunas señales de alarma en España, según el último informe sobre Libertad Religiosa en el mundo presentado este martes por la asociación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN, por sus siglas en inglés).
Este estudio -que ... analiza cada dos años el grado de cumplimiento o respeto de este derecho fundamental en 196 países y para todas las religiones- denuncia que la reforma educativa emprendida por el actual Gobierno de coalición (PSOE-Unidas Podemos) «sin consenso civil, limitando el derecho de elección de los padres, quitando peso a la educación concertada y excluyendo a la asignatura de Religión del currículum académico son señales de falta de pluralismo y miedo a las libertades, impropias en una democracia asentada como la española».
Según asegura este informe «la ministra de Educación, Isabel Celaá, negó públicamente el derecho constitucional de los padres a elegir la enseñanza religiosa de sus hijos , a pesar de estar recogido en el artículo 27 de la Constitución».
No es el único aspecto que preocupa a esta institución de derecho pontificio. El informe manifiesta además «su preocupación por el interés del Gobierno de cambiar la aconfesionalidad del Estado que contempla la Constitución por un estado laicista». El director de ACN España, Javier Menéndez Ros, aseguró este martes durante la presentación del estudio «que el Gobierno pretende apartar la religión del espacio público». «Eso es lo que se ha visto con la nueva ley educativa que se ha aprobado sin contar con la comunidad educativa y quitando peso a la educación concertada que en su mayoría es católica», afirmó.
El informe señala además que en los últimos años también se ha producido «una campaña de acoso a la Iglesia católica» por el pago de IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) de sus propiedades y por el destino que da a los fondos que recibe a través de la asignación tributaria.
En el primer caso, el partido Unidas Podemos presentó en parlamentos autonómicos y numerosos ayuntamientos proposiciones para obligar a la Iglesia católica al pago del IBI , pese a estar exenta de este impuesto al igual que el resto de ONG, partidos políticos o asociaciones con fines sociales. «Su presión llegó a los ayuntamientos de Cádiz, Zaragoza o Valencia, entre otros, y hasta a el Parlamento Europeo sin éxito alguno», comenta ACN en su análisis. En cuanto a la asignación tributaria, el estudio recuerda que el Tribunal de Cuentas tuvo que rectificar su informe en el que acusaba a la Iglesia de «incumplir la ley» con el destino que daba a esos fondos.
Más restricciones al culto que al ocio
La pandemia deterioró además la libertad religiosa en el mundo y España no fue una excepción . Según este estudio, España aplicó «criterios más restrictivos al culto que a otras actividades», como el negocio o el ocio, denuncia el Informe sobre Libertad Religiosa en el mundo.
Entre algunos de los ejemplos, el informe cita el caso de la basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. La Generalitat de Cataluña solo permitió en dicho templo una asistencia máxima de diez personas a la Eucaristía celebrada en julio de 2020 por los fallecidos por Covid, cuando el aforo para el turismo un día antes en el mismo lugar era del 50%. El Arzobispado de Barcelona celebró el funeral con un 23% de aforo. Tras un anuncio de expediente contra la Iglesia de la Ciudad Condal, la Generalitat permitió días después un aforo de un tercio en las celebraciones eucarísticas.
En Ibiza, la autoridades sanitarias decidieron cerrar dos parroquias situadas dentro de una zona confinada y el Obispado de la ciudad calificó la medida de atentado contra la libertad religiosa e interpuso un recurso . En Salamanca y Valladolid también hubo una restricción de la asistencia al culto de un máximo de 25 personas durante los rebrotes de la Covid 19 , que la Iglesia consideró desproporcionada, hasta que se aprobó un tercio de la asistencia.
«La pandemia ha suscitado un importante debate en todo el mundo sobre las implicaciones de la extralimitación legislativa y los derechos fundamentales de la persona , entre ellos, el derecho a la libertad religiosa, y si los gobiernos agresivamente laicos pueden discernir adecuadamente la importancia de este derecho para los ciudadanos», apuntó Menéndez Ros.
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