La UE emplaza a Celaá a que certifique que su ley no vulnera la libertad de enseñanza ni el pluralismo educativo

También, entre otras decisiones, se le ha requerido a las administraciones públicas españolas que digan si han cumplido con el requerimiento que hizo la Comisión Europea a España sobre la necesidad de consenso social y político a la hora de abordar la reforma educativa .

También se ha pedido opinión sobre el asunt a la llamada Comisión LIBE, es decir, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que aborda cuestiones relacionadas con los derechos humanos.

Las cinco peticiones de amparo han sido formuladas por la plataforma de la concertada, Más Plurales , la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), la Asociación de Familias Numerosas de Madrid , la Asociación Católica de Propagandistas y la plataforma ' Educación Inclusiva Sí, Especial También ', formada por personas con discapacidad intelectual, sus familiares y docentes.

Pero, ¿qué pueden realmente conseguir los detractores de la Lomloe recurriendo a Europa? «Hay varias opciones. Una es que pueda surgir un informe de la Comisión de Peticiones o bien de la Comisión LIBE. Una segunda opción es que, tras la elaboración de este informe, o con independencia de este, la ya mencionada Comisión de Peticiones presente una breve propuesta de resolución en el pleno del Parlamento Europeo», explican fuentes de Bruselas.

En el mejor de los escenarios «este proceso podría derivar en una resolución del Parlamento europeo». Sin embargo, aclaran las mismas fuentes, « una resolución del Parlamento Europeo no implicaría una derogación de la Lomloe, ni de su contenido más problemático . No obstante, sí tendría una gran legitimación política y podría tener efecto en distintos sentidos. Por ejemplo, podría ser utilizada por la Comisión en negociaciones con España. Otro ejemplo sería la gran estocada a la 'ley Celáa' que podría justificar en un futuro su derogación. Un último efecto, sería su uso como una fuente que podría inspirar criterios interpretativos, o de diseño en futuras legislaciones».

Las fuentes consultadas señalan que no es incompatible con la respuesta que dio la la representante de la Comisión Europea.

Rajka Lozo , del Departamento de Educación y Cultura dijo que «la Comisión considera que no se vulnera la legislación de la Unión Europea porque son competencias exclusivas de los estados miembros; no hay ninguna norma legislativa de la UE que tenga que ser respetada en la discusión de la Lomloe». Además, agregó que el artículo 165 del tratado de funcionamiento de la UE estipula que esta tiene que contribuir y completar la acción de los estados miembros en el ámbito educativo, « pero respetar la responsabilidad de los países a la hora de organizar su sistema educativo y decidir los contenidos impartidos ». Recordó que el mencionado artículo excluye la armonización de las normas aplicables a la educación, por lo que la Comisión «no puede imponer una normativa a ningún estado miembro». En cualquier caso, solo se refirió a la petición de amparo de Concapa.

En cuanto a las denuncias sobre el castellano, realizadas por Concapa y otros peticionarios, Lozo señaló que «son los estamos miembros los responsables de reglamentar el uso de las lenguas en función de sus normas constitucionales y su ordenamiento jurídico. La Comisión tampoco puede dar instrucciones en la lengua en que se ha de garantizar la educación ni puede a obligar a que esta sea el castellano».

Por último, respecto a los niños con necesidades educativas especiales, dijo que «no hemos percibido ninguna violación de la legislación de la UE que nos permitiese emprender una acción legal, no podemos intervenir».

De los cinco peticionarios, por Más Plurales intervino su portavoz, Jesús Muñoz de Priego . «La Lomloe no es la ley de consenso que pedía la Comisión Europea en su informe “Educación y Formación. Monitor 2020”». Añadió que « se produce un ataque al equilibrio de la red dual existente en España , estableciendo a la concertada como subsidiaria de la pública, en vez de como redes complementarias, como ha sido reconocido insistentemente por el Tribunal Supremo español».

Añadió que «supone con ello un ataque a la libertad de enseñanza, reconocida en el artículo 27 de la Constitución española, una modificación encubierta del texto constitucional. Esta libertad de enseñanza que se merma, también está reconocida en el artículo 14.3 de la Carta Europea de Derechos Humanos , al referirse al “derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”, razón por la cual acudimos a las instancias europeas».

Priego aclaró que «no se trata de hablar de opciones educativas, del sistema educativo en sí, de su estructura, de cuestionar la competencia legislativa estatal. No pretendemos eso . Se trata de una vulneración de un derecho fundamental, también europeo. Y es en esto en lo que pedimos la intervención del Parlamento Europeo».

Carolina Fernández Bustillo intervino en representación de la plataforma 'Educación Inclusiva Sí, Especial También'. «La Lomloe hace que prime el principio de la inclusión por delante de los demás y nosotros como padres estamos a favor de la inclusión pero hay otros elementos como el bienestar físico, mental y el equilibrio emocional de nuestros hijos», que llevan a alugnos padres a elegir escuelas de educación especial.

Cristina Maestre , del Grupo Parlamentario Socialista, dijo que «ni en la tramitación de la ley ni en las cuestiones reguladas en la misma se ha conculcado ningún derecho fundamental, por lo que de partida este debate no se debería estar celebrando al menos en estos términos y menos cuestionar la elaboración de una ley democráticamente aprobada por seis partidos que aglutinan a diferentes sensibilidades».

Pero además, fue más allá y en un mensaje dirigido directamente a Montserrat dijo que la Lomloe se discute «por discrepancias políticas y esto supone un serio precedente a esta comisión al que hay que ponerle freno de inmediato. Y así se lo vamos a hacer llegar al presidente del Parlamento Europeo».

Por su parte, Maite Pagaza de Cs dijo que el artículo 14 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE recoge el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas y que la Lomloe «debilita conscientemente este gran principio».

Para Pagaza, la «coacción a la libertad es especialmente lesiva para los alumnos con necesidades específicas de atención educativa. El contenido de esta contempla una particular visión de la inclusión que identifica la inclusión con la escolarización ordinaria y los centros de educación especial como segregadores . Esto es un tremendo error, porque la inclusión se puede conseguir en algunos casos en escolarización ordinaria, pero también se puede conseguir la inclusión en la escolarización especializada».

En tercer lugar, «la ley debilita la protección del español como lengua vehicular de la enseñanza. De este modo, los derechos de lingüísticos de niños y niñas castellanoparlantes quedan limitados en algunas comunidades autónomas de forma inexplicable».

La eurodiputada popular Isabel Benjumea ha asegurado que la Lomloe «atenta contra los derechos y libertades de ciudadanos europeos», entre ellos derechos como la libertad de los padres de decidir cómo educar a sus hijos, la libertad de elegir los centros educativos y la libertad religiosa. Tras recordar que la 'ley Celaá' se aprobó en 2020 «sin el mínimo consenso, y en plena pandemia del coronavirus cuando todos estábamos encerrados en nuestras casas, y sin llegar a acuerdos entre las principales partes implicadas», Benjumea ha asegurado que «la Unión Europea no puede permanecer callada ante la vulneración de derechos».

Por ello, Benjumea ha pedido que la Comisión de Peticiones impulse una misión de investigación «sobre las deficiencias en la elaboración de esta ley».